Falso testimonio Los abogado querellantes solicitaron el proceso por falso testimonio de los militares retirados Néstor Edgardo Calvi, Ernesto David Rabazzano y Gustavo Onel. Los tres militares fueron presentados como testigos por la defensa del coronel Guillermo Duret. Para la querella cada uno de ellos "mintió descaradamente y ocultaron la verdad". El general de brigada retirado Calvi fue citado como testigo de la defensa el pasado miércoles 17 de junio. Durante su declaración Calvi aseguró no conocer el apellido Labolita, solo por los medios de comunicación de los ùltimos años. El general retirado no recordó que en 1983 tuvo que responder un pedido de informes del juez federal Ferro quien le preguntaba por la privación ilegal de libertad de Labolita. "Yo firmaba pila de papeles sin mirar", "ni por las tapas me acuerdo de Labolita" y "Como ese firmaba montones de oficios que me mandaban por gente desaparecida", fueron algunas de las tantas frases con las que Calvi contestó la evidencia. Rabazzano cumplió funciones en el Grupo de Artillería 1 de Azul durante el periodo 1975 – 1976. Durante su declaración dijo que el imputado Duret cumplía funciones en la unidad de Inteligencia y que el general Mansilla era el jefe del regimiento. Rabazzano, no recordó que la comisaría de Las Flores haya sido ocupada por los militares ni las ordenes emanadas por sus superiores con respecto a los procedimientos en la lucha contra la subversión. Nunca supo –por ejemplo- de la existencia del reglamento 404/75 en el cual se detallaba cómo debería realizarse la detención de elementos subversivos. Tampoco supo que se hayan producido detenciones o interrogatorios en el regimiento de Azul. Por último en su declaración, el coronel retirado Gustavo Onel (63), explicó que en lo que se refiere a la "guerra contra la subversión" todo lo que supo fue posterior al 24 de marzo de 1976 y que en lo que a él respecta sólo le tocó participar en controles de ruta en conjunto con la policía. "Sólo me dediqué a la instrucción de la clase ´76 "para la guerra". Su memoria selectiva no pudo precisar de qué guerra estaba hablando. "En 1977 fue defensor de un ‘delincuente terrorista montonero’ y ahora no sabe nada de la lucha antisubversiva". A raíz de los "olvidos", las mentiras y la omisión de la verdad de los tres militares las querellas solicitaron el procesamiento por falso testimonio de Rabazzano, Onel y Calvi.
El coronel Alejandro Guillermo Duret, quien está siendo juzgado por el tribunal oral federal de Mar del Plata por el secuestro, las torturas y el homicidio de Carlos Alberto Labolita, intentó argumentar que su actuación en la "lucha contra la subversión" y su posterior enjuiciamiento es consecuencia de una serie encadenada de hechos históricos. Por lo tanto, según su razonamiento si esos procesos políticos, sociales y culturales no se hubiesen producido, no hubiese tenido que "combatir la subversión" y tampoco hubiese sido juzgado. Así las cosas, Duret –a modo de letanía- aseguró que su juzgamiento no se hubiese realizado si en 1948 Marx no hubiese escrito El Capital; si en 1917 no hubiese triunfado la revolución rusa, si Castro no hubiese tomado el poder en Bajo la línea de pensamiento de Alejandro Duret, si Adán y Eva no hubiesen sido expulsados del paraíso terrenal todo hubiese sido distinto a lo que es. Pero el coronel olvida que, la madre de Labolita, durante un careo en 1985, lo señaló como la persona que se llevó a su hijo y a su nuera el 1º de mayo de 1976. Que varios testigos lo nombran a él y al general Mansilla como los responsables de la represión en la zona militar 125. Que otra declaración lo sindica como la persona que recibió a Labolita en el regimiento de Azul, el 27 de abril del 76. Que varios policías lo señalan como uno de los oficiales que tomó la comisaría de Las Flores el 24 de marzo de 1976 y, por último, hace dos semanas en una de las audiencias un ex detenido desaparecido dijo estar "casi seguro" que el coronel fue quien lo secuestró e interrogó bajo tortura. El día que el tribunal dicte el fallo los acusados, los familiares de Labolita y la sociedad en su conjunto sabrá si Duret y Mansilla son condenados por los crímenes de lesa humanidad que les imputan o si todo lo ocurrido es un capricho de la historia. Nuestro Noche y Niebla
El antropólogo Alejandro Inchaurregui (52) es uno de los fundadores del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y desde 1986 hasta el 2000 se desempeñó como experto en la identificación de restos de NN de desaparecidos durante la última dictadura cívico militar. El martes pasado declaró en la octava audiencia que se le sigue al coronel retirado Pedro Pablo Mansilla y al coronel Alejandro Guillermo Duret por el secuestro, las torturas y el homicidio del militante peronista Carlos Alberto Labolita detenido ilegalmente el 25 de abril de 1976, en Las Flores. Inchaurregui aseguró la desaparición forzada de personas fue el signo característico de la última dictadura cívico militar instaurada con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Además agregó que se trató de una técnica "muy sofisticada superadora del crimen político tradicional que no dispone del cuerpo de la víctima". En rigor –aseguró el antropólogo-, la desaparición forzada de personas tuvo sus beneficios para el gobierno de facto. El secuestro, la interrogación bajo tortura en lugar clandestino y la desaparición del cuerpo generó parálisis y terror en los familiares de la víctima y en el resto de la sociedad. "Si el Estado niega la detención y desconoce el crimen no hay elementos legales para hacer el reclamo", explicó Inchaurregui. La desaparición forzada de personas no tuvo otro antecedente en las dictaduras del cono sur. Su antecedente más próximo se encuentra en los llamados Decretos de Noche y Niebla durante el nazismo. Luego de la ocupación de Francia por parte de Alemania, el partido Comunista francés inicia la resistencia por medio de una serie de sabotajes. La detención del arresto de una integrante de la resistencia generó el reclamo de la comunidad internacional. A partir de ese momento Hitler solicitó a sus jefes militares que hallaran mecanismo por el cual pudieran sembrar el terror en los opositores y que ese terror perdurara en el tiempo. Así surgieron los decretos de Noche y Niebla que disponían la detención de las personas, su juzgamiento secreto, su asesinato y la desaparición del cuerpo sin notificar a los familiares ni allegados de la víctima. En la Argentina el Estado negó la autoría de los secuestros y tener bajo custodia a los detenidos. Incluso, explicó Inchaurregui, los cadáveres que eran arrojados al mar desde un avión o aquellas víctimas que aparecían en enfrentamientos fraguados nunca fueron identificados. "En el país de Juan Vucetich rara vez se tomaba las huellas dactilares de los cadáveres encontrados", graficó el testigo. La desaparición forzada de personas implica desde el punto de vista antropológico la "elaboración patológica del duelo". Inchaurregui explicó ante el tribunal conformado por los jueces Carlos Rozansky, Nelson Jarazo y Alejandro Esmoris, que "parte del proceso normal de un duelo por la pérdida de una persona incluye asistir al moribundo o ser testigo de la muerte. Desde el punto de vista del desaparecido, el duelo es patológico porque nadie puede dar por muerto a quien no vio morir". La presencia del cadáver contribuye al duelo. Pero en el caso de la desaparición forzada de personas se produce la "amputación del rito funerario" porque no hay cadáver. Inchaurregui mencionó que cuando se les informa a los familiares que se ha identificado el cuerpo de ser querido, viven la muerte como si hubiese ocurrido ese día. "Para una familia tener una persona desaparecida es una espera. Es la gran duda de saber si morirán sin saber que pasó con su ser querido. Hay una espera perpetua porque no se puede dar por muerta a la persona desaparecida", completó el testigo.
Sistema represivo En otro pasaje de su extensa declaración, Inchaurregui explicó que, desde 1972 las fuerzas armadas tenían un plan que consistía en la zonificación del país. A partir del 24 de marzo de 1976, la Argentina fue dividida en cinco grandes zonas que dependían de los cinco Cuerpos del Ejército y a su vez esas zonas fueron divididas en subzonas y áreas.
Dentro de ese sistema –declaró Inchaurregui-, las fuerzas armadas ejercieron el control e incluyeron a la policía y al servicio penitenciario dentro de aparato represivo. En algunos casos, la policía tenía total autonomía como en La Plata donde el jefe de la policía de provincia era un miembro del Ejército, Ramón Juan Camps. Inchaurregui aseguró que era una regla y no una excepción que la policía detuviera presos políticos por orden del poder militar. Además aseguró que el área de Inteligencia fue vital dentro del aparato represivo. Las fuerzas armadas crearon una "comunidad informativa" en las que se intercambiaban información. Por ejemplo, explicó el antropólogo forense-, la DIPBA (Dirección de Inteligencia de la policía bonaerense) tenía un archivo de más de dos millones de fojas dividido por factores. Esos factores podían ser religiosos, municipales, laboral, universitario y delincuentes subversivos |
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