Sueltitas 2

Falso testimonio Los abogado querellantes solicitaron el proceso por falso testimonio de los militares retirados Néstor Edgardo Calvi, Ernesto David Rabazzano y Gustavo Onel. Los tres militares fueron presentados como testigos por la defensa del coronel Guillermo Duret. Para la querella cada uno de ellos "mintió descaradamente y ocultaron la verdad". El general de brigada retirado Calvi fue citado como testigo de la defensa el pasado miércoles 17 de junio. Durante su declaración Calvi aseguró no conocer el apellido Labolita, solo por los medios de comunicación de los ùltimos años. El general retirado no recordó que en 1983 tuvo que responder un pedido de informes del juez federal Ferro quien le preguntaba por la privación ilegal de libertad de Labolita. "Yo firmaba pila de papeles sin mirar", "ni por las tapas me acuerdo de Labolita" y "Como ese firmaba montones de oficios que me mandaban por gente desaparecida", fueron algunas de las tantas frases con las que Calvi contestó la evidencia. Rabazzano cumplió funciones en el Grupo de Artillería 1 de Azul durante el periodo 1975 – 1976. Durante su declaración dijo que el imputado Duret cumplía funciones en la unidad de Inteligencia y que el general Mansilla era el jefe del regimiento. Rabazzano, no recordó que la comisaría de Las Flores haya sido ocupada por los militares ni las ordenes emanadas por sus superiores con respecto a los procedimientos en la lucha contra la subversión. Nunca supo –por ejemplo- de la existencia del reglamento 404/75 en el cual se detallaba cómo debería realizarse la detención de elementos subversivos. Tampoco supo que se hayan producido detenciones o interrogatorios en el regimiento de Azul. Por último en su declaración, el coronel retirado Gustavo Onel (63), explicó que en lo que se refiere a la "guerra contra la subversión" todo lo que supo fue posterior al 24 de marzo de 1976 y que en lo que a él respecta sólo le tocó participar en controles de ruta en conjunto con la policía. "Sólo me dediqué a la instrucción de la clase ´76 "para la guerra". Su memoria selectiva no pudo precisar de qué guerra estaba hablando. "En 1977 fue defensor de un ‘delincuente terrorista montonero’ y ahora no sabe nada de la lucha antisubversiva". A raíz de los "olvidos", las mentiras y la omisión de la verdad de los tres militares las querellas solicitaron el procesamiento por falso testimonio de Rabazzano, Onel y Calvi. La culpa es de Marx El coronel Alejandro Guillermo Duret, quien está siendo juzgado por el tribunal oral federal de Mar del Plata por el secuestro, las torturas y el homicidio de Carlos Alberto Labolita, intentó argumentar que su actuación en la "lucha contra la subversión" y su posterior enjuiciamiento es consecuencia de una serie encadenada de hechos históricos. Por lo tanto, según su razonamiento si esos procesos políticos, sociales y culturales no se hubiesen producido, no hubiese tenido que "combatir la subversión" y tampoco hubiese sido juzgado. Así las cosas, Duret –a modo de letanía- aseguró que su juzgamiento no se hubiese realizado si en 1948 Marx no hubiese escrito El Capital; si en 1917 no hubiese triunfado la revolución rusa, si Castro no hubiese tomado el poder en Cuba en 1959; si John William Cook no hubiese creído que Perón era marxista y no hubiese creado el peronismo revolucionario; si en 1959, los Uturruncos no hubiesen aparecido en Tucumán, si Jorge Masetti no hubiese desembarcado con el Ejército Guerrillero del Pueblo en Orán; si el Che Guevara no hubiese llegado a Bolivia; si en 1967 no se hubiese fundado el PRT y en 1970 el ERP; si no se hubiese fundado Montoneros ni hubiesen secuestrado y fusilado a Aramburu; si Marcos Osatinsky y Roberto Quieto no hubiesen formado las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR); si en 1968 no se hubiese conformado la Junta Coordinadora Revolucionaria integrada por el MIR chileno, Tupamaros (uruguayos) y el ERP; si no se hubiese producido la fuga del penal de Rawson en 1972; si no se hubiese amnistiado a los presos políticos en 1973; si los terroristas no hubiesen matado a amas de casa, periodistas médicos; si no hubiesen tomado localidades, unidades militares y robado bancos. Bajo la línea de pensamiento de Alejandro Duret, si Adán y Eva no hubiesen sido expulsados del paraíso terrenal todo hubiese sido distinto a lo que es. Pero el coronel olvida que, la madre de Labolita, durante un careo en 1985, lo señaló como la persona que se llevó a su hijo y a su nuera el 1º de mayo de 1976. Que varios testigos lo nombran a él y al general Mansilla como los responsables de la represión en la zona militar 125. Que otra declaración lo sindica como la persona que recibió a Labolita en el regimiento de Azul, el 27 de abril del 76. Que varios policías lo señalan como uno de los oficiales que tomó la comisaría de Las Flores el 24 de marzo de 1976 y, por último, hace dos semanas en una de las audiencias un ex detenido desaparecido dijo estar "casi seguro" que el coronel fue quien lo secuestró e interrogó bajo tortura. El día que el tribunal dicte el fallo los acusados, los familiares de Labolita y la sociedad en su conjunto sabrá si Duret y Mansilla son condenados por los crímenes de lesa humanidad que les imputan o si todo lo ocurrido es un capricho de la historia. Nuestro Noche y Niebla El antropólogo Alejandro Inchaurregui (52) es uno de los fundadores del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y desde 1986 hasta el 2000 se desempeñó como experto en la identificación de restos de NN de desaparecidos durante la última dictadura cívico militar. El martes pasado declaró en la octava audiencia que se le sigue al coronel retirado Pedro Pablo Mansilla y al coronel Alejandro Guillermo Duret por el secuestro, las torturas y el homicidio del militante peronista Carlos Alberto Labolita detenido ilegalmente el 25 de abril de 1976, en Las Flores. Inchaurregui aseguró la desaparición forzada de personas fue el signo característico de la última dictadura cívico militar instaurada con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Además agregó que se trató de una técnica "muy sofisticada superadora del crimen político tradicional que no dispone del cuerpo de la víctima". En rigor –aseguró el antropólogo-, la desaparición forzada de personas tuvo sus beneficios para el gobierno de facto. El secuestro, la interrogación bajo tortura en lugar clandestino y la desaparición del cuerpo generó parálisis y terror en los familiares de la víctima y en el resto de la sociedad. "Si el Estado niega la detención y desconoce el crimen no hay elementos legales para hacer el reclamo", explicó Inchaurregui. La desaparición forzada de personas no tuvo otro antecedente en las dictaduras del cono sur. Su antecedente más próximo se encuentra en los llamados Decretos de Noche y Niebla durante el nazismo. Luego de la ocupación de Francia por parte de Alemania, el partido Comunista francés inicia la resistencia por medio de una serie de sabotajes. La detención del arresto de una integrante de la resistencia generó el reclamo de la comunidad internacional. A partir de ese momento Hitler solicitó a sus jefes militares que hallaran mecanismo por el cual pudieran sembrar el terror en los opositores y que ese terror perdurara en el tiempo. Así surgieron los decretos de Noche y Niebla que disponían la detención de las personas, su juzgamiento secreto, su asesinato y la desaparición del cuerpo sin notificar a los familiares ni allegados de la víctima. En la Argentina el Estado negó la autoría de los secuestros y tener bajo custodia a los detenidos. Incluso, explicó Inchaurregui, los cadáveres que eran arrojados al mar desde un avión o aquellas víctimas que aparecían en enfrentamientos fraguados nunca fueron identificados. "En el país de Juan Vucetich rara vez se tomaba las huellas dactilares de los cadáveres encontrados", graficó el testigo. La desaparición forzada de personas implica desde el punto de vista antropológico la "elaboración patológica del duelo". Inchaurregui explicó ante el tribunal conformado por los jueces Carlos Rozansky, Nelson Jarazo y Alejandro Esmoris, que "parte del proceso normal de un duelo por la pérdida de una persona incluye asistir al moribundo o ser testigo de la muerte. Desde el punto de vista del desaparecido, el duelo es patológico porque nadie puede dar por muerto a quien no vio morir". La presencia del cadáver contribuye al duelo. Pero en el caso de la desaparición forzada de personas se produce la "amputación del rito funerario" porque no hay cadáver. Inchaurregui mencionó que cuando se les informa a los familiares que se ha identificado el cuerpo de ser querido, viven la muerte como si hubiese ocurrido ese día. "Para una familia tener una persona desaparecida es una espera. Es la gran duda de saber si morirán sin saber que pasó con su ser querido. Hay una espera perpetua porque no se puede dar por muerta a la persona desaparecida", completó el testigo. Sistema represivo En otro pasaje de su extensa declaración, Inchaurregui explicó que, desde 1972 las fuerzas armadas tenían un plan que consistía en la zonificación del país. A partir del 24 de marzo de 1976, la Argentina fue dividida en cinco grandes zonas que dependían de los cinco Cuerpos del Ejército y a su vez esas zonas fueron divididas en subzonas y áreas. Dentro de ese sistema –declaró Inchaurregui-, las fuerzas armadas ejercieron el control e incluyeron a la policía y al servicio penitenciario dentro de aparato represivo. En algunos casos, la policía tenía total autonomía como en La Plata donde el jefe de la policía de provincia era un miembro del Ejército, Ramón Juan Camps. Inchaurregui aseguró que era una regla y no una excepción que la policía detuviera presos políticos por orden del poder militar. Además aseguró que el área de Inteligencia fue vital dentro del aparato represivo. Las fuerzas armadas crearon una "comunidad informativa" en las que se intercambiaban información. Por ejemplo, explicó el antropólogo forense-, la DIPBA (Dirección de Inteligencia de la policía bonaerense) tenía un archivo de más de dos millones de fojas dividido por factores. Esos factores podían ser religiosos, municipales, laboral, universitario y delincuentes subversivos

Sueltitos

La sonrisa del enojo

Pedro Pablo Mansilla y Alejandro "el porra" Duret cumplieron funciones en el Grupo de Artillería 1 de Azul donde funcionaba el centro clandestino detención donde se vio por última vez a Carlos Labolita secuestrado el 25 de abril de 1976.

Duret se desempeñaba como oficial de inteligencia y estaba bajo las órdenes de Mansilla, quien conducía la zona militar 125 que incluía Tandil, Azul y Olavarría.

Durante la primera audiencia, los camaradas de armas, actuaron como si no se conocieran. Sentados uno al lado del otro, en ningún momento cruzaron miradas, ni comentaron por lo bajo. Como dos perfectos desconocidos atravesaron las diez horas de audiencia.

El grito de asesinos se escuchó en varias oportunidades cuando, los acusados ingresaron a la sala y la sonrisa de Duret despertó el enojo del público. Alguien le preguntó: De qué te reís. El presidente del tribunal tuvo que ordenar que se bajar una bandera que rezaba "cárcel común, perpetua y efectiva".

Mansilla siguió atento la lectura de los argumentos de la elevación a juicio por parte de la querella y le ordenó a su abogado que corrigiera un error en sus datos filiatorios. Para el tribunal, el general retirado era argentino nacionalizado nacido en Francia. Pero su defensor aseguró que nació en territorio argentino.

Por su parte Duret, tomó algunas notas y sonrió con cinismo cuando la declaración de un sobreviviente del centro clandestino de detención lo nombra durante una sesión de tortura. Después del primer cuarto intermedio, el imputado por delitos de lesa humanidad, se dedicó a la lectura de un libro: Desmond Tutu, la biografía del primer sudafricano negro que fue elegido y ordenado como Arzobispo Anglicano de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), y luego Primado de la entonces Iglesia de la Provincia de África Meridional (actualmente Iglesia Anglicana de África Meridional). Fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz en 1984.

Luis Eduardo Duhalde

"Los represores muchas veces

violan el arresto domiciliario"

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, se pronunció en contra de que los condenados por delitos de lesa humanidad sean beneficiados con arresto domiciliario en razón de su edad, y aclaró que la medida "es una decisión de los jueces".

Duhalde estuvo presente en la apertura del juicio oral y público por el secuestro y desaparición del militante de la Juventud Peronista Carlos Labolita, proceso en el que los acusados son el general retirado Pedro Pablo Mansilla, que está bajo arresto domiciliario porque tiene 77 años, y el coronel Alejandro Guillermo Duret, alojado en la Unidad Penal 34 en Campo de Mayo.

"El arresto domiciliario es una decisión de los jueces, pero no hay ninguna duda de que para los crímenes de lesa humanidad no corresponde", dijo Duhalde poco antes de ingresar al Tribunal Oral Federal. Añadió que "los represores muchas veces violan el arresto domiciliario, abusan de ese privilegio".

Acerca de este juicio, el primero por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Mar del Plata, Duhalde sostuvo que "la lucha contra la impunidad es fundamental para el futuro de un país".

"Por eso estamos acompañando a los familiares y dando el respaldo a los jueces ante las postura de quienes no quieren que se realicen estos juicios", dijo.

Gladys D'Alessandro de Labolita

"Espero que se pueda hacer justicia"

Gladys D'Alessandro, esposa de Carlos Labolita, dijo ayer que aguardaba "espero que se pueda hacer justicia, que es lo que estamos esperando desde hace 33 años".

D'Alessandro acompañó a su marido desde La Plata a Las Flores cuando Carlos decidió ofrecerse ante las fuerzas militares a cambio de que dejaran libre a su padre, detenido el mismo día que comenzó el golpe de Estado.

Gladis llegó ayer al tribunal junto a su suegro Carlos Rolando Labolita. Ante la prensa criticó la decisión judicial de permitir que Mansilla, de 77 años, pueda gozar de prisión domiciliaria preventiva, y señaló que "la prisión tiene que ser efectiva, porque no corresponde otro tipo de sanción".

Este proceso es el primer juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar que se realiza en esta ciudad, y si bien ocurrió en la ciudad bonaerense de Las Flores, por razones de jurisdicción se desarrolla en Mar del Plata.

Un cartel, otra acusación

Cuando los imputados Pedro Pablo Mansilla y Alejandro Guillermo Duret ingresaron a la sala del tribunal oral federal Ita Molina desplegó el cartel y gritó "asesinos, mataron a mi sobrino". En la cartulina estaba la foto de Alfredo Thomas Molina con su uniforme de conscripto. Su tía culpa a los dos militares por la desaparición de su sobrino.

Alfredo nació en Otamendi pero desde muy joven vivió en Mar del Plata. En el sorteo para hacer la colimba sacó número alto y lo mandaron al Grupo de Artillería 1 de Azul.

A pocos días que le tocar ala baja, Alfredo y otros compañeros que también vivían en Mar del Plata los beneficiaron con una licencia de y aprovecharon los días libres para volver a la ciudad. Diez días antes del 30 de abril, una patrulla los fue a buscar hasta el boliche donde estaba divirtiéndose con sus compañeros. La orden fue que debían presentarse en el GADA 601 con el uniforme correspondiente.

Cuando la madre de Alfredo se entrevistó con el coronel Pedro Barda, titular del GADA, le dijo que volviera al otro día que iba a poder ver a su hijo. Al día siguiente, el joven ya había sido trasladado a Azul junto a sus compañeros. Según Ita Molina, habían faltado armas y municiones del regimiento y culpaban a su sobrino.

Dedit Molina, la madre de Alfredo, murió en 1988. Durante los primeros días que su hijo pasó en el calabozo, pudo verlo y charlar con él. Alfredo la tranquilizaba aunque le habría comentado que durante el viaje de Mar del Plata a Azul habría sido sometido a simulacros de fusilamiento.

Alfredo militaba en la JP por herencia. Su padre y tíos eran empelados ferroviarios con tradición peronista. El 30 de abril, a los compañeros de Alfredo le dieron la baja. Cuando Dedit fue a pedir por su hijo, el general Mansilla le dijo que ya le habían dado la baja y que volviera a su casa porque seguramente se había ido con alguna chica.

Alfredo no volvió a aparecer. La última información que tienen su ti y sus primas es que fue llevado al centro clandestino de detención que funcionaba en la comisaría cuarta de esta ciudad y que luego habría sido arrojado al mar en uno de los vuelos de la muerte.

Un comentario, una provocación

Minutos después de finalizada la segunda audiencia una mujer interrumpió una entrevista que el abogado Cesar Sivo, representante de la familia de Carlos Labolita mantenía con dos periodistas.

Mientras el querellante explicaba los argumentos por los cuales se debía revocar el arresto domiciliario del general retirado Pedro Pablo Mansilla, se dirigió a Sivo para decirle que el joven que había violado y asesinado a una joven de 19 en caballito días atrás también gozaba de arresto domicilio. El abogado escuchó el comentario y replicó diciendo que en el caso Labolita se juzga a un militar por crímenes de lesa humanidad.

Lejos de darse por vencida, la mujer embistió con enojo. Le mencionó el crimen del coronel argentino del Valle Larrabure -secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) el 11 de agosto de 1974, siendo ahorcado por sus captores luego de un cautiverio de 372 días-, e interpeló al abogado: "¿eso no es un crimen contra la humanidad?. Usted está muy mal informado. Infórmese mejor".

Antes que la mujer se fuera, Sivo le preguntó su nombre. "Soy la esposa del abogado Eduardo San Emeterio y amucha honra". El esposo de la señora es el defensor del general retirado Mansilla, quien está siendo juzgado por el crimen de Labolita.

Según una investigación del diario Pagina 12, el abogado es un ex integrante de la SIDE y fue custodio del general Otto Paladino, jefe del centro clandestino de detención Automotores Orletti, durante la ultima dictadura cívico militar

"La literatura abre la cabeza"

María de las Nieves Alonso supo el 25 de marzo de 1976 que su compañero de trabajo, Carlos Orlando Labolita, padre de Carlos, había sido detenido sin motivo por las fuerzas militares. La docente de literatura del Normal de Las Flores no dudó en organizar una colecta para ayudar a la familia Labolita. Su solidaridad le costó más de un dolor de cabeza.

Con sus 86 años y el pelo totalmente blanco, la mujer se sentó frente al tribunal. Esperó muchos años este día y estaba ansiosa por declarar. Alonso contó que cuando Carlos Labolita padre fue detenido ella y otro docente organizaron una colecta para ayudar a la familia de sus compañero detenido. Pero a la tercera colecta, una orden del regimiento militar de Azul les prohibió seguir ayudando a los Labolita.

En otro tramo del relato, la docente contó que en abril de 1976, el comisario de Las Flores, Aníbal Lista, mandó a pedir al colegio Normal el expediente de Alonso, intrigada la mujer le preguntó a un policía el porqué de esa medida y sólo le contestaron "son ordenes del regimiento de Azul".

Alonso recordó a Carlos Labolita hijo con una anécdota. La mujer relató que cuando era alumno del Normal, Carlos junto a otros compañeros editaban la revista "El polizón". Un día en grupo convocó a la maestra de literatura para que escribiera un artículo sobre la "anti literatura" de Cortázar. "Ese día me di cuenta que estos chicos sabían mucho. Lo que pasa es que la literatura abre la cabeza", dijo Alonso.

Las fuerzas militares no dejaron de hostigar a la maestra. En octubre del 76 un comando entró a su casa mientras ella no estaba, requisaron la casa y destruyeron la biblioteca. Pero el acoso no se detuvo, al año siguiente, en abril de 1977, un Ford Falcon rojo con varios militares dentro la esperó en la puerta de su casa. Alonso fue subida al auto y secuestrada por varias horas.

Según el relato de la testigo, fue sometida a un interrogatorio que incluyó golpes y tortura psicológica. Alonso no entendió muchas de las preguntas que le hizo su interrogador: cuál es tu nombre de guerra, a qué "orga" pertenecés. También recordó que le mostraron una lista donde figuraban todos los nombres de los docentes y alumnos de la escuela Normal de las Flores. Qué literatura le daba a sus alumnos, fue otra de las preguntas.

Después de algunas horas, Alonso fue abandonada en Monte una localidad cercana a Las Flores. Tres años después, en el 79, fue dejada cesante sin ningún tipo de explicación. Solicitó una entrevista con el coronel Pedro Pablo Mansilla, pero el jefe de la zona militar 125 nunca la recibió.

En 1980, Alonso fue al Ministerio de Educación de la Nación. Su expediente de desempeño tenía adosado un papel con una leyenda en lápiz: "Ojo Nieves Alonso". El intendente de Las Flores se largó a llorar delante de ella porque dijo no poder hacer nada para ayudarla. Sus compañeros juntaron firmas para que la reincorporaran pero no hubo caso. Ayer antes de retirarse del tribunal agradeció a los jueces por permitirle contar la verdad y felicitó a Gladis Labolita por su lucha de tantos años. La sala entera la aplaudió.

Jorge Auat: "Estos juicios son un ejercicio de memoria colectiva" El fiscal general a cargo de la Unidad de Asistencia de los juicios por Derechos Humanos estuvo presente hoy en el juicio e intervino en algunos de sus tramos, exponiendo su posición sobre la necesidad de incorporar las declaraciones de los imputados al debate, a lo que se negaban sus defensores. Antes de ingresar al recinto del Tribunal, Auat realizó una rueda de prensa. Dijo que "en algunas audiencias como la de hoy vengo a intervenir como fiscal. Estos hechos que se realicen 30 años después son un casi inédito en el mundo". "Constituye un ejercicio de memoria colectiva, a lo largo de todos estos años que, realmente, ha marcado un rumbo, por lo que es merecedor de encomio", sostuvo. Y agregó: "los procesos penales se ha dicho tienen un cometido de orden y un efecto de paz social. Esto siempre que se trate de un proceso normal. Pero después de 32 años lo que tenemos que rescatar es el testimonio de que en la Argentina todavía es posible reconstruir históricamente hechos de tanto dolor". "Creo- prosiguió- que poder haber llegado con este caso a juicio oral y público es el resultado de un gran trabajo de la fiscalía y de los querellantes y de la sociedad en su conjunto. Seguramente, también, éste no es el único juicio por delitos de lesa humanidad que se realizará en Mar del Plata."