Dime qué hiciste y te diré quién te defiende

Eduardo San Emeterio, conocido abogado de militares y civiles acusados de crímenes de lesa humanidad, es el nuevo defensor del ex CNU Nicolás Cafarello, imputado por el secuestro y torturas del periodista Amílcar González.

El conocido abogado Eduardo Sinforiano San Emeterio, ex integrante de la SIDE y chofer del represor Otto Paladino, será el defensor de Nicolás Cafarello, un ex integrante de la agrupación Concentración Nacional Universitaria (CNU), imputado de la desaparición y las torturas sufridas por el periodista Amílcar González.
Cafarello, alías “El tano Nicolla”, es uno de los dos imputados por el secuestro de Amílcar González, ocurrido el 25 de marzo de 1976, cuando una patota integrada por personas de civil ingresaron al Ministerio de Trabajo y se llevaron al periodista y, por aquel entonces, secretario general del sindicato de Prensa de Mar del Plata. El ex CNU será juzgado por los delitos de privación ilegítima de la libertad coactiva mediante la sustracción, retención y ocultamiento de una persona con el fin de tolerar algo contra su voluntad agravada y como participe necesario de lesiones agravadas.
El otro imputado en la causa es Fernando Federico Delgado, también ex miembro de la CNU, que se encuentra prófugo desde mayo del 2008 y, a pesar de la recompensa de 100 mil pesos ofrecida por el Ministerio de Justicia de la Nación, nada se sabe de él.
La causa “Amílcar González” fue elevada a juicio oral el pasado mes de junio por el juez Federal Rodolfo Pradas. Como querellantes en la causa figuran el Sindicato de Prensa de Mar del Plata, representado por la abogada Gloria León; y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Mar del Plata (APDH) y Gustavo Modesto Demarchi(ex fiscal federal y mienbro del CNU), quien patrocina a los hijos de González.
San Emeterio no dudó en asumir la defensa de Cafarello a pesar de que éste se haya declarado insolvente. Según trascendió el abogado habría dicho que sus servicios serían pagados por “los amigos” del imputado.
El ex integrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) es un conocido abogado que atiende innumerables causas por crímenes de lesa humanidad en todo el país. Militares y civiles acusados de estos delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar requieren sus servicios. Aquí, en Mar del Plata, fue conocido como uno de los defensores del coronel Alejandro Duret, juzgado y absuelto por la desaparición, tormentos y homicidio del militante peronista Carlos Alberto Labolita, juicio que se celebró en el TOF 1 entre mayo y julio de este año.
Eduardo Sinforiano San Emeterio nació el 20 de abril de 1951. Es hijo y nieto de militares y en 1971 ingresó a la SIDE. Durante la última dictadura cívico militar se desempeñó como chofer del ex general Otto Paladino, ex jefe centro clandestino de detención. Automotores Orletti que funcionó en Capital Federal.
Según una publicación de la página web Desaparecidos.org, a fines de 1976, San Emeterio pasó a prestar servicios en el Grupo de Tareas 4, que dependía del Servicio de Informaciones de la Fuerza Aérea (Sifa). El GT4 fue responsable de numerosos secuestros y asesinatos, además de actuar sobre un circuito que comprendía unos veinte centros clandestinos de detención. Permaneció en esa unidad hasta ser disuelta, a fines de 1979.
A partir de entonces, regresó a la SIDE y en 1980 comenzó la carrera de Abogacía en la Universidad de Belgrano. Hoy, no sólo defiende a represores, entre su selecta lista de clientes se encuentra la fundamentalista defensora de militares, Cecilia Pando, quien enfrenta una causa penal por las amenazas de muerte al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Duhalde.


El secuestro de González

El 23 de abril del 2001, el periodista José Luis Ponsico, declaró en el Juicio por la Verdad y nombró a Fernando Delgado como el jefe del grupo de tareas que secuestró a Amilcar González. Contó que la tarde del 25 de marzo de 1976 se encontraba en el Ministerio de Trabajo junto con González y otra gente del sindicato de prensa cuando cayó una patota para secuestrar a González. Apareció un muchacho joven, de civil y con un fusil FAL en la mano. Otra persona, que era la que dirigía el procedimiento, preguntó desde atrás por el de Télam. Entonces González contestó "soy yo". Con el tiempo Ponsico supo que el primero se llamaba Nicolás Cafarello, alias "Tano Nicolla," y quien dirigía el procedimiento se llamaba Fernando Delgado.
El 29 de marzo, Ponsico supo que González estaba detenido en la comisaría cuarta y en muy mal estado por los tormentos recibidos. Se entrevistó con el comisario Marcelino Blaustein, quien le dijo: "mirá flaquito, González está más muerto que vivo, lo estamos recuperando nosotros. Lo tiraron acá para que se muriera, el único que puede venir acá sos vos, ocupate de los antibióticos". A partir de ese momento, a cambio de dinero, iba todos los lunes a la media noche a llevarle medicamentos, ropa y alimentos a González. En una ocasión, mientras juntaba el dinero para Blaustein en el hall de La Capital, pasó un Falcon color azul con cuatro o cinco personas en actitud amenazante. Después se supo que dentro del auto iban Mario Durquet, Eduardo Ullúa, Juan Carlos Gómez y Fernando Delgado, conocidos militantes de la CNU y grupo de operaciones y de tareas al servicio del GADA 601.
González estuvo detenido por más de dos años. En abril del ‘78 fue liberado por la presión de organismos internacionales. En julio de ese año se instaló en Venezuela hasta diciembre de 1983, fecha en la que regresó al país. En 1984 fue reelegido como secretario general del sindicato de prensa. En el 2004 falleció.

Murio el represor Eduardo Cincotta

Pocos días después de ser liberado, el cáncer acabó con la vida de Cincotta

El deceso del reconocido abogado se registró ayer por la tarde. El ex militante de la CNU estaba afectado por un avanzado tumor en el pulmón. La Justicia le había otorgado la excarcelación por razones “humanitarias”

Eduardo Cincotta, reconocido militante de la Concentración Nacional Universitaria, procesado por crímenes de lesa humanidad, murió ayer alrededor de las 16, a los 62 años de edad. “Hormiga Negra”, como lo llamaban en los grupos de tareas del Grupo de Artillería Antiaérea 601 durante la última dictadura cívico militar, había sido excarcelado semanas atrás por “razones humanitarias”, fundadas en el cáncer de pulmón fulminante que lo aquejaba.
Según se pudo saber, fue un paro cardiorrespiratorio lo que terminó con la vida del ex secretario general de la Universidad Provincial en épocas donde su organización militante, vinculada a la derecha del peronismo, ya era señalada por crímenes como el de la estudiante de arquitectura Silvia Filler.
Su entorno aseguraba que “donde lo internaban caía, que venía en picada”, no sólo por el avance de su enfermedad, sino porque el saberse procesado por participar en la tristemente célebre Noche de las Corbatas, de julio de 1977, cuando un grupo de tareas secuestró, torturó e hizo desaparecer a un grupo de abogados laboralistas, entre los cuales se encontraban Hugo Alais, Jorge Candeloro y Norberto Centeno, lo hacía sentir vulnerable. Evidentemente, los privilegios de la impunidad vivida ya no le servían para sentirse lejos de la justicia, lejos de la muerte.
Por estos crímenes fue detenido el 15 de septiembre de 2008 en el marco de la causa en la que se investigan los hechos perpetrados en el centro clandestino de detención denominado “La Cueva”. El lugar donde operó el antiguo CNU funcionaba debajo del viejo radar de la Base Aérea de esta ciudad y dependía del Ejército.
En aquella oportunidad Cincotta, se negó a declarar. Una semana después, el juez Federal Alejandro Castellanos dictó la prisión preventiva bajo los cargos de “partícipe necesario de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por funcionarios públicos, y por la imposición de tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos”.
Cincotta fue alojado en la Unidad Penal 44 de Batán, donde cumplió exactamente un año de encierro. Trescientos sesenta y cinco días después de haber perdido la libertad fue internado en la clínica privada Belgrano por una “afección pulmonar”. Para coronar el momento, dos semanas y media después, el mismo magistrado que lo encerró le otorgó el beneficio del arresto domiciliario alegando “razones de salud”.
Cuentan quienes lo vieron llegar al nosocomio que el arribo de semejante “personalidad” causó un gran revuelo en el lugar. No había camas disponibles, sin embargo una vez más las palancas del poder omnipresente del que gozaba, el mismo que había permitido que fuera internado sin ajustarse a los procedimientos previstos por la ley en estos casos, le dieron una mano para quedar internado. Eso sí, las esposas que lo marcaban como preso lo amarraban a la cama.
Diecisiete días fueron los que permaneció en la habitación 111 de la clínica. Los cinco primeros, sin custodia, los restantes con dos oficiales apostados en la puerta.
El cáncer de pulmón avanzó hasta provocarle un edema de cuello. La enfermedad lo cercaba, la Justicia volvía a beneficiarlo, está vez otorgándole el arresto domiciliario para que pase junto a su familia los días difíciles.
El último capítulo entre Cincotta y la Justicia, otra vez favoreció al ex CNU. Los jueces Ferro, Tazza y Ferrara firmaron el viernes 16 de octubre pasado la excarcelación, amparados en el avance de su enfermedad.
Hoy, los restos de Cincotta serán velados de 7 a 11 en la cochería Sampietro, posteriormente serán sepultados en el cementerio Colinas de Paz. Seguramente muchos amigos lo acompañarán, quizás los mismos que festejaron el día que el Ejército Argentino le regaló la placa que tiene en su despacho de reconocido abogado local. Los que lograron leerla dicen que en ella se le agradecen “sus servicios prestados en la lucha contra la subversión”.

Lectura de la Sentencia

Indignació, repudio y ovación en la lectura

de los fundamentos de un fallo controvertido

Luego de la exposición de los argumentos condenatorios el juez Carlos Rozanski fue aplaudido de pie por los asistentes en la sala, mientras que los otros dos magistrados fueron señalados como "cómplices de los genocidas".

A más de un mes del fallo que absolvió al coronel Alejandro Guillermo Duret y condenó con prisión domiciliaria al general retirado Pedro Pablo Mansilla por el secuestro, tortura y posterior asesinato del militante de la Juventud Peronista, Carlos Labolit

a, el tribunal –integrado por su presidente Nelson Jarazo; Alejandro Esmoris y Carlos Rozanski- convocó para ayer a la audiencia de lectura de los fundamentos de la sentencia. Sin embargo, sólo Rozanski –único magistrado que condenó a los dos imputados- leyó los elementos en los cuales se basó para alcanzar el fallo en disidencia. Esto se debió, principalmente que una vez concluida la exposición del magistrado, el público presente en la sala lo aplaudió de pie y repudió enérgicamente al resto del tribunal, lo que motivó que se desaloja

ra la sala.

Otro elemento que impidió la lectura de los fundamentos restantes fue que la audiencia se extendió por 9 horas, por lo que, una vez excluido el público, la querella a cargo del doctor Cesar Sivo sugirió que se abandone la lectura y se entreguen mediante copia a las partes. El pedido fue adherido por los abogados defensores, así como también por el Ministerio Fiscal y la otra parte de la querella representada por la secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Un fallo aplaudido

El doctor Carlos Rozanski comenzó su lectura alrededor de las 10.30 con un marco brindado por una gran cantidad de público dentro de la sala y una importante manifestación de repudio al fallo por mayoría dictado el 3 de julio.

El magistrado, fundamentó su decisión basándose, principalmente, en los elementos del caso que permiten considerarlo en el marco de lo que se denomina delitos de lesa humanidad. Esto, que a simple vista parece una mera obviedad, permite darle relevancia a una serie de testimonios y pruebas que, quizás, en un juicio vinculado a un delito de homicidio agravado pero fuera del contexto del genocidio, podrían ser desestimadas.

"El día que los leones tengan sus propios historiadores las historias de de cacerías serán diferentes", reza un viejo proverbio africano que fue incluido en el fallo del magistrado en alusión a que más de 30 años después de producidos los hechos y en el marco de una clara impunidad que, según se argumentó, era parte del propio plan apuntado a "exterminar" a un sector de la sociedad argentina.

En estos términos se desarrolló por varias horas la exposición de Rozanski que se caracterizó por numerosas citas a eximios penalistas y casos del ámbito nacional e internacional vinculados a procesos políticos sociales en los cuales se han generado delitos similares a los que se produjeron en Argentina durante la última Dictadura Militar. Pasaron por el relato referencias al Holocausto Nazi, el genocidio Armenio, el juicio al yugoslavo Milosevic; las guerras de Vietnam y Argelia, entre otros numerosos ejemplos de jurisprudencia internacional que posibilitaron al magistrado argumentar que el caso Labolita se inscribe en lo que se considera delito de lesa humanidad y no delito común.

"No estamos ante la mera suma de delito", explicó Rozanski quien agregó que se deben juzgar estos hechos en el marco de "algo significativamente mayor, que corresponde nombrar como genocidio".

En varios pasajes de la lectura, el público presente –en su mayoría miembros de organizaciones de Derechos Humanos- aplaudieron los dichos del juez, sobre todo cuando se expuso cada uno de los elementos probatorios que para el magistrado demostraban con claridad la coautoría de los dos imputados.

Además, en los fundamentos, Rozanski se animó a plantear que los alegatos de las defensas, intentaban incurrir en una lógica de lo que se podría bautizar como "derecho penal del amigo". Tomando como eje divergente los basamentos del "derecho penal del enemigo" –mediante el cual se juzga como culpables a inocentes- el magistrado planteó que como garantía de impunidad se juzgó como inocentes a aunque la prueba sea contundente para demostrar la culpabilidad de los dos imputados.

Así, calificó de "indigno" el fallo y los alegatos de las defensas quienes en todo momento subestimaron los testimonios sosteniendo que "no tenían el valor, por sus inexactitudes".

Para concluir con la clara exposición respecto a por qué condenó a Duret y a Mansilla a reclusión perpetua, Rozanski hizo hincapié en que los testimonios y documentos constituidos como prueba durante el debate oral apuntaban claramente a los dos imputados como responsables de la desaparición, tortura y posterior asesinato de Labolita.

En este sentido, remarcó el valor simbólico que tiene hablar de reclusión y no prisión perpetua en el fallo, por más que hoy jurídicamente no se haga la distinción.

Prisión domiciliaria

En relación con el otro punto en el cual fallo en disidencia Rozanski, vinculado a el otorgamiento del beneficio de mantener la prisión domiciliaria al general retirado Mansilla, el magistrado argumentó de manera contundente su negativa, haciendo hincapié en que "existe un cambio procesal del imputado" ya que hoy" la sospecha de ser responsable de los delitos mencionados pasó a ser, por unanimidad del tribunal, certeza". Es decir que hoy, Mansilla esta condenado a prisión perpetua por lo que sus beneficios como procesado debían ser reevaluados. "De ningún modo la cedula de identidad de una persona puede obligar a un juez a mandar a su casa a un condenado", explicó el letrado en sus fundamentos, mientras que agregó que "es necesario tener en cuenta la peligrosidad de estos hombres que no dudaron en secuestrar, matar y hacer desaparecer el cuerpo de sus víctimas".

Por último, Rozanski expresó que él no juzga para que un sujeto culpable de los delitos que cometió Mansilla se vaya a su casa a jugar con su nieto, sino que lo hace para que vaya a una cárcel común.

Ovación y repudio

18.50 marcaba el reloj cuando, el único de los magistrados que votó en disidencia el 3 de julio, concluyó con sus fundamentos. Un segundo después, la sala en su totalidad se paró y comenzó a aplaudirlo mientras que se desplegaban carteles acusatorios contra el coronel Duret y los jueces Esmoris y Jarazo. "Duret asesino" "Jarazo y Esmoris cómplices de los genocidas", eran algunas de las frases más resonantes que se podían leer. Los concurrente, indignados comenzaron a abuchear e insultar a los dos miembros del tribunal responsables de la libertad del ex jefe de inteligencia de la zona operativa donde desapareció Carlos Labolita.

Ante la situación, el tribunal pidió un cuarto intermedio y ordenó a los efectivos policiales presentes en la sala que no se permita reingresar al público.

Sin embargo, los miembros de las diferentes organizaciones de Derechos Humanos y el público en general decidieron no ingresar más allá del impedimento del tribunal.

Así, se reanudó la sesión sólo con los tres magistrados y las partes. Sin embargo, dados los elementos mencionados las lecturas ni prosiguieron, dando por concluido el debate oral y público.

La teoría del complot y el derecho penal del amigo

Durante la lectura de sus fundamentos, el juez Carlos Rozanski apuntó contra el absuelto coronel Guillermo Alejandro Duret, quien, según el magistrado, intentó ampararse en una falsa teoría del complot.

El magistrado que con su fallo condenó a los dos militares imputados por el crimen de Carlos Alberto Labolita, se tomó su tiempo para fustigar al coronel Duret. Sus colegas Nelson Jarazo y Alejandro Esmoris, tampoco escaparon a las críticas.

Rozanski dijo que Duret intentó defenderse esgrimiendo una teoría del complot que nunca existió. Así recordó que el coronel aseguró, durante su declaración indagatoria, ser un chivo expiatorio y un perseguido. También subestimó al tribunal que lo juzgaba por no estar conformado por militares y acusó al gobierno nacional de interferir en el proceso.

El magistrado comparó a Duret con un acusado por el delito de abuso de menores, quienes suelen defenderse responsabilizando al resto. La culpa es de la madre del menor abusado o de la familia o del docente pero nunca del imputado. "Cabe recordar –dijo Rozanski- que Duret responsabilizó por su juzgamiento a Karl Marx por haber escrito en 1848 El Capital".

Duret también aseguró que en su caso se estaba aplicando el "derecho penal del enemigo" en el cual al enemigo no se le da ni justicia, se condena aunque no haya pruebas. Rozanski rebatió, la teoría del militar y expuso el "derecho penal del amigo": no se condena aunque sobren las pruebas. La crítica alcanzó a sus colegas Nelson Jarazo y Alejandro Esmoris que el 3 de julio pasado decidieron absolver a Duret.

Por último, les dedicó un párrafo a los defensores de los militares, a quienes les endilgó haber tratado de contar una "versión lavada" del centro clandestino de detención que funcionaba en el regimiento 1 de Azul, donde Mansilla era el principal responsable y Duret, su mano derecha.

¿ Justicia ?

El circo y las amenazas de Duret

Fuente: Acción Regional 11/07/09

El profesor Carlos Orlando Labolita opina sobre el polémico fallo del juicio por la desaparición de su hijo Carlos Alberto (23).

Dijo Nietzsche: «No hay hechos, sino interpretaciones». Y yo doy la mía.

Respecto del Juicio que se llevó a cabo en Mar del Plata por la desaparición de Carlos Alberto Labolita (en realidad, secuestro, tortura y muerte) fueron juzgados el Gral. Mansilla y el Cnel. Duret. Fue mi primera experiencia (y espero que la última) y en ella pude ver, ahora sí, en cuerpo y alma, a la famosa impunidad, con su rostro abominable, danzando en su escenario favorito: el estrado de un Tribunal.

Mansilla es un hombre viejo y enfermo de Parkinson, de caminar lento y vacilante y un hablar muy bajo. Duret, en cambio, se presenta como un militar vivaz y hábil, que camina a grandes zancadas y trata de impresionar con su voz de barítono, supongo que para infundir miedo. Es un experto en Inteligencia (palabra siniestra si las hay), que jugó con la vida y la muerte de los ciudadanos de la famosa Area 125, que comprendía las ciudades de San Miguel del Monte, Las Flores, Roque Pérez, Saladillo, Lobos y Azul, entre otras.

Del Tribunal, sólo recuerdo a alguien que, por su probidad y nobleza, merece ser recordado: el Juez, Dr. Carlos Rozansky, luchador por los Derechos Humanos.

Desde el principio me pareció ver el clima que reinaría en todo el Juicio: chicanas al por mayor, testigos annésicos, forasteros y florenses, de baja catadura moral, algunos que incurrieron en falso testimonio, y como marco de todo este circo, las amenazas apocalípticas de Duret, ante la indiferencia (¿complicidad?) del Tribunal: «La familia Labolita es mi enemiga porque quiere destruir mi familia». Esto nos asustó un poco porque venía de boca de un experto en torturas y secuestros, y para ellos «enemigo» quiere decir «aniquilación».

Luego de negar todas las imputaciones de la querella, remató su intervención con lo que considero lo más grave del proceso: «Si triunfa la razón, aún los que pierden van a ganar, pero si triunfa la sinrazón, quienes ganan a la larga van a perder».

¿Una amenaza al Tribunal, a los defensores de la querella, a todos los presentes, a toda la humanidad? Un verdadero enigma para los seguidores de Nostradamus.

El Presidente del Jurado leyó la absolución de Duret y salió corriendo a guarecerse de los improperios en coro y de algunos espectadores de mal carácter que avanzaban peligrosamente sobre el estrado.

Afuera, varias decenas de jóvenes con banderas, rugían y tiraban piedras contra el frente de Tribunales.

Los jueces innombrables debieron esperar algunas horas para salir rodeados de policías con escudos. Rozansky lo hizo enseguida y fue aplaudido por la gente.

Carlos Orlando Labolita

Video de la Sentencia ...

Alegatos de los Imputados

Los derechos humanos 30 años después

El coronel Guillermo Alejandro Duret de 56 años se despegó del joven teniente de 23 a cargo de la Inteligencia y contrainteligencia en el regimiento 1 de Azul durante la última Dictadura cívico militar. Ayer, con voz fuerte y clara, habló del estado de derecho, del respeto a la Constitución Nacional y de los Derechos Humanos.

Antes de saberse el fallo del tribunal oral federal que lo absolvió, dijo: "La justicia es darle a cada uno lo que le corresponde en el momento u oportunidad que le corresponde; no hay más o menos justicia, hay justicia o no hay justicia".

Duret fue mencionado por varios testigos e incluso fue reconocido por la mamá de Labolita como la persona que la noche del 1º de mayo de 1976, llevó a Carlos Alberto esposado y con signos de tortura a su casa de Las Flores. Esa noche, también se llevaron a Gladis. Carlos no apreció nunca más.

En aquellos años, Duret era un joven teniente de 23 años. Tenía a su cargo las tareas de Inteligencia en la zona militar 125. Después de 33 años, frente al tribunal que lo juzgó por crímenes de lesa humanidad, el coronel se amparó en los derechos humanos. Aquellos derechos humanos que las fuerzas armadas no respetaron durante la última dictadura cívico militar. "Los DD.HH fueron creados para evitar la aplicación abusiva del poder punitivo del Estado, nunca para declamar la aplicación del tal poder. Los DDHH son para todos, son de todos. No son parciales, son totales. No son de izquierda ni de derecha. Son derechos humanos", recitó Duret.

Dos ex detenidos desaparecidos de Las Flores y compañeros de militancia de Labolita relataron en el juicio su calvario de secuestro y torturas. Uno de ellos, dijo estar "casi seguro" que el coronel Duret de 56 años fue el teniente de 23 que lo interrogó bajo aplicación de picana eléctrica. En su discurso, el coronel de 56 años dijo: "Desde hace 25 años o más esta persona que está hablando fue elegido como blanco fue discriminado fue perseguido y fue encarcelado. Hoy estamos llegando a estas circunstancias dentro del mismo marco".

A partir del 24 de marzo de 197, cuando Duret era el joven teniente de 23 años, las Fuerzas Armadas suprimieron el estado de derecho, clausuraron el Congreso y suprimieron las garantías constitucionales. Ayer, el coronel de 56 años dijo: "La violación de la Constitución Nacional es un hecho de extrema gravedad. No solamente para aquellos que somos víctimas en este momento sino para todos los ciudadanos argentinos que puedan ser víctimas de esa acción en el futuro con cualquier excusa por cualquier causa".

Por último, el coronel dijo: "Espero que este juicio contribuya a afianzar los postulados enunciados en nuestra Constitución Nacional relacionados a unión nacional, a justicia, a paz y a libertad". El grito de Duret asesino, las piedras contra los vidrios del tribunal oral federal, el llanto, la bronca de los organismos de Derechos Humanos y las organizaciones sociales muestran que todo esto es imposible.

El último día habló Mansilla

Con dificultad caminó hasta el banquillo ubicado en medio de la sala de audiencias y se sentó frente al tribunal compuesto por los jueces Carlos Rozansky, Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo. El general retirado Pedro Pablo Mansilla prefirió callar durante el debate, pero ayer hizo uso de su derecho a decir sus últimas palabras antes de escuchar el fallo.

Con voz temblorosa, y como si supiera que iba a ser condenado, el anciano general dijo a los jueces que "en este juicio he comprobado, una vez más que las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad que lucharon en la guerra contra subversión no han sido tratadas con la misma imparcialidad con la que fueron tratados los oponentes, la guerrilla".

El discurso de Mansilla no duró más de cinco minutos. En un intento fallido por victimizarse dijo que él y el resto de sus camaradas acusados de crímenes de lesa humanidad son tratados como "soldados de otro país" y se sienten "presos políticos". El viejo general que volverá a su casa tras recibir una condena de prisión perpetua por privación ilegitima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio calificado por alevosía, finalizó su alocución con un pedido: "Solicito que se cree un tribunal compuesto por personal capacitado para encontrar una solución a todo esto y pido que se haga justicia en el marco de las leyes actuales".

Alegatos en Fotos

“Cárcel comun, Perpetua y Efectiva para Duret y Mansilla !! NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS ...

El Viernes 3 a las 10:00 hs. TODOS al Tribunal Oral Federal

Sueltitas 2

Falso testimonio Los abogado querellantes solicitaron el proceso por falso testimonio de los militares retirados Néstor Edgardo Calvi, Ernesto David Rabazzano y Gustavo Onel. Los tres militares fueron presentados como testigos por la defensa del coronel Guillermo Duret. Para la querella cada uno de ellos "mintió descaradamente y ocultaron la verdad". El general de brigada retirado Calvi fue citado como testigo de la defensa el pasado miércoles 17 de junio. Durante su declaración Calvi aseguró no conocer el apellido Labolita, solo por los medios de comunicación de los ùltimos años. El general retirado no recordó que en 1983 tuvo que responder un pedido de informes del juez federal Ferro quien le preguntaba por la privación ilegal de libertad de Labolita. "Yo firmaba pila de papeles sin mirar", "ni por las tapas me acuerdo de Labolita" y "Como ese firmaba montones de oficios que me mandaban por gente desaparecida", fueron algunas de las tantas frases con las que Calvi contestó la evidencia. Rabazzano cumplió funciones en el Grupo de Artillería 1 de Azul durante el periodo 1975 – 1976. Durante su declaración dijo que el imputado Duret cumplía funciones en la unidad de Inteligencia y que el general Mansilla era el jefe del regimiento. Rabazzano, no recordó que la comisaría de Las Flores haya sido ocupada por los militares ni las ordenes emanadas por sus superiores con respecto a los procedimientos en la lucha contra la subversión. Nunca supo –por ejemplo- de la existencia del reglamento 404/75 en el cual se detallaba cómo debería realizarse la detención de elementos subversivos. Tampoco supo que se hayan producido detenciones o interrogatorios en el regimiento de Azul. Por último en su declaración, el coronel retirado Gustavo Onel (63), explicó que en lo que se refiere a la "guerra contra la subversión" todo lo que supo fue posterior al 24 de marzo de 1976 y que en lo que a él respecta sólo le tocó participar en controles de ruta en conjunto con la policía. "Sólo me dediqué a la instrucción de la clase ´76 "para la guerra". Su memoria selectiva no pudo precisar de qué guerra estaba hablando. "En 1977 fue defensor de un ‘delincuente terrorista montonero’ y ahora no sabe nada de la lucha antisubversiva". A raíz de los "olvidos", las mentiras y la omisión de la verdad de los tres militares las querellas solicitaron el procesamiento por falso testimonio de Rabazzano, Onel y Calvi. La culpa es de Marx El coronel Alejandro Guillermo Duret, quien está siendo juzgado por el tribunal oral federal de Mar del Plata por el secuestro, las torturas y el homicidio de Carlos Alberto Labolita, intentó argumentar que su actuación en la "lucha contra la subversión" y su posterior enjuiciamiento es consecuencia de una serie encadenada de hechos históricos. Por lo tanto, según su razonamiento si esos procesos políticos, sociales y culturales no se hubiesen producido, no hubiese tenido que "combatir la subversión" y tampoco hubiese sido juzgado. Así las cosas, Duret –a modo de letanía- aseguró que su juzgamiento no se hubiese realizado si en 1948 Marx no hubiese escrito El Capital; si en 1917 no hubiese triunfado la revolución rusa, si Castro no hubiese tomado el poder en Cuba en 1959; si John William Cook no hubiese creído que Perón era marxista y no hubiese creado el peronismo revolucionario; si en 1959, los Uturruncos no hubiesen aparecido en Tucumán, si Jorge Masetti no hubiese desembarcado con el Ejército Guerrillero del Pueblo en Orán; si el Che Guevara no hubiese llegado a Bolivia; si en 1967 no se hubiese fundado el PRT y en 1970 el ERP; si no se hubiese fundado Montoneros ni hubiesen secuestrado y fusilado a Aramburu; si Marcos Osatinsky y Roberto Quieto no hubiesen formado las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR); si en 1968 no se hubiese conformado la Junta Coordinadora Revolucionaria integrada por el MIR chileno, Tupamaros (uruguayos) y el ERP; si no se hubiese producido la fuga del penal de Rawson en 1972; si no se hubiese amnistiado a los presos políticos en 1973; si los terroristas no hubiesen matado a amas de casa, periodistas médicos; si no hubiesen tomado localidades, unidades militares y robado bancos. Bajo la línea de pensamiento de Alejandro Duret, si Adán y Eva no hubiesen sido expulsados del paraíso terrenal todo hubiese sido distinto a lo que es. Pero el coronel olvida que, la madre de Labolita, durante un careo en 1985, lo señaló como la persona que se llevó a su hijo y a su nuera el 1º de mayo de 1976. Que varios testigos lo nombran a él y al general Mansilla como los responsables de la represión en la zona militar 125. Que otra declaración lo sindica como la persona que recibió a Labolita en el regimiento de Azul, el 27 de abril del 76. Que varios policías lo señalan como uno de los oficiales que tomó la comisaría de Las Flores el 24 de marzo de 1976 y, por último, hace dos semanas en una de las audiencias un ex detenido desaparecido dijo estar "casi seguro" que el coronel fue quien lo secuestró e interrogó bajo tortura. El día que el tribunal dicte el fallo los acusados, los familiares de Labolita y la sociedad en su conjunto sabrá si Duret y Mansilla son condenados por los crímenes de lesa humanidad que les imputan o si todo lo ocurrido es un capricho de la historia. Nuestro Noche y Niebla El antropólogo Alejandro Inchaurregui (52) es uno de los fundadores del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y desde 1986 hasta el 2000 se desempeñó como experto en la identificación de restos de NN de desaparecidos durante la última dictadura cívico militar. El martes pasado declaró en la octava audiencia que se le sigue al coronel retirado Pedro Pablo Mansilla y al coronel Alejandro Guillermo Duret por el secuestro, las torturas y el homicidio del militante peronista Carlos Alberto Labolita detenido ilegalmente el 25 de abril de 1976, en Las Flores. Inchaurregui aseguró la desaparición forzada de personas fue el signo característico de la última dictadura cívico militar instaurada con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Además agregó que se trató de una técnica "muy sofisticada superadora del crimen político tradicional que no dispone del cuerpo de la víctima". En rigor –aseguró el antropólogo-, la desaparición forzada de personas tuvo sus beneficios para el gobierno de facto. El secuestro, la interrogación bajo tortura en lugar clandestino y la desaparición del cuerpo generó parálisis y terror en los familiares de la víctima y en el resto de la sociedad. "Si el Estado niega la detención y desconoce el crimen no hay elementos legales para hacer el reclamo", explicó Inchaurregui. La desaparición forzada de personas no tuvo otro antecedente en las dictaduras del cono sur. Su antecedente más próximo se encuentra en los llamados Decretos de Noche y Niebla durante el nazismo. Luego de la ocupación de Francia por parte de Alemania, el partido Comunista francés inicia la resistencia por medio de una serie de sabotajes. La detención del arresto de una integrante de la resistencia generó el reclamo de la comunidad internacional. A partir de ese momento Hitler solicitó a sus jefes militares que hallaran mecanismo por el cual pudieran sembrar el terror en los opositores y que ese terror perdurara en el tiempo. Así surgieron los decretos de Noche y Niebla que disponían la detención de las personas, su juzgamiento secreto, su asesinato y la desaparición del cuerpo sin notificar a los familiares ni allegados de la víctima. En la Argentina el Estado negó la autoría de los secuestros y tener bajo custodia a los detenidos. Incluso, explicó Inchaurregui, los cadáveres que eran arrojados al mar desde un avión o aquellas víctimas que aparecían en enfrentamientos fraguados nunca fueron identificados. "En el país de Juan Vucetich rara vez se tomaba las huellas dactilares de los cadáveres encontrados", graficó el testigo. La desaparición forzada de personas implica desde el punto de vista antropológico la "elaboración patológica del duelo". Inchaurregui explicó ante el tribunal conformado por los jueces Carlos Rozansky, Nelson Jarazo y Alejandro Esmoris, que "parte del proceso normal de un duelo por la pérdida de una persona incluye asistir al moribundo o ser testigo de la muerte. Desde el punto de vista del desaparecido, el duelo es patológico porque nadie puede dar por muerto a quien no vio morir". La presencia del cadáver contribuye al duelo. Pero en el caso de la desaparición forzada de personas se produce la "amputación del rito funerario" porque no hay cadáver. Inchaurregui mencionó que cuando se les informa a los familiares que se ha identificado el cuerpo de ser querido, viven la muerte como si hubiese ocurrido ese día. "Para una familia tener una persona desaparecida es una espera. Es la gran duda de saber si morirán sin saber que pasó con su ser querido. Hay una espera perpetua porque no se puede dar por muerta a la persona desaparecida", completó el testigo. Sistema represivo En otro pasaje de su extensa declaración, Inchaurregui explicó que, desde 1972 las fuerzas armadas tenían un plan que consistía en la zonificación del país. A partir del 24 de marzo de 1976, la Argentina fue dividida en cinco grandes zonas que dependían de los cinco Cuerpos del Ejército y a su vez esas zonas fueron divididas en subzonas y áreas. Dentro de ese sistema –declaró Inchaurregui-, las fuerzas armadas ejercieron el control e incluyeron a la policía y al servicio penitenciario dentro de aparato represivo. En algunos casos, la policía tenía total autonomía como en La Plata donde el jefe de la policía de provincia era un miembro del Ejército, Ramón Juan Camps. Inchaurregui aseguró que era una regla y no una excepción que la policía detuviera presos políticos por orden del poder militar. Además aseguró que el área de Inteligencia fue vital dentro del aparato represivo. Las fuerzas armadas crearon una "comunidad informativa" en las que se intercambiaban información. Por ejemplo, explicó el antropólogo forense-, la DIPBA (Dirección de Inteligencia de la policía bonaerense) tenía un archivo de más de dos millones de fojas dividido por factores. Esos factores podían ser religiosos, municipales, laboral, universitario y delincuentes subversivos

Sueltitos

La sonrisa del enojo

Pedro Pablo Mansilla y Alejandro "el porra" Duret cumplieron funciones en el Grupo de Artillería 1 de Azul donde funcionaba el centro clandestino detención donde se vio por última vez a Carlos Labolita secuestrado el 25 de abril de 1976.

Duret se desempeñaba como oficial de inteligencia y estaba bajo las órdenes de Mansilla, quien conducía la zona militar 125 que incluía Tandil, Azul y Olavarría.

Durante la primera audiencia, los camaradas de armas, actuaron como si no se conocieran. Sentados uno al lado del otro, en ningún momento cruzaron miradas, ni comentaron por lo bajo. Como dos perfectos desconocidos atravesaron las diez horas de audiencia.

El grito de asesinos se escuchó en varias oportunidades cuando, los acusados ingresaron a la sala y la sonrisa de Duret despertó el enojo del público. Alguien le preguntó: De qué te reís. El presidente del tribunal tuvo que ordenar que se bajar una bandera que rezaba "cárcel común, perpetua y efectiva".

Mansilla siguió atento la lectura de los argumentos de la elevación a juicio por parte de la querella y le ordenó a su abogado que corrigiera un error en sus datos filiatorios. Para el tribunal, el general retirado era argentino nacionalizado nacido en Francia. Pero su defensor aseguró que nació en territorio argentino.

Por su parte Duret, tomó algunas notas y sonrió con cinismo cuando la declaración de un sobreviviente del centro clandestino de detención lo nombra durante una sesión de tortura. Después del primer cuarto intermedio, el imputado por delitos de lesa humanidad, se dedicó a la lectura de un libro: Desmond Tutu, la biografía del primer sudafricano negro que fue elegido y ordenado como Arzobispo Anglicano de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), y luego Primado de la entonces Iglesia de la Provincia de África Meridional (actualmente Iglesia Anglicana de África Meridional). Fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz en 1984.

Luis Eduardo Duhalde

"Los represores muchas veces

violan el arresto domiciliario"

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, se pronunció en contra de que los condenados por delitos de lesa humanidad sean beneficiados con arresto domiciliario en razón de su edad, y aclaró que la medida "es una decisión de los jueces".

Duhalde estuvo presente en la apertura del juicio oral y público por el secuestro y desaparición del militante de la Juventud Peronista Carlos Labolita, proceso en el que los acusados son el general retirado Pedro Pablo Mansilla, que está bajo arresto domiciliario porque tiene 77 años, y el coronel Alejandro Guillermo Duret, alojado en la Unidad Penal 34 en Campo de Mayo.

"El arresto domiciliario es una decisión de los jueces, pero no hay ninguna duda de que para los crímenes de lesa humanidad no corresponde", dijo Duhalde poco antes de ingresar al Tribunal Oral Federal. Añadió que "los represores muchas veces violan el arresto domiciliario, abusan de ese privilegio".

Acerca de este juicio, el primero por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Mar del Plata, Duhalde sostuvo que "la lucha contra la impunidad es fundamental para el futuro de un país".

"Por eso estamos acompañando a los familiares y dando el respaldo a los jueces ante las postura de quienes no quieren que se realicen estos juicios", dijo.

Gladys D'Alessandro de Labolita

"Espero que se pueda hacer justicia"

Gladys D'Alessandro, esposa de Carlos Labolita, dijo ayer que aguardaba "espero que se pueda hacer justicia, que es lo que estamos esperando desde hace 33 años".

D'Alessandro acompañó a su marido desde La Plata a Las Flores cuando Carlos decidió ofrecerse ante las fuerzas militares a cambio de que dejaran libre a su padre, detenido el mismo día que comenzó el golpe de Estado.

Gladis llegó ayer al tribunal junto a su suegro Carlos Rolando Labolita. Ante la prensa criticó la decisión judicial de permitir que Mansilla, de 77 años, pueda gozar de prisión domiciliaria preventiva, y señaló que "la prisión tiene que ser efectiva, porque no corresponde otro tipo de sanción".

Este proceso es el primer juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar que se realiza en esta ciudad, y si bien ocurrió en la ciudad bonaerense de Las Flores, por razones de jurisdicción se desarrolla en Mar del Plata.

Un cartel, otra acusación

Cuando los imputados Pedro Pablo Mansilla y Alejandro Guillermo Duret ingresaron a la sala del tribunal oral federal Ita Molina desplegó el cartel y gritó "asesinos, mataron a mi sobrino". En la cartulina estaba la foto de Alfredo Thomas Molina con su uniforme de conscripto. Su tía culpa a los dos militares por la desaparición de su sobrino.

Alfredo nació en Otamendi pero desde muy joven vivió en Mar del Plata. En el sorteo para hacer la colimba sacó número alto y lo mandaron al Grupo de Artillería 1 de Azul.

A pocos días que le tocar ala baja, Alfredo y otros compañeros que también vivían en Mar del Plata los beneficiaron con una licencia de y aprovecharon los días libres para volver a la ciudad. Diez días antes del 30 de abril, una patrulla los fue a buscar hasta el boliche donde estaba divirtiéndose con sus compañeros. La orden fue que debían presentarse en el GADA 601 con el uniforme correspondiente.

Cuando la madre de Alfredo se entrevistó con el coronel Pedro Barda, titular del GADA, le dijo que volviera al otro día que iba a poder ver a su hijo. Al día siguiente, el joven ya había sido trasladado a Azul junto a sus compañeros. Según Ita Molina, habían faltado armas y municiones del regimiento y culpaban a su sobrino.

Dedit Molina, la madre de Alfredo, murió en 1988. Durante los primeros días que su hijo pasó en el calabozo, pudo verlo y charlar con él. Alfredo la tranquilizaba aunque le habría comentado que durante el viaje de Mar del Plata a Azul habría sido sometido a simulacros de fusilamiento.

Alfredo militaba en la JP por herencia. Su padre y tíos eran empelados ferroviarios con tradición peronista. El 30 de abril, a los compañeros de Alfredo le dieron la baja. Cuando Dedit fue a pedir por su hijo, el general Mansilla le dijo que ya le habían dado la baja y que volviera a su casa porque seguramente se había ido con alguna chica.

Alfredo no volvió a aparecer. La última información que tienen su ti y sus primas es que fue llevado al centro clandestino de detención que funcionaba en la comisaría cuarta de esta ciudad y que luego habría sido arrojado al mar en uno de los vuelos de la muerte.

Un comentario, una provocación

Minutos después de finalizada la segunda audiencia una mujer interrumpió una entrevista que el abogado Cesar Sivo, representante de la familia de Carlos Labolita mantenía con dos periodistas.

Mientras el querellante explicaba los argumentos por los cuales se debía revocar el arresto domiciliario del general retirado Pedro Pablo Mansilla, se dirigió a Sivo para decirle que el joven que había violado y asesinado a una joven de 19 en caballito días atrás también gozaba de arresto domicilio. El abogado escuchó el comentario y replicó diciendo que en el caso Labolita se juzga a un militar por crímenes de lesa humanidad.

Lejos de darse por vencida, la mujer embistió con enojo. Le mencionó el crimen del coronel argentino del Valle Larrabure -secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) el 11 de agosto de 1974, siendo ahorcado por sus captores luego de un cautiverio de 372 días-, e interpeló al abogado: "¿eso no es un crimen contra la humanidad?. Usted está muy mal informado. Infórmese mejor".

Antes que la mujer se fuera, Sivo le preguntó su nombre. "Soy la esposa del abogado Eduardo San Emeterio y amucha honra". El esposo de la señora es el defensor del general retirado Mansilla, quien está siendo juzgado por el crimen de Labolita.

Según una investigación del diario Pagina 12, el abogado es un ex integrante de la SIDE y fue custodio del general Otto Paladino, jefe del centro clandestino de detención Automotores Orletti, durante la ultima dictadura cívico militar

"La literatura abre la cabeza"

María de las Nieves Alonso supo el 25 de marzo de 1976 que su compañero de trabajo, Carlos Orlando Labolita, padre de Carlos, había sido detenido sin motivo por las fuerzas militares. La docente de literatura del Normal de Las Flores no dudó en organizar una colecta para ayudar a la familia Labolita. Su solidaridad le costó más de un dolor de cabeza.

Con sus 86 años y el pelo totalmente blanco, la mujer se sentó frente al tribunal. Esperó muchos años este día y estaba ansiosa por declarar. Alonso contó que cuando Carlos Labolita padre fue detenido ella y otro docente organizaron una colecta para ayudar a la familia de sus compañero detenido. Pero a la tercera colecta, una orden del regimiento militar de Azul les prohibió seguir ayudando a los Labolita.

En otro tramo del relato, la docente contó que en abril de 1976, el comisario de Las Flores, Aníbal Lista, mandó a pedir al colegio Normal el expediente de Alonso, intrigada la mujer le preguntó a un policía el porqué de esa medida y sólo le contestaron "son ordenes del regimiento de Azul".

Alonso recordó a Carlos Labolita hijo con una anécdota. La mujer relató que cuando era alumno del Normal, Carlos junto a otros compañeros editaban la revista "El polizón". Un día en grupo convocó a la maestra de literatura para que escribiera un artículo sobre la "anti literatura" de Cortázar. "Ese día me di cuenta que estos chicos sabían mucho. Lo que pasa es que la literatura abre la cabeza", dijo Alonso.

Las fuerzas militares no dejaron de hostigar a la maestra. En octubre del 76 un comando entró a su casa mientras ella no estaba, requisaron la casa y destruyeron la biblioteca. Pero el acoso no se detuvo, al año siguiente, en abril de 1977, un Ford Falcon rojo con varios militares dentro la esperó en la puerta de su casa. Alonso fue subida al auto y secuestrada por varias horas.

Según el relato de la testigo, fue sometida a un interrogatorio que incluyó golpes y tortura psicológica. Alonso no entendió muchas de las preguntas que le hizo su interrogador: cuál es tu nombre de guerra, a qué "orga" pertenecés. También recordó que le mostraron una lista donde figuraban todos los nombres de los docentes y alumnos de la escuela Normal de las Flores. Qué literatura le daba a sus alumnos, fue otra de las preguntas.

Después de algunas horas, Alonso fue abandonada en Monte una localidad cercana a Las Flores. Tres años después, en el 79, fue dejada cesante sin ningún tipo de explicación. Solicitó una entrevista con el coronel Pedro Pablo Mansilla, pero el jefe de la zona militar 125 nunca la recibió.

En 1980, Alonso fue al Ministerio de Educación de la Nación. Su expediente de desempeño tenía adosado un papel con una leyenda en lápiz: "Ojo Nieves Alonso". El intendente de Las Flores se largó a llorar delante de ella porque dijo no poder hacer nada para ayudarla. Sus compañeros juntaron firmas para que la reincorporaran pero no hubo caso. Ayer antes de retirarse del tribunal agradeció a los jueces por permitirle contar la verdad y felicitó a Gladis Labolita por su lucha de tantos años. La sala entera la aplaudió.

Jorge Auat: "Estos juicios son un ejercicio de memoria colectiva" El fiscal general a cargo de la Unidad de Asistencia de los juicios por Derechos Humanos estuvo presente hoy en el juicio e intervino en algunos de sus tramos, exponiendo su posición sobre la necesidad de incorporar las declaraciones de los imputados al debate, a lo que se negaban sus defensores. Antes de ingresar al recinto del Tribunal, Auat realizó una rueda de prensa. Dijo que "en algunas audiencias como la de hoy vengo a intervenir como fiscal. Estos hechos que se realicen 30 años después son un casi inédito en el mundo". "Constituye un ejercicio de memoria colectiva, a lo largo de todos estos años que, realmente, ha marcado un rumbo, por lo que es merecedor de encomio", sostuvo. Y agregó: "los procesos penales se ha dicho tienen un cometido de orden y un efecto de paz social. Esto siempre que se trate de un proceso normal. Pero después de 32 años lo que tenemos que rescatar es el testimonio de que en la Argentina todavía es posible reconstruir históricamente hechos de tanto dolor". "Creo- prosiguió- que poder haber llegado con este caso a juicio oral y público es el resultado de un gran trabajo de la fiscalía y de los querellantes y de la sociedad en su conjunto. Seguramente, también, éste no es el único juicio por delitos de lesa humanidad que se realizará en Mar del Plata."