Comineza Mega Causa La Cueva ...

Siendo las 11:30 y con la presencia de los 17 imputados comenzo en la ciudad de Mar del Plata la Mega Causa La Cueva, seguilo desde hoy en su pagina.

Cayó el fomentista acusado de crímenes de lesa humanidad

Se trata de José Francisco Bujedo integrante de los grupos de tareas de la Marina y ex árbitro del fútbol local. Está acusado del secuestro y los tormentos sufridos por un militante peronista en enero de 1977

El represor de la Base Naval local durante la última dictadura cívico militar, José Francisco Bujedo, fue detenido ayer a la madrugada acusado de crímenes de lesa humanidad. El ex arbitro de fútbol y actual fomentista, se negó a declarar ante el juez Rodolfo Pradas y permanecerá alojado en un calabozo de la Policía Federal hasta que se resuelva su situación procesal.

Bujedo está imputado en la causa en que se investigan los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención (CCD) que funcionó en la Base Naval durante la última dictadura. En aquel entonces, el actual fomentista de 76 años, formaba parte de los grupos de tareas encargados de realizar inteligencia sobre militantes políticos y luego secuestrarlos.

Hasta el momento a Bujedo se le imputa la privación ilegal de la libertad agravada y los tormentos agravados sufridos por Edgardo Gabbín, ex militante del Peronismo de Base (PB) secuestrado el 11 de enero de 1977 y liberado un año después, luego de atravesar un suplicio que lo llevó por distintas mazmorras: de Mar del Plata a Buenos Aires y de allí a un barco infectado de ratas en Puerto Belgrano.

El fiscal Daniel Adler había solicitado la detención de Bujedo en 2009, pero se concretó ayer a la madrugada cuando un grupo de la Policía Federal llegó hasta la casa del ex árbitro para detenerlo. Horas más tarde, alrededor de las 15, fue llevado hasta el juzgado federal Nº 3 para ser indagado por el juez Pradas.

El marino retirado escuchó las imputaciones y prefirió guardar silencio. Al rato regresó al calabozo de la delegación de la Policía Federal donde permanecerá hasta que se resuelva su situación procesal.

El juez informó que decidió detener a Bujedo luego de escuchar la declaración pormenorizada que Gabbín brindó el jueves pasado. Pradas detalló que el testimonio de la víctima y una documentación enviada por el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor de la Armada fueron fundamentales para poner al marino tras las rejas.



Represores de negro

Hasta ayer a la madrugada cuando se vio dentro de un calabozo, Bujedo había gozado de una total impunidad. Quien supo ser uno de los mejores árbitros del fútbol local, fue también empleado del Ente Municipal de Deportes (Emder) durante la administración de Eduardo Benedetti en el gobierno de Daniel Katz(actual diputado nacional).

Su cercanía con la función pública le permitió publicar “Aprendiendo de Fútbol”, un cuadernillo de 28 páginas en el que volcó su experiencia como referí. También transmitió sus saberes en la escuela de árbitros local.

El arbitraje fue una pasión temprana. Incluso durante sus años en la Armada , siempre contó con el permiso para poder dirigir los fines de semana. Su jefe directo, dentro de la estructura represiva del Terrorismo de Estado, Ángel Narciso Racedo –“comisario Pepe” en las noches de cacería-, compartía su misma afición por el referato. Pero en la cancha se invertían los roles: Racedo asistía desde la línea y Bujedo imponía la autoridad.

En uno de esos partidos que solían dirigir se encontraron con su víctima. Edgardo Gabbín había desertado del servicio militar que cumplía en la Base Naval y había decidido volver a jugar al fútbol en Nación. El 10 de enero de 1977 se encontró con los árbitros/represores. Al día siguiente lo citaron en una vivienda del barrio San Carlos porque supuestamente iban a solucionar su problema con la ley por haber escapado a la colimba.

Bujedo y Racedo lo llevaron a la Escuela de suboficiales de Infantería de Marina, uno de los CCD que administraba la Armada. Pero al no haber lugar para un nuevo detenido, lo dejaron en la Base Naval. A partir de ese día, Gabbín comenzó un derrotero que lo puso al borde la locura: cautivo en el camarote de un barco en Puerto Belgrano pensó en quitarse la vida para terminar con el suplicio.

En febrero de 1978, Gabbín fue custodiado hasta la terminal de ómnibus de Bahía Blanca: quedaba en libertad. Lo primero que vio al llegar a Mar del Plata fue el rostro de José Francisco Bujedo. El árbitro le advirtió que no apareciera nunca más por Batán y que lo iban a estar vigilando.

En democracia, Bujedo continuó con el arbitraje y se interesó por el fomentismo. Fue presidente de la sociedad de fomento del barrio San Carlos en los noventa. Cuando se dio a conocer su pasado como integrante de la represión estatal, abandonó el cargo publico, pero siguió en la actividad.

En 1997, como vecinalista Bujedo tuvo acceso a la banca 25 en el Concejo Deliberante. Allí expuso su parecer sobre la erradicación de la “Villa de Paso”, caserío precario en medio del barrio San Carlos. En 2007 fue vicepresidente de la Casa del Fomentista, organización que nucleaba a fomentistas de la ciudad. Hasta hace pocos días, una radio FM le había dado horas de programación para que pudiera hacer su programa sobre fútbol infantil.

Para Gabbín, la vida en democracia no fue tan sencilla, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) aún lo tenía en sus archivos. Un informe de 1987 lo sindicaba, todavía, como un delincuente subversivo.

Cuando Ángel Racedo fue detenido en agosto de 2008, Bujedo supo que tarde o temprano llegaría su turno. El “escrache” realizado el mes pasado por organismos de derechos humanos fue la última señal. Después de 34 años tiene que rendir cuentas con la justicia.

por Federico Desántolo

Prisión perpetua al coronel retirado Rezett

En fallo unánime los miembros del TOF 1 lo encontraron responsable del asesinato de la estudiante platense, perpetrado en 1976 en Mar del Plata en el marco del genocidio

Prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común fue la condena que recibió el coronel retirado Fortunato Valentín Rezett por haberlo hallado penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y por haber sido cometido por dos o más personas.
El veredicto, alcanzado por unanimidad de los jueces Roberto Atilio Falcone, Mario Portela y Martín Bava, fue leído en la sala del Tribunal Oral Federal Nº1, luego de las 18.




El fallo revocó la prisión domiciliaria de la que gozaba el imputado por “problemas de salud” y dispuso la “inmediata detención y su alojamiento en un establecimiento carcelario del Servicio Penitenciario Federal”.
En otro de los puntos del fallo, se dejo sentado que el homicidio de Analía Magliaro “constituye un crimen de lesa humanidad perpetrado en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar”.
Además se dispuso enviar copia del fallo a la ministro de Defensa para que se inicien las actuaciones que correspondan respecto al estado militar del condenado. Con esto cabe la posibilidad que el coronel retirado, tal como lo dispone el código de disciplina de las Fuerzas Armadas, sea expulsado del arma a la que pertenece.
Por último, se resolvió remitir copia al fiscal General ante la Cámara General de Apelaciones para que “se inicien actuaciones sumariales tendientes a dilucidar la eventual responsabilidad penal del entonces coronel Alfredo Arrillaga en los delitos de privación ilegal agravada, tormentos agravados por tratarse de un perseguido político, y homicidio doblemente calificado por alevosía en concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Analía Delfina Magliaro.


“SE TRATÓ DE UN VIL ASESINATO”
Cerca de las 10 de la mañana el Tribunal dio inicio a la tercera audiencia del debate oral y público por el asesinato de Analía Magliario. En esta oportunidad fue el turno de alegar del Ministerio Público Fiscal. El doctor Daniel Adler tomó la palabra para exponer las razones por las cuales solicitaron a la triada de jueces que se condene al coronel retirado Fortunato Valentín Rezett a “prisión perpetua por hallarse penalmente responsable del delito de homicidio calificado por alevosía y por haber sido cometido por dos o más personas”. Además, el fiscal fue contundente a la hora de solicitar que la pena sea de cumplimiento efectivo y en una cárcel común. El pedido apunta concretamente a terminar con el beneficio de prisión domicilia, del cual goza el imputado.
La exposición del doctor Adler se extendió por alrededor de una hora y estuvo centrada en demostrar que durante las dos audiencias precedentes se dio por “probada” la responsabilidad del imputado en el hecho.
Para ello, la Fiscalía recordó no sólo pasajes de las declaraciones de los testigos, en los cuales quedó acreditada la violencia utilizada sobre la víctima desde el mismo momento en que fue secuestrada de la casa de la familia Chirria; sino que también hizo especial hincapié en demostrar que el crimen se halla dentro de la lógica del plan sistemático desplegado por la dictadura militar durante el período 76-83.
En este sentido, el doctor Adles explicó que no fue casual que Analía Magliaro haya sido trasladada al Gada 601, posteriormente haya sido asesinada en un enfrentamiento fraguado y que, por último, haya sido en la comisaría cuarta donde sus familiares hayan tenido que reclamar su cadáver. Este derrotero expuesto a la luz de la articulación del aparato represivo en Mar del Plata vuelve a demostrar la articulación del Gada 601 –lugar donde se emplazaba la jefatura de la Subzona 15- y de la comisaría cuarta, señalada en más de una oportunidad como uno de los centros clandestinos de detención de la ciudad. Cabe puntualizar también, en el análisis realizado por la Fiscalía de la cuartada “poco inteligente” del enfrentamiento. Adler recordó, en este sentido, el testimonio de los dos hermanos Magliaro que refirieron el estado en el que se hallaba el cuerpo de su hermana cuando tuvieron que reconocerlo. Ambos expresaron que era imposible que en las condiciones en las que estaba secuestrada la víctima haya podido defenderse. “Allí radica la alevosía del crimen”, expresó Adler al recordar que Magliaro tenía en su cuerpo marcas de tortura, de haber permanecido atada, encapuchada y amordazada. “No puede atribuirse que se haya tratado de un enfrentamiento, sino que se trató de un vil asesinato”, expresó el representante del Ministerio Público.
En el alegato de la Fiscalía, también, se solicitó que se lo considerara a Rezett como “autor del crimen” y no como “participe necesario”. Este pedido estuvo basado en que, según el fiscal, el imputado “admitió haber participado en la privación ilegítima de la libertad, pero por órden de un superior”, al referirse a que es el imputado quien firma el recibo de recepción de la detenida. En este sentido, Adler explicó que la obediencia debida debe ser desestimada a la luz del fallo de Nüeremberg y del Estatuto de Roma.
Por último, la Fiscalía expresó que quedó probado durante el debate que el entonces capitán Rezett era miembro de la plana mayo del Gada y que como tal era responsable de las decisiones que de allí se impartían. Según Adler, también se acreditó la pertenencia de Rezett al sector de inteligencia, elemento coincidente con las tareas realizadas por el imputado en el Operativo Independencia.
Por último, el doctor Daniel Adler fue contundente al pedir la derogación de la prisión domiciliaria: “En principio las penas están para ser cumplidas. No hacerlo puede ser una prolongación de la impunidad”.

“EL HOMICIDIO ES COSA JUZGADA”
Luego de un cuarto intermedio de 20 minutos, el abogado defensor Carlos Meira realizó un breve alegato en el cual intentó deslindar la responsabilidad de su defendido en el crimen que se le atribuye.
Con una oratoria poco ortodoxa, el defensor ancló sus argumentos en desacreditar el alegato de la querella, expuesto por el doctor César Sivo el jueves y en objetar técnicamente algunos pasajes de los fundamentos vertidos en la sala por el doctor Adler.
“El doctor Sivo tergiversa a Berazay”, expresó enfáticamente Meira al referirse al pasaje del alegato querellante donde se señala a Rezett como quien recibe a la detenida. En este sentido, el defensor remarcó que su defendido sólo firmo el recibo por orden de un superior.
Además, Meira remarcó que “Rezett no era un oficial de inteligencia” y que sólo se trata de un oficial subalterno a la plana mayor y por lo tanto sin capacidad de cuestionar las órdenes impartidas por la superioridad. “En aquella época, si no cumplía la orden, Rezett iba a ser juzgado por la Justicia Militar, sometido a Consejo de Guerra y posteriormente fusilado”, concluyo.
Además, calificó de “alocado” pretender vincular a su defendido en el homicidio de Magliaro y remarcó que “el homicidio de la señorita Magliaro es cosa juzgada”, al señalar que Pedro Barda fue encontrado culpable en 2008 por el crimen de la joven.
En este marco fue que solicitó la absolución de su defendido, y en caso de condenarlo que se mantenga el beneficio de la prisión domiciliaria ya que “hasta que la sentencia quede firme no puede alterarse las condiciones de detención del imputado”.

“Yo soy yo y las circunstancias”

ultimas palabras

El coronel retirado Fortunato Valentín Rezett se paró de la silla desde donde siguió atentamente las tres audiencias y se cuadró frente al Tribunal. Vestido con impecable saco y corbata, y peinado prolijamente, Rezett siguió los pasos del juicio con una mirada marcial y realizando comentarios por lo bajo con su abogado defensor.
Muñido de una carpeta azul donde guardaba su exposición, caminó hasta ubicarse en la silla para dar sus últimas palabras.
“Tengo el honor y la responsabilidad de hablar frente a vuestras señorías. Creo y respeto a la Justicia”, señaló el imputado en el comienzo de su alocución que duró más de media hora.
“He hecho un sacerdocio de la Justicia en 42 años de carrera militar”, explicó al referirse a su relación con sus subordinados.
En varios pasajes de su discurso, la voz castrense se empañó, sobre todo al referir que es dueño de una moral y franqueza infundida por su padre y que él trato de trasladar a sus hijos. También se mostró emocionado cuando habló de las vicisitudes familiares por las que tuvo que pasar durante su época de servicio.
“Había veces que mi mujer me ocultaba que no alcanzaba el dinero de mi magro sueldo de capitán”, expresó.
En relación a los hechos que se le imputan Rezett no dudó en deslindar responsabilidades, aduciendo que él firmó el recibo por orden de un superior.
Por otro lado, negó haber realizado tareas en Inteligencia: “No tengo inspiración, capacidad, ni inclinación por la Inteligencia”, expresó.
Luego de recorrer con detalle cada una de las tareas que realizó en el Ejército, Rezett apeló a los jueces para que realizaran Justicia. De su parte, explicó, sólo puede decir que pasa noches enteras pensando “por qué me tocó firmar a mí ese recibo”. El propio Rezett dio dos posibles respuestas a su pregunta: “La primera de ellas es religios, todo se puede planificar menos los designios de Dios”; la segunda es cuasi filosófica, citando a Ortega y Gasset, “Yo soy yo y las circunstancias”, concluyó para luego agradecer la “caballerosidad” con que fue tratado durante el proceso judicial.

“Si es un asesino tiene que pagar”

Mario Magliaro, hermano de Analía, estuvo presente en las tres audiencias que se siguieron en este juicio. Ayer, ni bien los jueces dictaron sentencia, se lo vio emocionado. “Si hoy mi madre hubiese estado acá no hubiera tenido ningún tipo de exteriorización contra el condenado, sino que hubiera dicho que se hizo justicia”, expresó a modo de síntesis por lo vivido.
Además recordó a Analía “siempre joven, quedó detenida en el tiempo, tiene la edad de mi hija más chica, estos años siempre estuvo, es una cosa muy difícil de explicar con palabras… es doloroso”.
Por último, en relación a Rezett expresó que “si es un delincuente, si es un asesino, como cualquier habitante de este país tiene que pagar”.



Por Juan Carrá

FUE CONDENADO!!!

1)Prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común , xhaberlo hallado penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y por haber sido cometido por dos o más personas.

2) Se le revocó la prisión domiciliaria de la que gozaba el imputado por “problemas de salud” y dispuso la “inmediata detención y su alojamiento en un establecimiento carcelario del Servicio Penitenciario Federal.

AMPLIAREMOS...

RECLUSION PERPETUA

Poco más de una hora le llevó al abogado querellante de la familia Magliaro, Cesar Sivo fundamentar el pedido de pena para el coronel retirado del Ejército Fortunato Rezett: reclusión perpetúa con cumplimiento efectivo en cárcel común, inhabilitación total y perpetúa y destitución del Ejército Argentino por el homicidio de Analía Magliaro, asesinada en un enfrentamiento fraguado en septiembre de 1976.

Con una sala de audiencias con poco público, alrededor de las 18, Sivo comenzó su alegato. Lo primero que dijo es que el caso de Analía Magliaro es una particularidad que explica y desnuda todo el sistema represivo que operó durante la última dictadura cívico militar.
En primer lugar, demostró la interrelación de las FF.AA, pero también de las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial en el sistema represivo. La querella entendió que el derrotero de la estudiante platense es una muestra de aquello.
Analía Magliaro fue secuestrada por un grupo de personas vestida de civil y dependiente del Primer Cuerpo del Ejército. Fue alojada en “El Vesubio”, un centro clandestino de detención (CCD) en el cual cumplían funciones miembros del Servicio Penitenciario Federal. Luego fue trasladada a la comisaría 34 de Capital Federal. En su traslado al GADA 601, intervino la Policía Militar y un avión de la Fuerza Aérea. Todo indica que fue asesinada por miembros del Ejército y el cuerpo -hallado en el norte de esta ciudad-, quedó a disposición de la comisaría cuarta. Por último ni la justicia provincial ni federal realizó actuaciones ante la aparición de una mujer muerta a tiros y con signos de torturas, en medio de la calle.
El caso Magliaro, también pone de manifiesto el objetivo final del plan sistemático represivo: “secuestro, torturas y eliminación de aquellas personas que fueran consideradas enemigos”. Para la querella son sobradas las pruebas que demuestran que Analía fue secuestrada de la casa de una amiga el 19 de mayo de 1976.
Luego fue alojada sin saberlo en un CCD donde permaneció maniatada, vendada y mal alimentada en un sótano durante dos meses. Allí fue interrogada bajo tortura hasta lo indecible. Distintos testimonios dan cuenta que en El Vesubio se pusieron en práctica las torturas más aberrantes contra las mujeres. “Disponían del cuerpo de la víctima para torturarla y luego del cadáver para hacerlo desaparecer en el mar o matarlo en un enfrentamiento fraguado y luego enterrarlo en una fosa común”, explicó.
No obstante, para la querella, Rezzet no fue ajeno a todo lo ocurrido a Magliaro. No sólo fue quien firmó el recibo que prueba que la estudiante quedó bajo su custodia en Mar del Plata sino que fue parte fundamental del plan de exterminio.
Según Sivo, el Ejército era el responsable primario en el aparato represivo a partir del 24 de marzo de 1976. El territorio nacional dividido en subzonas estaba a su cargo. A su vez cada subzona dirigía la represión en esa región. Aquí fue la Subzona Militar XV. Comandada por el coronel retirado Pedro Barda, juzgado y condenado en 2008, por el crimen de Magliaro.
Rezett fue integrante de la plana mayor de la Subzona militar XV fue un oficial de inteligencia y el jefe de la “Sección Detenidos” dentro de esa estructura. Así fue que recibió a la estudiante cuando el capitán de la Policía Militar, Roberto Berazay entregó a la secuestrada en el GADA 601. El recibo que le entregó Rezett es muy claro. Allí están su firma, grado, sección y destino.
Como en tantos otros juicios, Sivo tuvo que fundamentar la derogación del arresto domiciliario del imputado y el pedido de cárcel común en caso de un fallo condenatorio. El abogado se remitió a otros países del mundo para ejemplificar. Aseguró que Argentina es el único país del globo que permite que los criminales que atentan contra la humanidad cumplan condena en sus casas por el solo hecho de tener más de 70 años. Citó los juicios en la ex Yugoslavia donde los 8500 criminales juzgados están en una prisión. “En el resto del mundo el arresto domiciliario por crímenes de lesa humanidad no es un planteo posible”, aseguró Sivo.
Por último, explicó que la Justicia efectiva que predican los jueces no acepta otra cosa que la cárcel para los culpables y cerró con las palabras que solía repetir la mamá de Analía: “Que los juzguen y si son culpable que los condenen y que cumplan la condena”

El insulto por lo bajo

Rezett se mantuvo inmóvil casi toda la audiencia. Custodiado por el personal del Servicio Penitenciario y un enfermero que vigila los achaques del viejo militar. A pesar del calor reinante nunca perdió la compostura del flamante saco azul y la prolijidad del nudo de la corbata.
Pero todo cambió cuando Sivo sacó a relucir el curriculum del imputado. Fortunato Valentín Rezzet fue procesado por su participación en los acontecimientos de la Semana Santa de 1988 cuando un grupo de militares carapintadas se levantaron contra la democracia. Luego la justicia militar lo absolvió de la misma manera que absolvió a todos los genocidas de la dictadura.
La incomodidad del imputado se transformó en furia cuando el abogado querellante mencionó su participación como oficial de Inteligencia en el “Operativo Independencia”. Se escuchó por lo bajo y de boca Rezzet “este hijo de puta”, mientras se secaba la transpiración de la frente. El abogado defensor tuvo que callar a su cliente, sin llamara la atención. El tribunal pareció no escuchar, pero el insulto llegó a oídos de la querella que siguió con su alocución como si nada hubiese pasado.


Las torturas más aberrantes

Analía Magliaro fue secuestrada junto a Graciela De laTorre, una compañera de la Facultad de Ciencias de la Educación. Pero esa misma noche del 19 de mayo de 1976. En una casa de Los Hornos, también secuestraron a Alicia Carriquiriborde. Las tres eran amigas y compartieron cautiverio en el infierno de “El Vesubio”
Alicia vive en México desde que sus captores la dejaron en libertad. Ayer, a través de video conferencia, declaró desde el Distrito Federal en México.
Apareció en la pantalla después de varios intentos porque la conexión se cortaba de a ratos. Estaba acompañada por el cónsul argentino en el D.F. Mario Magliaro –hermano de Analía-, que la conoce desde aquellos años de terror, la vio avejentada.
La declaración no se extendió mucho. Alicia contó que estuvo con Analía durante dos meses en el sótano de “El Vesubio”. Recordó que Analía era interrogada bajo tortura todos los días. No podía hablar con ella, pero sabía que estaba allí. Analía, Graciela y Alicia eran las únicas tres mujeres en el sótano.
Alicia recordó que con ellas había un grupo de adolescentes de entre 17 y 18 años que decían ser estudiantes del colegio Nacional Buenos Aires. Esos chicos al igual que Analía varias veces fueron interrogados por un grupo de hombres que venían de otro lugar. No eran los torturadores de “El Vesubio”.
Alicia, Graciela y Analía fueron sacadas el mismo día. Las repartieron en distintas comisarías. Alicia y Graciela se reencontraron en la cárcel de Devoto. Y Allí supieron que Analía había sido asesinada. Alicia pasó 20 meses detenida y luego fue liberada bajo vigilancia. En 1982 viajó a México donde la esperaba su marido e hijos.
En su alegato, el abogado Cesar Sivo retomó las palabras de Alicia para referirse a los padecimientos de Analía. Recordó que la testigo dijo que la torturaban todos los días. También aseguró que en la causa penal sobre “El Vesubio” está probado que en ese centro clandestino de detención, las mujeres eran violadas sistemáticamente.
También citó a un sobreviviente de aquel infierno que contó que cierta vez los torturadores cazaron un cuis e imitaron un método de tortura del nazismo: le metían el roedor entre las piernas a las mujeres estaqueadas en la mesa de torturas. Hasta ese lugar descendió humanidad en ese lugar y en tantos otros durante los años en que los hombres como Rezett tuvieron todo el poder en este país.

Por Federico Desántolo

“Rezett fue quien me firmó el recibo cuando entregué a Analía Magliaro en el GADA 601”

Así lo afirmó en su declaración ante el tribunal el militar retirado Roberto Eduardo Berazay quien conserva el original de aquel papel. Además declararon los hermanos de la víctima

Con el testimonio de los dos hermanos de Analía Delfina Magliaro y la presencia del imputado, coronel retirado Fortunato Valentín Rezett, se realizó ayer la primera audiencia del juicio por el asesinato de la estudiante platense entre agosto y septiembre de 1976. Además declaró el capitán, miembro de la Policía Militar 101, Eduardo Berazay encargado del traslado de Magliaro a Mar del Plata.

Cerca de las 11 de la mañana, el tribunal compuesto por los doctores Roberto Falcone, Mario Portela y Martín Bava, dio por iniciado el debate oral y público con la lectura del requerimiento de elevación a juicio, a cargo del representante del Ministerio Público Fiscal, Daniel Adler.
El coronel retirado Rezett, imputado como “participe necesario en el asesinato de Analía Magliaro”, fue el primero en comparecer ante el Tribunal, negándose a declarar aludiendo no estar en condiciones de salud como para brindar testimonio. A pesar de ello, se mantuvo atento durante toda la audiencia -que se extendió hasta pasadas las 14- junto a su abogado defensor, Carlos Horacio Meira.
Hoy continuará el debate con un testimonio a través de teleconferencia y, por la tarde, se prevé que la querella, a cargo del doctor César Sivo, haga uso de la palabra para exponer su alegato.

“Todos estábamos en peligro”
Mario Miguel Magliaro tiene 60 años, es actor y aún vive en la casa que compartía con su hermana en la ciudad de La Plata. Ayer, fue el primero de los testigos que brindó declaración frente al Tribunal Oral Federal 1, en el juicio que se ventila el asesinato de su hermana Analía Delfina Magliaro.
Sentado en el medio de la sala respondió, en primer lugar, a las preguntas realizadas por la Fiscalía.
Según sus recuerdos, el 19 de mayo de 1976 Magliaro fue secuestrada junto a una amiga -Graciela De la Torre- de la casa de la familia Chirria, un matrimonio amigo que vivía a cinco cuadras de la casa. El operativo, a cargo de personas de civil, fue realizado en plena madrugada, por lo que recién en la mañana los familiares de las jóvenes se enteraron de lo ocurrido.
Mario recordó que fue su madre quien, inmediatamente, se puso al frente de la búsqueda de “Lili”, -así llamaban en la familia a Analía-. “Mi madre tuvo que buscar a su hija y protegernos a mí y a mi hermano, porque todos estábamos en peligro por el simple hecho de ser jóvenes”, expresó.
A principios de agosto, un llamado a la casa de una tía rompió el silencio en torno a la desaparición de Magliaro. Según relató Mario, en el llamado se decía que su hermana estaba detenida en una comisaría 34 de Capital Federal. Hacía allí fueron los familiares. Al entrevistarse con el policía a cargo de la dependencia, les confirman que allí estaba Analía, pero que al estar en calidad de incomunicada, no podían verla. Sin embargo sí pudieron acercarle ropa y comida. La desazón familiar volvió a adueñarse de la escena cuando, alrededor de una semana más tarde, en una nueva visita a la comisaría 34, la madre de Analía supo que su hija ya no estaba allí y que había sido trasladada por personal del Ejército. En el libro de la época donde se asentaban los movimientos de la comisaría figuraba el nombre de un capitán que con su firma acreditaba el retiro de la detenida del lugar. Ese militar era Eduardo Berazay.
De nada sirvió el intenso periplo realizado por los familiares de Magliaro para intentar saber algo de la situación de la joven desaparecida. Comisarías, iglesias, embajadas y el intento de una reunión con el entonces gobernador interventor de la provincia de Buenos Aires, Ibérico Saint-Jean, fueron infructíferos.
El relato de Mario sobre los hechos acontecidos hace más de 30 años se volvía vívido cada vez que lo invadía el recuerdo de su hermana. El tramo más duro de su declaración llegó cuando tuvo que remitirse al 20 de septiembre de 1976. Ese fue el día que recibió en su casa de 72 entre 6 y 7 de La Plata el mensaje menos esperado, pero a la vez predecible. Tenían 72 horas para retirar el cuerpo de Analía, supuestamente abatida en un enfrentamiento armado con las fuerzas represivas.
Un error en los datos de dónde debían remitirse para recuperar los restos de la joven llevó a los hermanos de Analía a girar nuevamente por diferentes dependencia policiales, hasta que lograron determinar que el cuerpo estaba en Mar del Plata bajo la tutela de la comisaría cuarta.
Allí fueron recibidos por el policía a cargo de apellido Asad (hoy se encuentra fallecido) quien les mostró una especie de expediente donde había fotos de Analía muerta. “Estaba vestida con ropa que no era de ella y se veía muy flaca”, recordó Mario. Posteriormente, él junto a su hermano Juan y una consigna policial se dirigieron al Cementerio de la Loma donde tuvieron que reconocer el cadáver.
“Estaba muy lastimada, tenía hematomas en la zona de los pechos y quemadoras en las axilas. También tenía marcas en la boca y en los ojos, de pegamento, como las que dejan las curitas”, detalló Mario con la voz quebrada. El cuerpo de Analía figuraba como NN y presentaba al menos dos orificios de bala, uno en la ingle y el otro en medio del pecho.
Mario señaló que su hermana y De la Torre tenían una incipiente militancia en la agrupación Política Obrera. Además, por boca de De la Torre, quien fue puesta a disposición del PEN, supo que ambas estuvieron cautivas en el centro clandestino de detención el Vesubio donde fueron brutalmente torturadas.
A su turno, el representante de la querella, le pidió a Mario que recordara cómo era su hermana: “Era joven; solidaria; leal con sus amigos, con la gente, con su ideología. Una persona con carácter y con una ubicación clara en este mundo y en el país en el que vivía. Era una buena persona”.
Por su parte, Juan Alberto Magliaro, de 63 años, también hermano de Analía, reafirmó con sus palabras los hechos narrados por Mario.
Una vez concluido el relato de Juan Magliaro, fue el turno de escuchar los hechos según Roberto Chirria, de 70 años, dueño de la casa donde Analía fue secuestrada. El relato fue en todo coincidente con lo expuesto por los familiares de la víctima. En relación a la relación al por qué Magliaro paso esa noche en su casa, Chirria expresó que era algo normal ya que tanto Analía como Gabriela De La Torre eran amigas de su esposa y que –a pesar de no cursas la misma carrera universitaria- compartían algunas cursadas.
En relación al operativo, Chirria explicó que como mínimo fueron 20 las personas que ingresaron a su casa aquella madrugada y que interrogaron violentamente a las dos jóvenes en la cocina. La pregunta recurrente era si conocían a “El cabezón”, apodo con el que llamaban al novio de De La Torre.


EL TRANSPORTADOR
Roberto Eduardo Berazay tiene 69 años y es una especie de coleccionista de papeles un tanto comprometedores. Entre ellos guarda los que acreditan los diferentes traslados que realizó durante la última dictadura militar en calidad de miembro de la Policía Militar 101. “El único que no tengo es de Menem, pero guardo el del gobernador de Mendoza, Martínez Baca y el de Magliaro”, expresó.
Ese papel hace constar la entrega de Analía Magliaro a la Agrupación de Defensa Antiaérea 601 con asiento en Mar del Plata. La firma que rubrica esa entrega es del imputado Fortunato Valentín Rezett. Debajo de su nombre, también consta la sigla S2, que lo acredita como miembro de la sección Inteligencia.
Durante su testimonio Berazay no dudó en certificar que fue él quien retiró a Magliaro de la comisaría 34 de Capital Federal y que luego de un vuelo de aproximadamente 3 horas la dejó en el ADA 601, entonces dirigido por el coronel Pedro Barda.
“La única cara amigable que encontré en el lugar era la del entonces capitán Rezett. Me apreció raro ver a un infante en una unidad de artillería”, recordó.
Tambié, Berazay recordó que Analía Magliaro estaba en “buenas condiciones” de salud cuando la retiró de la comisaría 34 y que así la entregó en el GADA.
“Desconozco los motivos del traslado y por qué estaba detenida, mi orden era entregar a la detenida, y eso hice. La orden fue oral, clara y no era indigna, por eso la cumplí”, recordó en diferentes tramos de su declaración.
Al concluir, el militar retirado no dudo en preguntar cuál era su situación en relación a las restricciones de libertad. El presidente del Tribunal lo miró y le dijo que su declaración había concluido y que podía irse a su casa. En la sala el murmullo expreso: “por ahora”.

Por Juan Carra

COMIENZA A SER JUZGADO EL MILITAR REZETT

El coronel retirado Valentín Rezett está acusado del homicidio calificado de Analía Delfina Magliaro, secuestrada en La Plata y ultimada en un enfrentamiento fraguado en esta ciudad


El coronel retirado Fortunato Valentín Rezett será juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar a partir de hoy (miércoles 16) a las 9 hs, en el Tribunal Oral Federal 1. Se le imputa el homicidio calificado de la estudiante platense Analía Delfina Magliaro asesinada entre agosto y septiembre de 1976 en esta ciudad.
El 4 de agosto de 1976, Rezett era capitán y cumplía funciones en el Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea (GADA 601) bajo el mando del coronel Pedro Barda. Ese día recibió de manos del capitán miembro de la Policía Militar 101, Eduardo Berazay a Analía Magliaro quien había sido secuestrada en La Plata dos meses antes y había pasado por varios centros clandestinos de detención.
En noviembre de 2008, durante el juicio a Pedro Barda por el asesinato de Magliaro, Berazay declaró ante los jueces del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) de Capital Federal, que cuando entregó a la estudiante, Rezzet le firmó un recibo. Acto seguido entregó el documento al tribunal.
El fiscal Félix Crous solicitó la imputación de Rezet y tiempo después el juez Alejandro Castellanos, del juzgado Federal Nº1 de esta ciudad, llamó a indagatoria al entonces capitán del Ejército.
En su declaración, Rezett dijo que el coronel Barda le había asignado “tareas administrativas” y que también fue “jefe de turno” de la agrupación. Con respecto a Magliaro dijo que recibió a la secuestrada y que cuando Berazay le pidió el recibo, fue a ver “al teniente coronel Costa, a quien interiorizó de lo acontecido”. Costa “le ordenó realizar dicho certificado y firmarlo, ello desde el área de inteligencia”. Rezett reconoció su firma en el papel. En abril del año pasado, Castellanos lo procesó por el homicidio calificado de la estudiante platense y le dictó el arresto domiciliario. Hasta el 2005, el acusado había sido profesor en la maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata


El debate por el crimen de Magliaro se extenderá hasta el viernes y estará encabezado por los jueces Roberto Atilio Falcone, Mario Alberto Portela y Martín Bava. El fiscal Daniel Adler representa al Ministerio Público y el abogado C. Sivo patrocina a la familia Magliaro. El militar Rezett es defendido por Horacio Meiras. Se estima que pasarán por el estrado alrededor de diez testigos, entre ellos, Eduardo Berazay.
Analía Magliaro fue secuestrada el 19 de mayo de 1976 en una casa de la calle 67 al 600 en La Plata, junto a Graciela De la Torre y Roberto Chirria, compañeros de la carrera de Comunicación Social.
De la Torre estuvo junto a Analía durante su cautiverio en la comisaría quinta (5º) de La Plata y el Vesubio. En su declaración en el TOF 5 contó que el primer interrogatorio fue en la cocina mientras tocaban la guitarra y que la violación era una amenaza constante. Sus secuestradores le daban a elegir entre la picana y la violación. El 16 de julio fueron separadas. A Analía la llevaron a la comisaría 34 de Capital Federal donde permaneció hasta su destino final en Mar del Plata.
El 4 de agosto, Berazay fue a buscarla. En un primer momento, los policías se negaban entregar a la estudiante. Después de algunas llamadas, el capitán de la Policía Militar pudo llevarse a Analía, no sin antes firmar el registro de detenidos de la comisaría. Dijo que se la entregaron sin esposas, ni vendas y se movía por sus propios medios a pesar de las torturas sufridas.
Ese mismo día, Magliaro fue llevada a Aeroparque y subida a un avión militar Sesna. Después de dos horas, la nave aterrizó en la pista de tierra del GADA 601. Berazay entregó a la estudiante al capitán Rezett, quien le dio a cambio un recibo con su firma y la aclaración “Cap S2 AGR ADA 601”, que aclaraba su grado militar (capitán), la sigla que representa la división inteligencia (S2) y el destino, la agrupación que comandaba Barda.

Enfrentamiento fraguado

Lo primero que supieron los padres de Analía fue que su hija estaba detenida en la comisaría 34 de Capital Federal. Hasta allí fueron con ropa y comida, pero no pudieron verla. Supieron que estaba allí porque el oficial que los atendió les habló de la enfermedad de un familiar, información que sólo Analía podía saber.
Juan Alberto Magliaro, es el hermano de Analía y en el juicio contra Barda contó que el 21 de septiembre de 1976 dos móviles policiales llegaron hasta su casa. Les entregaron una nota que decía que Analía estaba muerta y que tenían 48 horas para retirar el cuerpo que estaba en Mar del Plata.
Juan Alberto viajó esa misma noche con su otro hermano. En la comisaría cuarta se entrevistaron con un oficial que los llevó hasta el cementerio de la Loma para reconocer el cadáver. Les dijeron que había sido baleada en un enfrentamiento con Fuerzas de Seguridad.
Analía presentaba quemaduras en las muñecas y en los tobillos, tenía tres disparos en tórax, abdomen y zonas bajas. Vestía ropa varios talles más grandes que el suyo y tenía un pañuelo anaranjado atado al cuello. Los hermanos se llevaron el cuerpo a La Plata, donde fue sepultado el 24 de septiembre de 1976.

Las audiencias serán miércoles, jueves de testimoniales. Viernes Alegatos

Por Federico Desántolo

DOS NUEVOS JUICIOS ORALES

Arrancarán el 16 de febrero y el 2 de mayo próximos, ante el TOF de esa ciudad. Se investigan crímenes de lesa humanidad en perjuicio de 86 víctimas. En total son 17 imputados

El Tribunal Oral Federal Nº1 de Mar del Plata fijó las fechas de inicio de dos nuevos juicios orales por delitos de lesa humanidad .

El primero de ellos arrancará el 16 de febrero, y estará encabezado por los jueces Roberto Atilio Falcone, Mario Alberto Portela y un tercer juez a designar.

En este caso se investiga al coronel retirado Fortunato Valentín Rezett, acusado por el homicidio de Ana Lía Magliaro, ocurrido en el año 1976.

En tanto, el segundo debate comenzará el 2 de mayo y el tribunal estará integrado por los magistrados Alfredo Ruiz Paz, Lidia Soto y Elvio Osores Soler(tribunal de San Martin).
Se investigan hechos en perjuicio de 85 víctimas ocurridos en la Comisaría Cuarta de la ciudad de Mar del Plata y el Centro Clandestino de Detención “La Cueva” (ex radar Base Aérea Mar del Plata), así como también en la Comisaría Primera y en la Subcomisaría Villa Díaz Vélez de Necochea.
Se encuentran imputados: Leandro Edgar Marquiegui, Alfredo Manuel Arrillaga, Aldo Carlos Maspero, Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Toccalino, Ernesto Alejandro Agustoni, José Carmen Beccio, Gregorio Rafael Molina, Nicolás Miguel Caffarello, Marcelino Blaustein, Ernesto Orosco, Adriano Argüello, Fortunato Valentín Rezett, Aldo José Sagasti, Héctor Carlos Cerutti, Mario Jorge Larrea y Héctor Francisco Bicarelli.

Durante la investigación se acumularon las siguientes causas:
a) Nro. 2278 (y su acumulada Nº 2300) caratulada “CAFFARELLO, Nicolás Miguel delito c/Dcho. de Gentes”.
b) Nro. 2301 (y sus acumuladas 2325 y 2345) caratulada “BICARELLI, Héctor Francisco S/Inf. Arts. 141 y 144 ter C.P.”.
c) Nro. N° 2380 caratulada “MARQUIEGUI, Leandro E. – ARRILLAGA, Alfredo M. – MÁSPERO, Aldo – BOCALANDRO, Roberto A – BLANCO, Eduardo – TOCCALINO, Jorge – AGUSTONI, Ernesto A. – BECCIO, José y otros s/Homicidio Calif., etc".
d) Nro. 2405 caratulada “OROSCO, Ernesto – TOCCALINO, Jorge – CERUTTI, Héctor – REZETT, Fortunato – MÁSPERO, Aldo – BLANCO, Eduardo – ARRILLAGA, Alfredo – MARQUIEGUI, Leandro s/Inf. arts. 141 y 144 ter C.P.” (Nº 17807 “Ernesto Orosco y otros s/Inf. arts. 141 y 144 ter C.P. (Comisaría IV)”.

Quedaron exentos de este proceso por enfermedad o fallecimiento: Pedro Alberto BARDA, Roberto Atilio BOCALANDRO, Manuel ASAD.

Unos días de playa mientras esperan el día del juicio

Son cuatro militares procesados por crímenes de lesa humanidad en la ciudad de Bahía Blanca, que cuentan con autorización judicial para viajar y disfrutar del verano en esta ciudad

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca no aceptó el requerimiento hecho por la Unidad Fiscal Especial de adelantar la feria judicial con el fin de adelantar todo lo que resulte necesario para fijar la fecha de juicio oral de las causas “04/07” y “05/07” por crímenes de lesa humanidad cometidos por miembros del Ejército y de la Armada durante la última dictadura cívico militar. No obstante, resolvió en un santiamén concederle a cuatro de los imputados permisos para que puedan disfrutar de unas vacaciones en las playas marplatenses.
El tribunal federal bahiense tendría que haber determinado antes de fin de año las fechas de los juicios orales para juzgar los crímenes cometidos por el Quinto Cuerpo del Ejército y la Armada, pero a pesar de que la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento de cada uno de los imputados, el comienzo de los juicios es todavía un misterio.
En medio de esta polémica por la falta de compromiso de algunos jueces para cumplir con su trabajo y dictar justicia, se supo que algunos de los imputados que cuentan con la excarcelación, fueron autorizados para viajar a otras partes del país para tomarse unos días de vacaciones. Tal es el caso de los capitanes de Navío Oscar Castro y Hernán Lorenzo Payba, quienes estuvieron en esta ciudad en los últimos días. A las ilustres visitas se suman, el capitán de Navío Hugo Mac Gaul y el coronel retirado Carlos Andrés Stricker quienes disfrutarán del sol y las playas marplatenses.
Oscar Castro tiene 79 años y entre 1975 y 1978 revistió en el Comando de Operación Naval con asiento en Puerto Belgrano. Los fiscales de las causas “04/07” y “05/07” aseguran que en 1976 comandó la Fuerza de Apoyo Anfibio que conformaba a su vez la Fuerza de Tareas 2 a cargo de la seguridad y de la Inteligencia con jurisdicción en los edificios, instalaciones y establecimientos dentro del perímetro de la Base Naval Puerto Belgrano incluyendo Puerto Rosales; el partido de Coronel Rosales; la zona del Partido de Bahía Blanca y la zona portuaria de Ingeniero White, Cuatreros y Galván. Se retiró de la Armada en 1980.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal le permitió a Castro pasar entre el 12 y 17 de diciembre, unos días de vacaciones hospedado en el Hotel Antartida, ubicado en el centro de esta ciudad
El capitán de Navío retirado Hernán Payba, también paseó sus 75 años, por “La Feliz”. Ayer abandonó la casa de la calle Urquiza al 3400, donde se hospedaba desde el 23 de diciembre.
Payba fue detenido el 23 de noviembre de 2009 acusado de más de 20 privaciones ilegitimas de la libertad, de más de una docena de casos de aplicación de tormentos y ocho homicidios. Fue excarcelado tras pagar la caución impuesta y actualmente vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mac Gaul habría llegado a Mar del Plata con el año nuevo y tiene autorización judicial para quedarse hasta el 28 de febrero. Ocuparía un departamento en la calle Tucumán al 2300.
El capitán de Navío retirado de 83 años, está procesado en la causa “04/07”. Se lo considera responsable de la suerte que corrieron al menos 17 detenidos por motivos políticos durante la última dictadura cívico militar. Desde febrero de 1979 hasta su retiro se desempeñó como jefe de la Agrupación Logística de la Secretaría General Naval en la Presidencia de la Nación.
El último en llegar e irse será el coronel retirado Carlos Andrés Stricker. El próximo 10 de enero debería ocupar un departamento ubicado en Belgrano al 2200. Allí permanecerá hasta el 10 de marzo.
Stricker, de 72 años, es el más joven los cuatro veraneantes. A diferencia de sus camaradas, está procesado en la causa “05/07” perteneciente al Ejército y en la “04/07” de la Armada.
Desde diciembre de 1974 y por dos años seguidos, Stricker se desempeñó como segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 181.
Al igual que ocurrió cuando el comisario retirado de la Policía de Mendoza, Eduardo Smaha Borzuk intentó veranear hace dos años en Mar del Plata, los organismos de derechos Humanos pedirán al Concejo Deliberante de General Pueyrredon que declare personas no grata a los cuatro militares procesados por los crímenes perpetrados en Bahía Blanca.
Smaha Borzuk se desempeñó como integrante del Servicio de Inteligencia de la Policía de Mendoza (D2). Lo llamaban el “Tigre Acosta de Mendoza” en comparación con el feroz represor que actuó en la ESMA. Está imputado de innumerables crímenes, entre ellos, su participación en la desaparición del poeta, periodista y militante montonero Paco Urondo. En diciembre de 2008, la justicia lo autorizó a pasar unos días en Mar del Plata, pero por presión de los organismos de derechos humanos, el Concejo Deliberante lo declaró persona no grata y el represor tuvo que suspender sus vacaciones en la playa.

Tambien concedio vacaciones a:

Causa 05/07 autorizados por el Juzgado Federal Nº 1 :
LAWLESS, Alejandro: Villa Gesell (desde el 26 al 30/12/10)
MARJANOV, Alejandro Osvaldo: Pcia. de Santiago del Estero (desde el 26 al 27/10/10; Córdoba hasta del 30/10/10 y Buenos Aires del 3 al 9/11/10)
GANDOLFO, Ricardo Claudio: Mar de las Pampas (desde el 4 y 5/9/10 y Ciudad de Libertador General San Martin ‘Centro Adventista de Vida Sana’ desde el 20 al 28/11/10)
ARROYO, Carlos Alberto: El Calafate (desde el 28 al 1/11/10)
STRICKER, Carlos Andrés: Mar del Plata (desde el 10/1/11 al 10/3/11).

Causa 04/07 (ARMADA) autorizados por el Juzgado Federal nro. 1

MAC GAUL, Hugo. Mar del Plata (desde el 1/1/11 al 28/2/10)
CARRIZO, Teodoro: Puerto Madryn (desde el 12 al 25/11/10)
MARTIN, Ángel Lionel: Cariló (desde el 10 al 14/9/10)
CASTRO, Oscar: Mar del Plata (desde el 12 al 17/12/10)
PAYBA, Hernán Lorenzo: Mar del Plata (desde el 23 al 28/12/10)
PADULA, Carlos Alberto: Miramar (desde el 3/2/11 al 3/3/11)
DE LEÓN, Enrique: Panamá (desde el 30/11/10 al 16/12/10).
LAWLESS, Alejandro: Villa Gesell (desde el 26 al 30/12/10)

Por Federico Desántolo

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ESTÁN PRÓFUGOS Y TIENEN CAPTURA INTERNACIONAL

Se cierra el cerco sobre ex miembros de la CNU

Se trata de nueve integrantes de la organización de ultraderecha que actuó en la década del 70. Entre los señalados se encuentra el ex Fiscal Federal Gustavo Modesto Demarchi. Con esta medida se sienta jurisprudencia sobre la responsabilidad de civiles en delitos de lesa humanidad durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón


Nueve ex miembros de la organización de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria (CNU), están siendo buscados por la Justicia imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos en Mar del Plata durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón. El viernes a última hora el juez Federal Rodolfo Pradas, luego de que se allanaran viviendas y comercios de los imputados, los declaró en rebeldía y dictó la captura de orden nacional e internacional.

Entre los prófugos aparece Gustavo Modesto Demarchi, reconocido abogado local que actuó como fiscal Federal en aquella época y que se postuló como candidato a intendente por el Partido Justcialista en 1983.

Según una alta fuente judicial, se allanaron los domicilios particulares de Gustavo Demarchi y Piero Asaro; como así también la librería propiedad de este último.
La orden de detención fue emitida por Pradas el pasado martes, luego que la semana anterior la Cámara Federal de Apelaciones hubiera negado la eximición de prisión presentada por algunos de los imputados.
Según se pudo determinar, de los siete buscados, dos de ellos estarían ocultos en Mar del Plata. Se trata, además del ex fiscal Demarchi; del reconocido empresario librero local Piero Asaro, quien fuera Presidente de la Cámara del Libro del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires. Cabe destacar que en relación a los rumores de que Demarchi estaría fuera de país, desde la investigación confirmaron que los puestos fronterizos negaron esta situación.
Por su parte, Fernando Otero, quien fuera condenado en 1975 por el asesinato del diputado nacional por San Juan, Ramón Rojas, no ha sido localizado por los investigadores.
En relación a Patricio Fernández “El Manco” Rivero –en aquel entonces jefe de la CNU a nivel nacional- estaría siendo buscado en la provincia de Córdoba; mientras que Mario Durquet no fue hallado en ninguno de los tres allanamientos realizados en La Plata. Raúl Viglizzo y Raúl Moleon, fueron buscados en varios domicilios.
Casos particulares son los de Fernando Federico Delgado y Eduardo Salvador Ullúa, ambos permanecen prófugos de la Justicia desde 2008 cuando fueran imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en el centro clandestino de detención “La Cueva”, que funcionaba en la Base Aérea marplatense.



El primer antecedente del abogado Ullúa se remonta a diciembre de 1971 cuando fuera involucrado en el crimen de la estudiante de arquitectura Silvia Filler. En democracia fue condenado a prisión por la causa de narcotráfico conocida como “Operación Langostino”. En la cárcel se recibió de abogado y una vez en libertad trabajó para el sindicato vitivinícola de Mendoza. Su último domicilio legal figura en aquella provincia.
Los siete buscados están imputados de “homicidio calificado por el concurso de dos o más partícipes” y en los hechos que se le imputan, está comprobado que actuaron con colaboración de miembros de la CNU de La Plata y la Triple A.
Además, en el pedido de indagatoria realizado hace más de un año por el entonces fiscal Adrián Guillermo Pérès, se explica que “Las constancias arrimadas a la causa permiten afirmar, con la precariedad propia de esta instancia procesal, que Ernesto Piantoni, Eduardo Cincotta, Gustavo Demarchi, Raúl Viglizzo, Juan Carlos Gómez, Carlos González, Eduardo Salvador Ullúa, Daniel Ullúa, Oscar Corres, Mario Durquet, Marcelo Arenaza, Beatriz Arenaza, Fernando Delgado, José Luis Piatti, Nicolás Caffarello, Piero Asaro, Juan Carlos Asaro, José Luis Granel, Roberto Coronel, Roberto Justel, Ricardo Oliveros y Fernando Otero, entre otros, conformaron una asociación ilícita enmascarada en la agrupación CNU, valiéndose para ello de su pertenencia activa a la misma, o en algunos casos, a una estrecha ligazón con dicho grupo”.
A la vez que agrega: “Los nombrados, se agruparon con un claro objetivo delictivo destinado a cometer una serie de ilícitos indeterminados (desde homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, como así también robos calificados por el uso de armas, sustitución de chapas patentes de los vehículos que utilizaban para cometer los distintos hechos de persecución política, falsificación de documentos, uso de documentos y/o credenciales falsas; intimidaciones públicas, incendios dolosos, coacciones, robos de automotores y otros injustos) con una clara voluntad de persecución hacia los militantes de izquierda”.
Desde el lunes pasado el juez Rodolfo Pradas dictó el secreto de sumario en la causa. Ninguno de los imputados fue hallado en los lugares que solían frecuentar.

Fuera del proceso judicial por estar fallecidos, quedaron José Luis Piatti, Josue Catuogno y el ex de inteligencia Ricardo Oliveros.

Cinco por uno
Pasadas las dos de la tarde del 20 de marzo de 1975, el abogado Ernesto Piantoni, uno de los líderes de la CNU, muere en la clínica Modelo. Horas antes, cuando se dirigía a su casa a bordo de su auto Citröen fue interceptado en la calle Formosa entre Olavarría y Güemes por un Peugeot 504. Una ráfaga de ametralladora lo dejó muy mal herido y no hubo forma de salvarle la vida.
Las primeras noticias hablaron de un ataque por parte de Montoneros, pero también se rumoreó una interna entre miembros de la Unión Obrera Metalúrgica, que tenían muy buena relación con militantes de la CNU.
La madrugada del 21 de marzo, a horas del sepelio de Piantoni un grupo armado conformado por personas de entre 24 y 30 años irrumpió en la vivienda de la calle España 856, la venganza por la muerte Piantoni había comenzado. Se identificaron como policías e hicieron bajar a todos los moradores de la casa. El “cinco por uno” estaba en marcha.
Enrique “Pacho” Elizagaray era el principal referente de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) en Mar del Plata e hijo de Carlos Alberto Elizagaray, senador provincial. Horas antes de su asesinato, el periodista Juan Gasparini, le había advertido que se ocultara en un lugar seguro porque sabía que habría represalias por el crimen de Piantoni. “Pacho” pensó que la casa de sus tíos, la familia Videla, sería un buen escondite.
Cuando el grupo armado irrumpió en la casa de la calle España, Elizagaray intentó huir por los techos. Algunas de las personas salieron a la terraza y dispararon sus armas automáticas. “Pacho” murió de forma instantánea.
Jorge Enrique Videla Yanzi y sus hijos Jorge Lisandro (22) y Guillermo Enrique (16) ­–propietarios de la vivienda- fueron subidos a los autos que esperaban en la calle. La única sobreviviente, declaró que cuando se llevaban a su esposo e hijos escuchó que uno de ellos estaba herido, entonces un integrante del grupo dijo: “Éste está herido, dale otro tiro”.
Los cuerpos de los Videla fueron hallados en el paraje Montemar, en cercanías del aeropuerto de Mar del Plata, y reconocidos por el senador Elizagaray. Jorge Lisandro tenía 57 heridas de bala; su hermano Guillermo, 27 y su padre Jorge Enrique, 33. Elizagaray, que quedó muerto en la casa de la calle España, presentaba 23 balazos.
Según consta en la resolución firmada por los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra en 2008, los jóvenes “de saco y corbata” que llegaron hasta la casa de la familia Videla habían salido del velatorio de Piantoni. Eduardo Ullúa, Carlos “Flipper” González, Mario Durquet, Gustavo Demarchi, Fernando Delgado, Patricio Fernández Rivero, José Luis Piatti, Raúl Viglizzo y Raúl Molleón. Todos los integrantes de la CNU salieron a vengar la muerte de su líder.
Los jueces citan el testimonio de un testigo que durante el velatorio de Piantoni escuchó a José Luis Piatti decir “ahora van a ver…, pero nosotros ahora santitos en el velorio”. Además vio que en cercanías de la funeraria había muchos autos de los cuales asomaban armas largas.
Otra declaración asegura que Demarchi y Piatti salieron del velatorio del abogado y que con ellos estaba Patricio Fernández Rivero, líder de la CNU a nivel nacional. Un cuarto hombre podría haber sido Jorge “Polaco” Dubchak miembro de la Triple A y de la custodia de Lorenzo Miguel.
Fernández Rivero fue reconocido por otro testigo esa misma noche. El líder de la CNU a nivel nacional tenía una seña particular inconfundible: sufrió un grave accidente que le costó el brazo izquierdo cuando el auto repleto de armas en el que viajaba volcó a pocas cuadras del edificio donde funcionaba el Ministerio de Bienestar Social en Buenos Aires.
Por su parte, Dubchak –miembro del CNU de La Plata- fue ultimado de un disparo en las instalaciones de la UOM cuando osó agredir a Lorenzo Miguel, quien le había regalado un auto blindado a Juan Manuel Abal Medina. Sobre el final del “Polaco” hay varias versiones, la más firme asegura que fue descuartizado y quemado en un horno dentro del mismo edificio de la UOM.
El 19 de mayo de 1975, el fiscal federal Gustavo Demarchi pide el sobreseimiento de a causa caratulada homicidio por no hallar elementos suficientes. Dos días después, el juez González Etcheverry da lugar al pedido del fiscal.
El cirujano Bernardo Alberto Goldemberg fue otra de las víctimas de la venganza por la muerte de Piantoni. La misma madrugada del 21 de marzo un grupo de personas jóvenes armados con ametralladoras lo secuestró en su casa de la calle Falucho 3634 en presencia de su esposa. Su cadáver fue hallado en el camino viejo a Miramar con 42 heridas de bala. Según la autopsia murió por estallido de cráneo y destrucción de corazón, hígado y diafragma. El 25 de abril, el juez González Etchevrri sobresee provisionalmente la causa Goldemberg.

“Los perdono, no saben lo que hacen”
María del Carmen Maggi está de rodillas. A su alrededor, al menos seis jóvenes la apuntan con armas de fuego. “Los perdono, no saben lo que hacen”, dice antes de que suene la estampida. Los disparos se suceden sin interrupciones hasta acribillarla. Uno de sus matadores no soporta la escena dantesca y vomita.
Era mayo de 1975. La secretaria general de la Universidad Católica y decana de la Facultad de Humanidades había sido secuestrada por un grupo jóvenes que se movilizaban en tres autos –un Peugeot 404, un Chevrolet 400 oscuro y otro vehículo que no fue identificado-. Con su casa de Maipú al 4000 rodeada y ante la amenaza de disparar sobre sus padres, María del Carmen, decidió salir. Eran las 2 de la madrugada del 9 de mayo.
Un testigo con reserva de identidad señaló a Carlos “Flipper” González, Eduardo Ullúa, Mario Durquet, Fernando Delgado, José Luis Piatti y Piero Asaro, como autores del violento secuestro de “Coca”. El mismo declarante reconoció en el único identikit confeccionado durante la investigación, el rostro de Carlos González.
Su relato, además, reveló que Mario Durquet confesó haber matado a Maggi.
El crimen de María del Carmen Maggi lleva el sello de la Concentración Universitaria Nacional. La Justicia Federal tomó intervención en el hecho ante la denuncia de los familiares. El 11 de junio de 1975, el fiscal Federal Gustavo Modesto Demarchi le pidió al juez que se cerrara la investigación. El cuerpo de María del Carmen aún no había aparecido y no existían responsables por lo sucedido.
El cadáver de “Coca” Maggi fue encontrado, de manera casual, en cercanías a la Laguna de Mar Chiquita, un día antes del golpe militar de 1976. Es en este momento cuando, una vez más se demuestra el vínculo entre la Justicia Federal, y en particular del entonces fiscal Demarchi con los crímenes de la CNU. Insólitamente ni el juez, ni el fiscal creyeron conveniente reabrir la causa Maggi una vez aparecido el cadáver.


Otros crímenes

*25 de abril de 1975. Sobre la avenida Edison, a unos tres kilómetros de Mario Bravo, se encontró un Peugeot 504 gris íntegramente quemado. En el asiento trasero se encontraba el cuerpo calcinado del contador público Daniel Gasparri. A unos metros, estaba tendido el cuerpo sin vida de Jorge Alberto Stoppani con innumerables impactos de bala. Responsables: Carlos “Flipper” González, Mario Durquet, Eduardo Ullúa, Fernando Delgado, José Luis Piatti y Fernando Otero.
*5 de junio de 1975. El cadáver del profesor Roberto Sanmartino fue hallado en Colón y 202 con 30 impactos de bala. Horas antes, había sido secuestrado en la puerta de la Facultad de Psicología. Un mes y medio después el procurador fiscal cerró y archivó la causa.
*12 de junio de 1975. El arquitecto Víctor Hugo Kein y el estudiante Jorge Osmar Dell Arco fueron secuestrados del estudio ubicado en Rivadavia al 2600. A las pocas horas, en las calles 78 y 192 se encontró el cadáver de Kein con 15 heridas de bala. Tenía las manos atadas y los ojos vendados. Sobre la ruta 226, a la altura del kilómetro 7, se halló a Dell Arco muerto por seis disparos. Su cuerpo estaba semiquemado y sus manos atadas.
*14 de febrero de 1976. A las 2.30 fue secuestrado de su vivienda situada en Francia al 1700, Roberto Alejandro Wilson. Su mujer pudo reconocer a dos de ellos, pero en la seccional cuarta nunca le mostraron identikits. Wilson, junto a un grupo de trabajadores del frigorífico San Telmo, llevaba adelante un reclamo laboral.
*13 de marzo de 1976. Juan Manuel Horacio Crespo fue muerto a balazos en el taller de reparación de motocicletas de Moreno al 3800, cuando intentó resistirse a ser secuestrado. Sus asesinos, que se trasladaban en un Ford Falcon azul, volvieron sobre sus pasos, dispararon nuevamente y mataron a Emilio Azorín, quien también se encontraba en el lugar.
*15 de marzo de 1976. Cerca de las 19, Guillermo Nisembaum y Ricardo Leventi, que se trasladaban a bordo de un Citroën, fueron interceptados en San Luis y Alberti por un Ford Falcon azul. Intentaron huir. Sin embargo Leventi fue alcanzado, ofreció desesperada resistencia y corrió hasta un terreno baldío. Se oyó un disparo, y un tiro de una Itaka impactó sobre la espalda de Leventi. Salvó su vida de milagro. Para la Justicia fue sólo “abuso de armas y lesiones leves.

Por A.N./C.La.

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LOS JUICIOS A LOS GENOCIDAS LOS HACEMOS ENTRE TOD@s
Los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado durante la última dictadura cívico-militar están siendo juzgados. Hay sólo tres sinónimos de la palabra "lesa": "herida", "dañada", "agraviada". De modo que cuando nos referimos a los crímenes del Estado como de "lesa humanidad" estamos diciendo que ese Estado, con sus crímenes, ha herido, agraviado, dañado a la humanidad.
Informacion para asistir a las audiencias:
Las Audiencias son orales y públicas, por lo que pueden ser presenciadas por mayores de 18 años, que se acrediten con DNI, cédula ó pasaporte, media hora antes de las audiencias.El tribunal esta en av.Luro 2455 (e/Santiago del Estero y Santa Fe (frente al correo))
Las audiencias son LUNES y MARTES a las 10hs.En septiembre 28.
Octubre 5-6-12-18-19-25 y 26.
Noviembre 1-2-8-9. CONCURRA.

Causa “LA CUEVA”
Se elevo a juicio

vista del CCD, que funcionó dentro de la base aérea, Mar del Plata

Diez militares y un civil se sentarán en el banquillo de los acusados. Otros dos imputados murieron y un tercero tiene una enfermedad mental degenerativa.

El juez federal Alejandro Castellanos elevó a juicio oral la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en “La Cueva”, el centro clandestino de detención (CCD) que funcionó en la Base Aérea local. El juicio que tendrá a nueve militares y un civil sentados en el banquillo de los acusados podría comenzar en la segunda mitad del año que viene.
En la causa figuran trece imputados, entre miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y civiles que integraron los grupos de tareas de la represión estatal. A juicio sólo llegarán, hasta el momento, diez. El abogado y ex miembro de la CNU Eduardo Cincotta, a quien se le imputa la participación necesaria en privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia; imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos y homicidio doblemente calificado por ensañamiento y alevosía, murió en octubre del 2009, luego de pasar un año en la cárcel.
Por su parte el coronel retirado Pedro Alberto Barda padece una enfermedad mental degenerativa que impide su juzgamiento. Por último, otro de los acusados, el ex coronel Roberto Atilio Bocalandro murió el último 2 de septiembre, víctima de un accidente doméstico.
Por el CCD La Cueva que funcionó en la estructura subterránea del viejo radar de la Base Aérea militar de Mar del Plata se estima que pasaron unas 200 personas, pero la causa instrumentada por el juez Castellanos sólo se acotó a 50 víctimas, de las cuales 20 se encuentran desaparecidas y dos –los abogados Norberto Centeno y Jorge Candelero-, fueron asesinados.
A los diez imputados se los acusa de privación ilegitima de la libertada gravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia; aplicación de tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.
La Cueva fue una de los CCD que funcionó en la ciudad durante la última dictadura cívico militar. La responsabilidad operativa estaba a cargo de miembros de la Fuerza Aérea y Ejército. Allí fueron alojados, entre otros, los abogados secuestrados durante la tristemente celebre “Noche de las Corbatas”.
Entre junio y julio de 1977 fueron desaparecidos nueve abogados. Jorge Candeloro fue secuestrado en Neuquén junto a su esposa Marta García. Corrieron la misma suerte los abogados Norberto Centeno, Tomás Fresneda y su esposa Mercedes Argañaraz -embarazada al momento de su secuestro-, Salvador Arestín, Raúl Hugo Alais Camilo Ricci y Carlos Bozzi, estos dos últimos lograron sobrevivir.
El juez Castellanos por recomendación de la Cámara Federal resolvió considerar la imputación de homicidio a los acusados por cada una de las veinte personas que permanecen desaparecidas.
Fuentes judiciales informaron que el juicio oral y público podría comenzar en la segunda mitad de 2011. El tribunal podría estar compuesto por jueces de La Plata, San Martín o Bahía Blanca.
Por su parte las querellas estarán representados por los abogados César Sivo, en representación de la APDH, Gloría León (por Centeno y Alais)y por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.


Víctimas

Los diez imputados deberán responder por lo ocurrido con las 50 víctimas que pasaron por “La Cueva”.

- Jorge Candeloro y Norberto Centeno. La justicia determinó que fueron asesinados

- Tomás Fresneda, Mercedes Argañaraz de Fresneda, Raúl Alais, Salvador Arestín, Eduardo Martínez Delfino, Roberto Allamanda, Alicia Peralta, Jorge Vázquez, María Carolina Jacué Gaitán, Mercedes Lohng, Rubén Darío Rodríguez, Máximo Remigio Fleitas, Jorge Toledo, Juan Roger Peña, Angel Haurie, Federico Guillermo Báez, Domingo Luis Cacciamani, Mirta Giménez, Héctor Giménez y Rubén Starita permanecen desaparecidos.

- Marta García de Candeloro, Carlos Bozzi, Camilo Ricci, Carmen Barreiro, Alberto Muñoz, Eduardo Salerno, Alfredo Battaglia, Julio Víctor Lencinas, Julio César D'Auro, Eduardo Félix Miranda, Lucía Martín, Luis Alberto Demare, Gustavo Soprano, Marcelo Garrote López, Guillermo Gómez, Rafael Molina, Luisa Bidegain, María Esther Otero, Ángel Cirelli, Néstor Fazio, Margarita Ferré, Jorge Porthe, María Martínez Tecco, Héctor Gómez, Pedro Alejandro Dondas, Pedro Daniel Espiño, Pablo Vega y Jorge Medina, lograron sobrevivir.

Represores imputados:

Los aeronáuticos -

Ernesto Alejandro Agustoni (85). Con el grado de comodoro fue jefe de la Base Aérea desde diciembre de 1975 hasta septiembre de 1977.

- Jorge Carmen Beccio (76). Como vicecomodoro, fue segundo jefe de la Base Aérea y tuvo a su cargo el Escuadrón de Tropas, situado a 400 metros de "La Cueva".

- Suboficial Gregorio Rafael Molina (66). Según su legajo, entre el '76 y el '77 "se desempeñó por circunstancias especiales en la sección inteligencia de la unidad. CONDENANDO EN JULIO 2010 A RECLUSION PERPETUA, causa Molina.

Los militares procesados-

Jorge Luis Toccalino (77). Con el grado de teniente coronel, fue jefe de operaciones en el GADA 601 desde enero de 1975.

-Eduardo Jorge Blanco (74). Era teniente coronel cuando ejerció la subjefatura del GADA 601 y la jefatura de la Plana Mayor.

-Roberto Atilio Bocalandro (78). Con el grado de coronel fue jefe del GADA desde diciembre de 1976 Murio el 2/9/2010

-Aldo Carlos Máspero (80). Con el grado de coronel, fue comandante de la Agrupación de Artillería Aérea (ADA 601) desde 1977.

-Alfredo Manuel Arrillaga (77). Con los grados de mayor y de teniente coronel y ejerció funciones como jefe de Operaciones de la Agrupación ADA 601. Esta siendo juzgado en la causa Base Naval 1
-Leandro Edgard Marquiegui (81). Como teniente coronel fue segundo jefe de Operaciones hasta 1976 y jefe de Inteligencia del GADA 601 hasta 1979.

-Alberto Pedro Barda. Jefe del GADA 601 entre febrero del 76 a noviembre del 77. NO SERA JUZGADO POR ENFERMEDAD

Los civiles

- Nicolás Miguel Cafarello (56). Personal civil del Ejército. Cumplió funciones en el servicio de inteligencia a partir de marzo de 1976 y se desempeñaba como custodio y chofer de Arrillaga

- Eduardo Cincotta (62). Abogado. perteneció a la CNU, murió en octubre 2009

Solo los represores Gregorio Molina y Nicolás Cafarello se encuentran detenidos en unidades carcelarias. El resto goza del arresto domiciliario.

Segui el Juicio en: http://juiciobasenaval1.blogspot.com/

LOS JUICIOS A LOS GENOCIDAS LOS HACEMOS ENTRE TOD@s

Los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado durante la última dictadura cívico-militar están siendo juzgados. Hay sólo tres sinónimos de la palabra "lesa": "herida", "dañada", "agraviada". De modo que cuando nos referimos a los crímenes del Estado como de "lesa humanidad" estamos diciendo que ese Estado, con sus crímenes, ha herido, agraviado, dañado a la humanidad.

Informacion para asistir a las audiencias:

Las Audiencias son orales y públicas, por lo que pueden ser presenciadas por mayores de 18 años, que se acrediten con DNI, cédula ó pasaporte, media hora antes de las audiencias.

El tribunal esta en av.Luro 2455 (e/Santiago del Estero y Santa Fe (frente al correo))

Las audiencias son LUNES y MARTES a las 10hs.
En septiembre las fechas 6-7-20-27 y 28. CONCURRA.

Juicio Base Naval 1

Tres de los cinco militares imputados serán juzgados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. Los dos restantes padecen una enfermedad mental degenerativa.

El próximo 9 de agosto a partir de las 10 de la mañana comenzarán a ser juzgados tres militares acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención (CCD) que funcionó en la Base Naval de esta ciudad durante la última dictadura cívico militar. Otros dos imputados por los mismos delitos no serán juzgados por sufrir una enfermedad mental degenerativa.

Durante el debate que, se estima, durará hasta mediados de noviembre se tratará la parte una de la mega causa conocida como Base Naval. En esta ocasión se juzgara a los responsables de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos en nueve casos. Además se juzgan a los responsables de siete homicidios calificados por el concurso de dos o más personas.

En la causa figuran cinco imputados –dos miembros del Ejército y tres de la Armada-, pero sólo tres se sentarán en el banquillo. Se trata del ex general de brigada Alfredo Manuel Arrillaga, del ex capitán de navío Justo Ignacio Ortiz y del contralmirante Roberto Luis Pertusio. El ex coronel Pedro Alberto Barda y el marino Juan Carlos Malugani no serán juzgados. Ambos están afectados por una enfermedad mental degenerativa.

Militares y marinos están imputados por los secuestros, torturas y, en algunos casos, homicidios perpetrados contra Liliana Retegui, Patricia Lazzeri, Liliana Iorio, Omar Tristán Roldán, Delia Elena Garaguso, Juan Raúl Bourg, Alicia Rodríguez de Bourg, y las sobrevivientes Nancy Carricabur y Stella Maris Nicuez.

El tribunal estará conformados por los jueces platenses Nelson Jarazo, Alejandro Esmoris y Jorge Michelli. El Ministerio Público estará representado por el fiscal federal general Daniel Adler y como querellantes figuran los abogados Gloria León, Cesar Sivo y la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Se estima que la etapa de debate se extenderá hasta mediados de noviembre y las audiencias tendrán lugar dos días a la semana, probablemente lunes y martes, también tendrá alrededor de 60 testigos
Base Naval 1 es el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Mar del Plata. El primero, que condenó a prisión perpetúa al ex suboficial de la fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina, finalizó 15 días atrás.

Caso Regine

La causa “Regine” en la que se investiga la participación de dos militares y de un ex marino en el secuestro con imposición de tormentos de Luis Salvador Regine también será juzgada en este juicio.

Los imputados son el ex coronel Pedro Alberto Barda (quine no será juzgado por problemas de salud), el ex capitán de navío Justo Alberto Ignacio Ortíz y el ex general de brigada Alfredo Manuel Arrillaga.

La causa se inició en 2006 con la denuncia de Luis Regine y su esposa, Margarita Isabel Segura. A Barda, Ortíz y Arrillaga se les imputa haber participado de un operativo realizado el 24 de marzo de 1976, cuando personal militar irrumpió en la casa del matrimonio y retuvo en el lugar a la pareja, a su hijo y a la suegra de Regine.

Regine fue trasladado a la Base Naval y torturado mediante inmersión en un recipiente con agua hasta su sofocación.

Más tarde, Regine fue liberado tras informársele que el operativo había sido una confusión, ya que buscaban a Diego Ibáñez dirigente del Sindicato Unido de Petroleros (SUPE), quien habría vivido en la misma casa muchos años antes.

IMPUTADOS

Alberto Pedro Barda
(Jefe del GADA 601-Ejército)

Está imputado por privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas de Liliana Retegui, Patricia Lazzeri, Liliana Iorio, Nancy Carricabur y Stella Maris Nicuez, Omar Tristan Roldan, Delia Elena Garaguso, Juan Raúl Bourg y Alicia Rodríguez de Bourg; imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos de los que resultaran víctimas Liliana Retegui, Patricia Lazzeri, Liliana Iorio, Nancy Carricabur y Stella Maris Nicuez, Omar Tristan Roldan, Delia Elena Garaguso, Juan Raúl Bourg y Alicia Rodríguez de Bourg; y homicidio calificado por el concurso de dos o más personas de los que resultaran víctimas Liliana Retegui, Patricia Lazzeri, Liliana Iorio, Omar Tristan Roldan, Delia Elena Garaguso, Juan Raúl Bourg y Alicia Rodríguez de Bourg, todo ello en concurso real y en calidad de coautor.

Alfredo Manuel Arrillaga
(Jefe de Inteligencia-Ejército con el grado de General de Brigada)

Está imputado por privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas de Juan Raúl Bourg y Alicia Rodríguez de Bourg, imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos de los que resultaran víctimas Juan Raúl Bourg y Alicia Rodríguez de Bourg, y homicidio calificado por el concurso de dos o más personas de los que resultaran víctimas los mencionados Juan Raúl Bourg y Alicia Rodríguez de Bourg, en concurse real y en calidad de coautor.

Juan Carlos Malugani
(Jefe de la Base Naval-Armada)

Está imputado por privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas de Liliana Retegui, Patricia Lazzeri, Liliana Iorio, Nancy Carricabur y Stella Maris Nicuez, Omar Tristan Roldan y Delia Elena Garaguso; imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos de los que resultaran víctimas Liliana Retegui, Patricia Lazzeri, Liliana Iorio, Nancy Carricabur y Stella Maris Nicuez, Omar Tristan Roldan, Delia Elena Garaguso; y homicidio calificado por el concurso de dos o más personas de los que resultaran víctimas Liliana Retegui, Patricia Lazzeri, Liliana Iorio, Omar Tristan Roldan, Delia Elena Garaguso, todo ello en concurso real y en calidad de coautor.

Justo Alberto Ignacio Ortíz
(Subjefe de la Base Naval-Armada retirado con el grado de Capitán de Navío)

Está imputado por privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas de Liliana Retegui, Patricia Lazzeri, Liliana Iorio, Nancy Carricabur y Stella Maris Nicuez, Omar Tristan Roldan y Delia Elena Garaguso; imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos de los que resultaran víctimas Liliana Retegui, Patricia Lazzeri, Liliana Iorio, Nancy Carricabur y Stella Maris Nicuez, Omar Tristan Roldan, Delia Elena Garaguso, y homicidio calificado por el concurso de dos o más personas de los que resultaran víctimas Liliana Retegui, Patricia Lazzeri, Liliana Iorio, Omar Tristan Roldan, Delia Elena Garaguso, todo ello en concurso real y en calidad de coautor.

Roberto Luis Pertusio
(Armada, grado de contralmirante)

Está imputado por privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas de Omar Tristan Roldan y Delia Elena Garaguso, imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos politicos de los que resultaran victimas los mencionados Omar Tristan Roldan y Delia Elena Garaguso, homicidio calificado por el concurso de dos o más personas de los que resultaran víctimas los citados Omar Tristan Roldan y Delia Elena Garaguso, y en calidad de coautor, y el delito de robo agravado por haberse cometido con armas, en poblado y en banda en perjuicio de Roldán y Garaguso, en calidad de partícipe secundario, todo ello en concurso real.

Segui el Juicio en: http://juiciobasenaval1.blogspot.com/

PRISIÓN PERPETUA!!!

El tribunal falla:

Primero: desestimando el planteo articulado por la defensa en relación a la extinción de la acción penal por prescripción.

Segundo: rechazando la excepción de prescripción deducida por la defensa respecto de los hechos subsumibles en el artículo 119 del código penal.

Tercero: desestimando la articulación de nulidad parcial de la acusación formulada por la parte querellante Colegio de Abogados del departamento Judicial de Mar del Plata.

Cuarto: Condenando a Gregorio Rafael Molina a la pena de prisión perpetua por ser considerado:
Partícipe necesario en la comisión del delito de homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas; dos hechos en concurso real y de los cuales resultaran víctimas los doctores Norberto Oscar Centeno y Jorge Roberto Candelero. (Art. 80 inciso 2 y 6; Art. 55 del Código Penal).
Coautor del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por su tarea de funcionario público y por mediar violencia en 36 hechos; figura legal que concurre con la imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos (Art. 144bis inciso 1, en función del Art. 142 y del 114 ter párrafo segundo según Ley 14616; 45 y 55 del Código Penal) .

Autor del delito de violación en forma reiterada agravada por la calidad del autor encargado de la guarda de la víctima en tres hechos que concurren materialmente entre sí. (Art. 119 y 122 relación previa a la modificación por introducida por Ley 25087, 45 y 55 del Código Penal)
Autor del delito de violación en forma reiterada dos hechos y violación en grado de tentativa, un hecho. Los tres hechos agravados por la calidad del autor encargado de la guarda de la víctima y que concurren materialmente entre sí. Art. 119 y 122 relación previa a la modificación por introducida por Ley 25087, 42, 45 y 55 del Código Penal)

Todos los hechos e ilícitos enrostrados a Gregorio Rafael Molina concurren materialmente entre sí, conforme a la regla del Art. 55 del Código Penal. Como a las accesorias legales de inhabilitación absoluta y perpetua y privación, mientras dure la pena, de la Patria Potestad, de la administración de sus vienes y del derecho a disponer de ellos, con costas.

Sexto: absolviendo a Gregorio Rafael Molina en orden a los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados en relación a Luis Serra, María Eugenia Vallejo, Rubén Alberto Yansen y Susana Rosa Jacué Guitián por no haberse acreditada la autoría del nombrado en tales hechos. Sin costas.

Firmado
Juan Leopoldo Velazquez
Beatriz Elena Torterola
Juan Carlos París

Ante mí, Carlos Ezequiel Oneto, secretario.