Sub Zona 15

Comineza Mega Causa La Cueva ...

2011-06-21T08:54:00.000-07:00

Siendo las 11:30 y con la presencia de los 17 imputados comenzo en la ciudad de Mar del Plata la Mega Causa La Cueva, seguilo desde hoy en su pagina.

2011-05-15T07:09:00.000-07:00

Cayó el fomentista acusado de crímenes de lesa humanidad

Se trata de José Francisco Bujedo integrante de los grupos de tareas de la Marina y ex árbitro del fútbol local. Está acusado del secuestro y los tormentos sufridos por un militante peronista en enero de 1977

El represor de la Base Naval local durante la última dictadura cívico militar, José Francisco Bujedo, fue detenido ayer a la madrugada acusado de crímenes de lesa humanidad. El ex arbitro de fútbol y actual fomentista, se negó a declarar ante el juez Rodolfo Pradas y permanecerá alojado en un calabozo de la Policía Federal hasta que se resuelva su situación procesal.

Bujedo está imputado en la causa en que se investigan los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención (CCD) que funcionó en la Base Naval durante la última dictadura. En aquel entonces, el actual fomentista de 76 años, formaba parte de los grupos de tareas encargados de realizar inteligencia sobre militantes políticos y luego secuestrarlos.

Hasta el momento a Bujedo se le imputa la privación ilegal de la libertad agravada y los tormentos agravados sufridos por Edgardo Gabbín, ex militante del Peronismo de Base (PB) secuestrado el 11 de enero de 1977 y liberado un año después, luego de atravesar un suplicio que lo llevó por distintas mazmorras: de Mar del Plata a Buenos Aires y de allí a un barco infectado de ratas en Puerto Belgrano.

El fiscal Daniel Adler había solicitado la detención de Bujedo en 2009, pero se concretó ayer a la madrugada cuando un grupo de la Policía Federal llegó hasta la casa del ex árbitro para detenerlo. Horas más tarde, alrededor de las 15, fue llevado hasta el juzgado federal Nº 3 para ser indagado por el juez Pradas.

El marino retirado escuchó las imputaciones y prefirió guardar silencio. Al rato regresó al calabozo de la delegación de la Policía Federal donde permanecerá hasta que se resuelva su situación procesal.

El juez informó que decidió detener a Bujedo luego de escuchar la declaración pormenorizada que Gabbín brindó el jueves pasado. Pradas detalló que el testimonio de la víctima y una documentación enviada por el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor de la Armada fueron fundamentales para poner al marino tras las rejas.

Represores de negro

Hasta ayer a la madrugada cuando se vio dentro de un calabozo, Bujedo había gozado de una total impunidad. Quien supo ser uno de los mejores árbitros del fútbol local, fue también empleado del Ente Municipal de Deportes (Emder) durante la administración de Eduardo Benedetti en el gobierno de Daniel Katz(actual diputado nacional).

Su cercanía con la función pública le permitió publicar “Aprendiendo de Fútbol”, un cuadernillo de 28 páginas en el que volcó su experiencia como referí. También transmitió sus saberes en la escuela de árbitros local.

El arbitraje fue una pasión temprana. Incluso durante sus años en la Armada , siempre contó con el permiso para poder dirigir los fines de semana. Su jefe directo, dentro de la estructura represiva del Terrorismo de Estado, Ángel Narciso Racedo –“comisario Pepe” en las noches de cacería-, compartía su misma afición por el referato. Pero en la cancha se invertían los roles: Racedo asistía desde la línea y Bujedo imponía la autoridad.

En uno de esos partidos que solían dirigir se encontraron con su víctima. Edgardo Gabbín había desertado del servicio militar que cumplía en la Base Naval y había decidido volver a jugar al fútbol en Nación. El 10 de enero de 1977 se encontró con los árbitros/represores. Al día siguiente lo citaron en una vivienda del barrio San Carlos porque supuestamente iban a solucionar su problema con la ley por haber escapado a la colimba.

Bujedo y Racedo lo llevaron a la Escuela de suboficiales de Infantería de Marina, uno de los CCD que administraba la Armada. Pero al no haber lugar para un nuevo detenido, lo dejaron en la Base Naval. A partir de ese día, Gabbín comenzó un derrotero que lo puso al borde la locura: cautivo en el camarote de un barco en Puerto Belgrano pensó en quitarse la vida para terminar con el suplicio.

En febrero de 1978, Gabbín fue custodiado hasta la terminal de ómnibus de Bahía Blanca: quedaba en libertad. Lo primero que vio al llegar a Mar del Plata fue el rostro de José Francisco Bujedo. El árbitro le advirtió que no apareciera nunca más por Batán y que lo iban a estar vigilando.

En democracia, Bujedo continuó con el arbitraje y se interesó por el fomentismo. Fue presidente de la sociedad de fomento del barrio San Carlos en los noventa. Cuando se dio a conocer su pasado como integrante de la represión estatal, abandonó el cargo publico, pero siguió en la actividad.

En 1997, como vecinalista Bujedo tuvo acceso a la banca 25 en el Concejo Deliberante. Allí expuso su parecer sobre la erradicación de la “Villa de Paso”, caserío precario en medio del barrio San Carlos. En 2007 fue vicepresidente de la Casa del Fomentista, organización que nucleaba a fomentistas de la ciudad. Hasta hace pocos días, una radio FM le había dado horas de programación para que pudiera hacer su programa sobre fútbol infantil.

Para Gabbín, la vida en democracia no fue tan sencilla, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) aún lo tenía en sus archivos. Un informe de 1987 lo sindicaba, todavía, como un delincuente subversivo.

Cuando Ángel Racedo fue detenido en agosto de 2008, Bujedo supo que tarde o temprano llegaría su turno. El “escrache” realizado el mes pasado por organismos de derechos humanos fue la última señal. Después de 34 años tiene que rendir cuentas con la justicia.

por Federico Desántolo

2011-02-18T18:46:00.000-08:00

Prisión perpetua al coronel retirado Rezett

En fallo unánime los miembros del TOF 1 lo encontraron responsable del asesinato de la estudiante platense, perpetrado en 1976 en Mar del Plata en el marco del genocidio

Prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común fue la condena que recibió el coronel retirado Fortunato Valentín Rezett por haberlo hallado penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y por haber sido cometido por dos o más personas.
El veredicto, alcanzado por unanimidad de los jueces Roberto Atilio Falcone, Mario Portela y Martín Bava, fue leído en la sala del Tribunal Oral Federal Nº1, luego de las 18.

El fallo revocó la prisión domiciliaria de la que gozaba el imputado por “problemas de salud” y dispuso la “inmediata detención y su alojamiento en un establecimiento carcelario del Servicio Penitenciario Federal”.
En otro de los puntos del fallo, se dejo sentado que el homicidio de Analía Magliaro “constituye un crimen de lesa humanidad perpetrado en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar”.
Además se dispuso enviar copia del fallo a la ministro de Defensa para que se inicien las actuaciones que correspondan respecto al estado militar del condenado. Con esto cabe la posibilidad que el coronel retirado, tal como lo dispone el código de disciplina de las Fuerzas Armadas, sea expulsado del arma a la que pertenece.
Por último, se resolvió remitir copia al fiscal General ante la Cámara General de Apelaciones para que “se inicien actuaciones sumariales tendientes a dilucidar la eventual responsabilidad penal del entonces coronel Alfredo Arrillaga en los delitos de privación ilegal agravada, tormentos agravados por tratarse de un perseguido político, y homicidio doblemente calificado por alevosía en concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Analía Delfina Magliaro.

“SE TRATÓ DE UN VIL ASESINATO”
Cerca de las 10 de la mañana el Tribunal dio inicio a la tercera audiencia del debate oral y público por el asesinato de Analía Magliario. En esta oportunidad fue el turno de alegar del Ministerio Público Fiscal. El doctor Daniel Adler tomó la palabra para exponer las razones por las cuales solicitaron a la triada de jueces que se condene al coronel retirado Fortunato Valentín Rezett a “prisión perpetua por hallarse penalmente responsable del delito de homicidio calificado por alevosía y por haber sido cometido por dos o más personas”. Además, el fiscal fue contundente a la hora de solicitar que la pena sea de cumplimiento efectivo y en una cárcel común. El pedido apunta concretamente a terminar con el beneficio de prisión domicilia, del cual goza el imputado.
La exposición del doctor Adler se extendió por alrededor de una hora y estuvo centrada en demostrar que durante las dos audiencias precedentes se dio por “probada” la responsabilidad del imputado en el hecho.
Para ello, la Fiscalía recordó no sólo pasajes de las declaraciones de los testigos, en los cuales quedó acreditada la violencia utilizada sobre la víctima desde el mismo momento en que fue secuestrada de la casa de la familia Chirria; sino que también hizo especial hincapié en demostrar que el crimen se halla dentro de la lógica del plan sistemático desplegado por la dictadura militar durante el período 76-83.
En este sentido, el doctor Adles explicó que no fue casual que Analía Magliaro haya sido trasladada al Gada 601, posteriormente haya sido asesinada en un enfrentamiento fraguado y que, por último, haya sido en la comisaría cuarta donde sus familiares hayan tenido que reclamar su cadáver. Este derrotero expuesto a la luz de la articulación del aparato represivo en Mar del Plata vuelve a demostrar la articulación del Gada 601 –lugar donde se emplazaba la jefatura de la Subzona 15- y de la comisaría cuarta, señalada en más de una oportunidad como uno de los centros clandestinos de detención de la ciudad. Cabe puntualizar también, en el análisis realizado por la Fiscalía de la cuartada “poco inteligente” del enfrentamiento. Adler recordó, en este sentido, el testimonio de los dos hermanos Magliaro que refirieron el estado en el que se hallaba el cuerpo de su hermana cuando tuvieron que reconocerlo. Ambos expresaron que era imposible que en las condiciones en las que estaba secuestrada la víctima haya podido defenderse. “Allí radica la alevosía del crimen”, expresó Adler al recordar que Magliaro tenía en su cuerpo marcas de tortura, de haber permanecido atada, encapuchada y amordazada. “No puede atribuirse que se haya tratado de un enfrentamiento, sino que se trató de un vil asesinato”, expresó el representante del Ministerio Público.
En el alegato de la Fiscalía, también, se solicitó que se lo considerara a Rezett como “autor del crimen” y no como “participe necesario”. Este pedido estuvo basado en que, según el fiscal, el imputado “admitió haber participado en la privación ilegítima de la libertad, pero por órden de un superior”, al referirse a que es el imputado quien firma el recibo de recepción de la detenida. En este sentido, Adler explicó que la obediencia debida debe ser desestimada a la luz del fallo de Nüeremberg y del Estatuto de Roma.
Por último, la Fiscalía expresó que quedó probado durante el debate que el entonces capitán Rezett era miembro de la plana mayo del Gada y que como tal era responsable de las decisiones que de allí se impartían. Según Adler, también se acreditó la pertenencia de Rezett al sector de inteligencia, elemento coincidente con las tareas realizadas por el imputado en el Operativo Independencia.
Por último, el doctor Daniel Adler fue contundente al pedir la derogación de la prisión domiciliaria: “En principio las penas están para ser cumplidas. No hacerlo puede ser una prolongación de la impunidad”.

“EL HOMICIDIO ES COSA JUZGADA”
Luego de un cuarto intermedio de 20 minutos, el abogado defensor Carlos Meira realizó un breve alegato en el cual intentó deslindar la responsabilidad de su defendido en el crimen que se le atribuye.
Con una oratoria poco ortodoxa, el defensor ancló sus argumentos en desacreditar el alegato de la querella, expuesto por el doctor César Sivo el jueves y en objetar técnicamente algunos pasajes de los fundamentos vertidos en la sala por el doctor Adler.
“El doctor Sivo tergiversa a Berazay”, expresó enfáticamente Meira al referirse al pasaje del alegato querellante donde se señala a Rezett como quien recibe a la detenida. En este sentido, el defensor remarcó que su defendido sólo firmo el recibo por orden de un superior.
Además, Meira remarcó que “Rezett no era un oficial de inteligencia” y que sólo se trata de un oficial subalterno a la plana mayor y por lo tanto sin capacidad de cuestionar las órdenes impartidas por la superioridad. “En aquella época, si no cumplía la orden, Rezett iba a ser juzgado por la Justicia Militar, sometido a Consejo de Guerra y posteriormente fusilado”, concluyo.
Además, calificó de “alocado” pretender vincular a su defendido en el homicidio de Magliaro y remarcó que “el homicidio de la señorita Magliaro es cosa juzgada”, al señalar que Pedro Barda fue encontrado culpable en 2008 por el crimen de la joven.
En este marco fue que solicitó la absolución de su defendido, y en caso de condenarlo que se mantenga el beneficio de la prisión domiciliaria ya que “hasta que la sentencia quede firme no puede alterarse las condiciones de detención del imputado”.

“Yo soy yo y las circunstancias”

ultimas palabras

El coronel retirado Fortunato Valentín Rezett se paró de la silla desde donde siguió atentamente las tres audiencias y se cuadró frente al Tribunal. Vestido con impecable saco y corbata, y peinado prolijamente, Rezett siguió los pasos del juicio con una mirada marcial y realizando comentarios por lo bajo con su abogado defensor.
Muñido de una carpeta azul donde guardaba su exposición, caminó hasta ubicarse en la silla para dar sus últimas palabras.
“Tengo el honor y la responsabilidad de hablar frente a vuestras señorías. Creo y respeto a la Justicia”, señaló el imputado en el comienzo de su alocución que duró más de media hora.
“He hecho un sacerdocio de la Justicia en 42 años de carrera militar”, explicó al referirse a su relación con sus subordinados.
En varios pasajes de su discurso, la voz castrense se empañó, sobre todo al referir que es dueño de una moral y franqueza infundida por su padre y que él trato de trasladar a sus hijos. También se mostró emocionado cuando habló de las vicisitudes familiares por las que tuvo que pasar durante su época de servicio.
“Había veces que mi mujer me ocultaba que no alcanzaba el dinero de mi magro sueldo de capitán”, expresó.
En relación a los hechos que se le imputan Rezett no dudó en deslindar responsabilidades, aduciendo que él firmó el recibo por orden de un superior.
Por otro lado, negó haber realizado tareas en Inteligencia: “No tengo inspiración, capacidad, ni inclinación por la Inteligencia”, expresó.
Luego de recorrer con detalle cada una de las tareas que realizó en el Ejército, Rezett apeló a los jueces para que realizaran Justicia. De su parte, explicó, sólo puede decir que pasa noches enteras pensando “por qué me tocó firmar a mí ese recibo”. El propio Rezett dio dos posibles respuestas a su pregunta: “La primera de ellas es religios, todo se puede planificar menos los designios de Dios”; la segunda es cuasi filosófica, citando a Ortega y Gasset, “Yo soy yo y las circunstancias”, concluyó para luego agradecer la “caballerosidad” con que fue tratado durante el proceso judicial.

“Si es un asesino tiene que pagar”

Mario Magliaro, hermano de Analía, estuvo presente en las tres audiencias que se siguieron en este juicio. Ayer, ni bien los jueces dictaron sentencia, se lo vio emocionado. “Si hoy mi madre hubiese estado acá no hubiera tenido ningún tipo de exteriorización contra el condenado, sino que hubiera dicho que se hizo justicia”, expresó a modo de síntesis por lo vivido.
Además recordó a Analía “siempre joven, quedó detenida en el tiempo, tiene la edad de mi hija más chica, estos años siempre estuvo, es una cosa muy difícil de explicar con palabras… es doloroso”.
Por último, en relación a Rezett expresó que “si es un delincuente, si es un asesino, como cualquier habitante de este país tiene que pagar”.

Por Juan Carrá

2011-02-18T15:20:00.000-08:00

FUE CONDENADO!!!

1)Prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común , xhaberlo hallado penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y por haber sido cometido por dos o más personas.

2) Se le revocó la prisión domiciliaria de la que gozaba el imputado por “problemas de salud” y dispuso la “inmediata detención y su alojamiento en un establecimiento carcelario del Servicio Penitenciario Federal.

AMPLIAREMOS...

2011-02-17T19:33:00.000-08:00

RECLUSION PERPETUA

Poco más de una hora le llevó al abogado querellante de la familia Magliaro, Cesar Sivo fundamentar el pedido de pena para el coronel retirado del Ejército Fortunato Rezett: reclusión perpetúa con cumplimiento efectivo en cárcel común, inhabilitación total y perpetúa y destitución del Ejército Argentino por el homicidio de Analía Magliaro, asesinada en un enfrentamiento fraguado en septiembre de 1976.

Con una sala de audiencias con poco público, alrededor de las 18, Sivo comenzó su alegato. Lo primero que dijo es que el caso de Analía Magliaro es una particularidad que explica y desnuda todo el sistema represivo que operó durante la última dictadura cívico militar.
En primer lugar, demostró la interrelación de las FF.AA, pero también de las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial en el sistema represivo. La querella entendió que el derrotero de la estudiante platense es una muestra de aquello.
Analía Magliaro fue secuestrada por un grupo de personas vestida de civil y dependiente del Primer Cuerpo del Ejército. Fue alojada en “El Vesubio”, un centro clandestino de detención (CCD) en el cual cumplían funciones miembros del Servicio Penitenciario Federal. Luego fue trasladada a la comisaría 34 de Capital Federal. En su traslado al GADA 601, intervino la Policía Militar y un avión de la Fuerza Aérea. Todo indica que fue asesinada por miembros del Ejército y el cuerpo -hallado en el norte de esta ciudad-, quedó a disposición de la comisaría cuarta. Por último ni la justicia provincial ni federal realizó actuaciones ante la aparición de una mujer muerta a tiros y con signos de torturas, en medio de la calle.
El caso Magliaro, también pone de manifiesto el objetivo final del plan sistemático represivo: “secuestro, torturas y eliminación de aquellas personas que fueran consideradas enemigos”. Para la querella son sobradas las pruebas que demuestran que Analía fue secuestrada de la casa de una amiga el 19 de mayo de 1976.
Luego fue alojada sin saberlo en un CCD donde permaneció maniatada, vendada y mal alimentada en un sótano durante dos meses. Allí fue interrogada bajo tortura hasta lo indecible. Distintos testimonios dan cuenta que en El Vesubio se pusieron en práctica las torturas más aberrantes contra las mujeres. “Disponían del cuerpo de la víctima para torturarla y luego del cadáver para hacerlo desaparecer en el mar o matarlo en un enfrentamiento fraguado y luego enterrarlo en una fosa común”, explicó.
No obstante, para la querella, Rezzet no fue ajeno a todo lo ocurrido a Magliaro. No sólo fue quien firmó el recibo que prueba que la estudiante quedó bajo su custodia en Mar del Plata sino que fue parte fundamental del plan de exterminio.
Según Sivo, el Ejército era el responsable primario en el aparato represivo a partir del 24 de marzo de 1976. El territorio nacional dividido en subzonas estaba a su cargo. A su vez cada subzona dirigía la represión en esa región. Aquí fue la Subzona Militar XV. Comandada por el coronel retirado Pedro Barda, juzgado y condenado en 2008, por el crimen de Magliaro.
Rezett fue integrante de la plana mayor de la Subzona militar XV fue un oficial de inteligencia y el jefe de la “Sección Detenidos” dentro de esa estructura. Así fue que recibió a la estudiante cuando el capitán de la Policía Militar, Roberto Berazay entregó a la secuestrada en el GADA 601. El recibo que le entregó Rezett es muy claro. Allí están su firma, grado, sección y destino.
Como en tantos otros juicios, Sivo tuvo que fundamentar la derogación del arresto domiciliario del imputado y el pedido de cárcel común en caso de un fallo condenatorio. El abogado se remitió a otros países del mundo para ejemplificar. Aseguró que Argentina es el único país del globo que permite que los criminales que atentan contra la humanidad cumplan condena en sus casas por el solo hecho de tener más de 70 años. Citó los juicios en la ex Yugoslavia donde los 8500 criminales juzgados están en una prisión. “En el resto del mundo el arresto domiciliario por crímenes de lesa humanidad no es un planteo posible”, aseguró Sivo.
Por último, explicó que la Justicia efectiva que predican los jueces no acepta otra cosa que la cárcel para los culpables y cerró con las palabras que solía repetir la mamá de Analía: “Que los juzguen y si son culpable que los condenen y que cumplan la condena”

El insulto por lo bajo

Rezett se mantuvo inmóvil casi toda la audiencia. Custodiado por el personal del Servicio Penitenciario y un enfermero que vigila los achaques del viejo militar. A pesar del calor reinante nunca perdió la compostura del flamante saco azul y la prolijidad del nudo de la corbata.
Pero todo cambió cuando Sivo sacó a relucir el curriculum del imputado. Fortunato Valentín Rezzet fue procesado por su participación en los acontecimientos de la Semana Santa de 1988 cuando un grupo de militares carapintadas se levantaron contra la democracia. Luego la justicia militar lo absolvió de la misma manera que absolvió a todos los genocidas de la dictadura.
La incomodidad del imputado se transformó en furia cuando el abogado querellante mencionó su participación como oficial de Inteligencia en el “Operativo Independencia”. Se escuchó por lo bajo y de boca Rezzet “este hijo de puta”, mientras se secaba la transpiración de la frente. El abogado defensor tuvo que callar a su cliente, sin llamara la atención. El tribunal pareció no escuchar, pero el insulto llegó a oídos de la querella que siguió con su alocución como si nada hubiese pasado.

Las torturas más aberrantes

Analía Magliaro fue secuestrada junto a Graciela De laTorre, una compañera de la Facultad de Ciencias de la Educación. Pero esa misma noche del 19 de mayo de 1976. En una casa de Los Hornos, también secuestraron a Alicia Carriquiriborde. Las tres eran amigas y compartieron cautiverio en el infierno de “El Vesubio”
Alicia vive en México desde que sus captores la dejaron en libertad. Ayer, a través de video conferencia, declaró desde el Distrito Federal en México.
Apareció en la pantalla después de varios intentos porque la conexión se cortaba de a ratos. Estaba acompañada por el cónsul argentino en el D.F. Mario Magliaro –hermano de Analía-, que la conoce desde aquellos años de terror, la vio avejentada.
La declaración no se extendió mucho. Alicia contó que estuvo con Analía durante dos meses en el sótano de “El Vesubio”. Recordó que Analía era interrogada bajo tortura todos los días. No podía hablar con ella, pero sabía que estaba allí. Analía, Graciela y Alicia eran las únicas tres mujeres en el sótano.
Alicia recordó que con ellas había un grupo de adolescentes de entre 17 y 18 años que decían ser estudiantes del colegio Nacional Buenos Aires. Esos chicos al igual que Analía varias veces fueron interrogados por un grupo de hombres que venían de otro lugar. No eran los torturadores de “El Vesubio”.
Alicia, Graciela y Analía fueron sacadas el mismo día. Las repartieron en distintas comisarías. Alicia y Graciela se reencontraron en la cárcel de Devoto. Y Allí supieron que Analía había sido asesinada. Alicia pasó 20 meses detenida y luego fue liberada bajo vigilancia. En 1982 viajó a México donde la esperaba su marido e hijos.
En su alegato, el abogado Cesar Sivo retomó las palabras de Alicia para referirse a los padecimientos de Analía. Recordó que la testigo dijo que la torturaban todos los días. También aseguró que en la causa penal sobre “El Vesubio” está probado que en ese centro clandestino de detención, las mujeres eran violadas sistemáticamente.
También citó a un sobreviviente de aquel infierno que contó que cierta vez los torturadores cazaron un cuis e imitaron un método de tortura del nazismo: le metían el roedor entre las piernas a las mujeres estaqueadas en la mesa de torturas. Hasta ese lugar descendió humanidad en ese lugar y en tantos otros durante los años en que los hombres como Rezett tuvieron todo el poder en este país.

Por Federico Desántolo

2011-02-16T20:30:00.000-08:00

“Rezett fue quien me firmó el recibo cuando entregué a Analía Magliaro en el GADA 601”

Así lo afirmó en su declaración ante el tribunal el militar retirado Roberto Eduardo Berazay quien conserva el original de aquel papel. Además declararon los hermanos de la víctima

Con el testimonio de los dos hermanos de Analía Delfina Magliaro y la presencia del imputado, coronel retirado Fortunato Valentín Rezett, se realizó ayer la primera audiencia del juicio por el asesinato de la estudiante platense entre agosto y septiembre de 1976. Además declaró el capitán, miembro de la Policía Militar 101, Eduardo Berazay encargado del traslado de Magliaro a Mar del Plata.

Cerca de las 11 de la mañana, el tribunal compuesto por los doctores Roberto Falcone, Mario Portela y Martín Bava, dio por iniciado el debate oral y público con la lectura del requerimiento de elevación a juicio, a cargo del representante del Ministerio Público Fiscal, Daniel Adler.
El coronel retirado Rezett, imputado como “participe necesario en el asesinato de Analía Magliaro”, fue el primero en comparecer ante el Tribunal, negándose a declarar aludiendo no estar en condiciones de salud como para brindar testimonio. A pesar de ello, se mantuvo atento durante toda la audiencia -que se extendió hasta pasadas las 14- junto a su abogado defensor, Carlos Horacio Meira.
Hoy continuará el debate con un testimonio a través de teleconferencia y, por la tarde, se prevé que la querella, a cargo del doctor César Sivo, haga uso de la palabra para exponer su alegato.

“Todos estábamos en peligro”
Mario Miguel Magliaro tiene 60 años, es actor y aún vive en la casa que compartía con su hermana en la ciudad de La Plata. Ayer, fue el primero de los testigos que brindó declaración frente al Tribunal Oral Federal 1, en el juicio que se ventila el asesinato de su hermana Analía Delfina Magliaro.
Sentado en el medio de la sala respondió, en primer lugar, a las preguntas realizadas por la Fiscalía.
Según sus recuerdos, el 19 de mayo de 1976 Magliaro fue secuestrada junto a una amiga -Graciela De la Torre- de la casa de la familia Chirria, un matrimonio amigo que vivía a cinco cuadras de la casa. El operativo, a cargo de personas de civil, fue realizado en plena madrugada, por lo que recién en la mañana los familiares de las jóvenes se enteraron de lo ocurrido.
Mario recordó que fue su madre quien, inmediatamente, se puso al frente de la búsqueda de “Lili”, -así llamaban en la familia a Analía-. “Mi madre tuvo que buscar a su hija y protegernos a mí y a mi hermano, porque todos estábamos en peligro por el simple hecho de ser jóvenes”, expresó.
A principios de agosto, un llamado a la casa de una tía rompió el silencio en torno a la desaparición de Magliaro. Según relató Mario, en el llamado se decía que su hermana estaba detenida en una comisaría 34 de Capital Federal. Hacía allí fueron los familiares. Al entrevistarse con el policía a cargo de la dependencia, les confirman que allí estaba Analía, pero que al estar en calidad de incomunicada, no podían verla. Sin embargo sí pudieron acercarle ropa y comida. La desazón familiar volvió a adueñarse de la escena cuando, alrededor de una semana más tarde, en una nueva visita a la comisaría 34, la madre de Analía supo que su hija ya no estaba allí y que había sido trasladada por personal del Ejército. En el libro de la época donde se asentaban los movimientos de la comisaría figuraba el nombre de un capitán que con su firma acreditaba el retiro de la detenida del lugar. Ese militar era Eduardo Berazay.
De nada sirvió el intenso periplo realizado por los familiares de Magliaro para intentar saber algo de la situación de la joven desaparecida. Comisarías, iglesias, embajadas y el intento de una reunión con el entonces gobernador interventor de la provincia de Buenos Aires, Ibérico Saint-Jean, fueron infructíferos.
El relato de Mario sobre los hechos acontecidos hace más de 30 años se volvía vívido cada vez que lo invadía el recuerdo de su hermana. El tramo más duro de su declaración llegó cuando tuvo que remitirse al 20 de septiembre de 1976. Ese fue el día que recibió en su casa de 72 entre 6 y 7 de La Plata el mensaje menos esperado, pero a la vez predecible. Tenían 72 horas para retirar el cuerpo de Analía, supuestamente abatida en un enfrentamiento armado con las fuerzas represivas.
Un error en los datos de dónde debían remitirse para recuperar los restos de la joven llevó a los hermanos de Analía a girar nuevamente por diferentes dependencia policiales, hasta que lograron determinar que el cuerpo estaba en Mar del Plata bajo la tutela de la comisaría cuarta.
Allí fueron recibidos por el policía a cargo de apellido Asad (hoy se encuentra fallecido) quien les mostró una especie de expediente donde había fotos de Analía muerta. “Estaba vestida con ropa que no era de ella y se veía muy flaca”, recordó Mario. Posteriormente, él junto a su hermano Juan y una consigna policial se dirigieron al Cementerio de la Loma donde tuvieron que reconocer el cadáver.
“Estaba muy lastimada, tenía hematomas en la zona de los pechos y quemadoras en las axilas. También tenía marcas en la boca y en los ojos, de pegamento, como las que dejan las curitas”, detalló Mario con la voz quebrada. El cuerpo de Analía figuraba como NN y presentaba al menos dos orificios de bala, uno en la ingle y el otro en medio del pecho.
Mario señaló que su hermana y De la Torre tenían una incipiente militancia en la agrupación Política Obrera. Además, por boca de De la Torre, quien fue puesta a disposición del PEN, supo que ambas estuvieron cautivas en el centro clandestino de detención el Vesubio donde fueron brutalmente torturadas.
A su turno, el representante de la querella, le pidió a Mario que recordara cómo era su hermana: “Era joven; solidaria; leal con sus amigos, con la gente, con su ideología. Una persona con carácter y con una ubicación clara en este mundo y en el país en el que vivía. Era una buena persona”.
Por su parte, Juan Alberto Magliaro, de 63 años, también hermano de Analía, reafirmó con sus palabras los hechos narrados por Mario.
Una vez concluido el relato de Juan Magliaro, fue el turno de escuchar los hechos según Roberto Chirria, de 70 años, dueño de la casa donde Analía fue secuestrada. El relato fue en todo coincidente con lo expuesto por los familiares de la víctima. En relación a la relación al por qué Magliaro paso esa noche en su casa, Chirria expresó que era algo normal ya que tanto Analía como Gabriela De La Torre eran amigas de su esposa y que –a pesar de no cursas la misma carrera universitaria- compartían algunas cursadas.
En relación al operativo, Chirria explicó que como mínimo fueron 20 las personas que ingresaron a su casa aquella madrugada y que interrogaron violentamente a las dos jóvenes en la cocina. La pregunta recurrente era si conocían a “El cabezón”, apodo con el que llamaban al novio de De La Torre.

EL TRANSPORTADOR
Roberto Eduardo Berazay tiene 69 años y es una especie de coleccionista de papeles un tanto comprometedores. Entre ellos guarda los que acreditan los diferentes traslados que realizó durante la última dictadura militar en calidad de miembro de la Policía Militar 101. “El único que no tengo es de Menem, pero guardo el del gobernador de Mendoza, Martínez Baca y el de Magliaro”, expresó.
Ese papel hace constar la entrega de Analía Magliaro a la Agrupación de Defensa Antiaérea 601 con asiento en Mar del Plata. La firma que rubrica esa entrega es del imputado Fortunato Valentín Rezett. Debajo de su nombre, también consta la sigla S2, que lo acredita como miembro de la sección Inteligencia.
Durante su testimonio Berazay no dudó en certificar que fue él quien retiró a Magliaro de la comisaría 34 de Capital Federal y que luego de un vuelo de aproximadamente 3 horas la dejó en el ADA 601, entonces dirigido por el coronel Pedro Barda.
“La única cara amigable que encontré en el lugar era la del entonces capitán Rezett. Me apreció raro ver a un infante en una unidad de artillería”, recordó.
Tambié, Berazay recordó que Analía Magliaro estaba en “buenas condiciones” de salud cuando la retiró de la comisaría 34 y que así la entregó en el GADA.
“Desconozco los motivos del traslado y por qué estaba detenida, mi orden era entregar a la detenida, y eso hice. La orden fue oral, clara y no era indigna, por eso la cumplí”, recordó en diferentes tramos de su declaración.
Al concluir, el militar retirado no dudo en preguntar cuál era su situación en relación a las restricciones de libertad. El presidente del Tribunal lo miró y le dijo que su declaración había concluido y que podía irse a su casa. En la sala el murmullo expreso: “por ahora”.

Por Juan Carra

2011-02-15T20:00:00.000-08:00

COMIENZA A SER JUZGADO EL MILITAR REZETT

El coronel retirado Valentín Rezett está acusado del homicidio calificado de Analía Delfina Magliaro, secuestrada en La Plata y ultimada en un enfrentamiento fraguado en esta ciudad

El coronel retirado Fortunato Valentín Rezett será juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar a partir de hoy (miércoles 16) a las 9 hs, en el Tribunal Oral Federal 1. Se le imputa el homicidio calificado de la estudiante platense Analía Delfina Magliaro asesinada entre agosto y septiembre de 1976 en esta ciudad.
El 4 de agosto de 1976, Rezett era capitán y cumplía funciones en el Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea (GADA 601) bajo el mando del coronel Pedro Barda. Ese día recibió de manos del capitán miembro de la Policía Militar 101, Eduardo Berazay a Analía Magliaro quien había sido secuestrada en La Plata dos meses antes y había pasado por varios centros clandestinos de detención.
En noviembre de 2008, durante el juicio a Pedro Barda por el asesinato de Magliaro, Berazay declaró ante los jueces del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) de Capital Federal, que cuando entregó a la estudiante, Rezzet le firmó un recibo. Acto seguido entregó el documento al tribunal.
El fiscal Félix Crous solicitó la imputación de Rezet y tiempo después el juez Alejandro Castellanos, del juzgado Federal Nº1 de esta ciudad, llamó a indagatoria al entonces capitán del Ejército.
En su declaración, Rezett dijo que el coronel Barda le había asignado “tareas administrativas” y que también fue “jefe de turno” de la agrupación. Con respecto a Magliaro dijo que recibió a la secuestrada y que cuando Berazay le pidió el recibo, fue a ver “al teniente coronel Costa, a quien interiorizó de lo acontecido”. Costa “le ordenó realizar dicho certificado y firmarlo, ello desde el área de inteligencia”. Rezett reconoció su firma en el papel. En abril del año pasado, Castellanos lo procesó por el homicidio calificado de la estudiante platense y le dictó el arresto domiciliario. Hasta el 2005, el acusado había sido profesor en la maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata

El debate por el crimen de Magliaro se extenderá hasta el viernes y estará encabezado por los jueces Roberto Atilio Falcone, Mario Alberto Portela y Martín Bava. El fiscal Daniel Adler representa al Ministerio Público y el abogado C. Sivo patrocina a la familia Magliaro. El militar Rezett es defendido por Horacio Meiras. Se estima que pasarán por el estrado alrededor de diez testigos, entre ellos, Eduardo Berazay.
Analía Magliaro fue secuestrada el 19 de mayo de 1976 en una casa de la calle 67 al 600 en La Plata, junto a Graciela De la Torre y Roberto Chirria, compañeros de la carrera de Comunicación Social.
De la Torre estuvo junto a Analía durante su cautiverio en la comisaría quinta (5º) de La Plata y el Vesubio. En su declaración en el TOF 5 contó que el primer interrogatorio fue en la cocina mientras tocaban la guitarra y que la violación era una amenaza constante. Sus secuestradores le daban a elegir entre la picana y la violación. El 16 de julio fueron separadas. A Analía la llevaron a la comisaría 34 de Capital Federal donde permaneció hasta su destino final en Mar del Plata.
El 4 de agosto, Berazay fue a buscarla. En un primer momento, los policías se negaban entregar a la estudiante. Después de algunas llamadas, el capitán de la Policía Militar pudo llevarse a Analía, no sin antes firmar el registro de detenidos de la comisaría. Dijo que se la entregaron sin esposas, ni vendas y se movía por sus propios medios a pesar de las torturas sufridas.
Ese mismo día, Magliaro fue llevada a Aeroparque y subida a un avión militar Sesna. Después de dos horas, la nave aterrizó en la pista de tierra del GADA 601. Berazay entregó a la estudiante al capitán Rezett, quien le dio a cambio un recibo con su firma y la aclaración “Cap S2 AGR ADA 601”, que aclaraba su grado militar (capitán), la sigla que representa la división inteligencia (S2) y el destino, la agrupación que comandaba Barda.

Enfrentamiento fraguado

Lo primero que supieron los padres de Analía fue que su hija estaba detenida en la comisaría 34 de Capital Federal. Hasta allí fueron con ropa y comida, pero no pudieron verla. Supieron que estaba allí porque el oficial que los atendió les habló de la enfermedad de un familiar, información que sólo Analía podía saber.
Juan Alberto Magliaro, es el hermano de Analía y en el juicio contra Barda contó que el 21 de septiembre de 1976 dos móviles policiales llegaron hasta su casa. Les entregaron una nota que decía que Analía estaba muerta y que tenían 48 horas para retirar el cuerpo que estaba en Mar del Plata.
Juan Alberto viajó esa misma noche con su otro hermano. En la comisaría cuarta se entrevistaron con un oficial que los llevó hasta el cementerio de la Loma para reconocer el cadáver. Les dijeron que había sido baleada en un enfrentamiento con Fuerzas de Seguridad.
Analía presentaba quemaduras en las muñecas y en los tobillos, tenía tres disparos en tórax, abdomen y zonas bajas. Vestía ropa varios talles más grandes que el suyo y tenía un pañuelo anaranjado atado al cuello. Los hermanos se llevaron el cuerpo a La Plata, donde fue sepultado el 24 de septiembre de 1976.

Las audiencias serán miércoles, jueves de testimoniales. Viernes Alegatos

Por Federico Desántolo

2011-02-02T09:14:00.000-08:00

DOS NUEVOS JUICIOS ORALES

Arrancarán el 16 de febrero y el 2 de mayo próximos, ante el TOF de esa ciudad. Se investigan crímenes de lesa humanidad en perjuicio de 86 víctimas. En total son 17 imputados

El Tribunal Oral Federal Nº1 de Mar del Plata fijó las fechas de inicio de dos nuevos juicios orales por delitos de lesa humanidad .

El primero de ellos arrancará el 16 de febrero, y estará encabezado por los jueces Roberto Atilio Falcone, Mario Alberto Portela y un tercer juez a designar.

En este caso se investiga al coronel retirado Fortunato Valentín Rezett, acusado por el homicidio de Ana Lía Magliaro, ocurrido en el año 1976.

En tanto, el segundo debate comenzará el 2 de mayo y el tribunal estará integrado por los magistrados Alfredo Ruiz Paz, Lidia Soto y Elvio Osores Soler(tribunal de San Martin).
Se investigan hechos en perjuicio de 85 víctimas ocurridos en la Comisaría Cuarta de la ciudad de Mar del Plata y el Centro Clandestino de Detención “La Cueva” (ex radar Base Aérea Mar del Plata), así como también en la Comisaría Primera y en la Subcomisaría Villa Díaz Vélez de Necochea.
Se encuentran imputados: Leandro Edgar Marquiegui, Alfredo Manuel Arrillaga, Aldo Carlos Maspero, Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Toccalino, Ernesto Alejandro Agustoni, José Carmen Beccio, Gregorio Rafael Molina, Nicolás Miguel Caffarello, Marcelino Blaustein, Ernesto Orosco, Adriano Argüello, Fortunato Valentín Rezett, Aldo José Sagasti, Héctor Carlos Cerutti, Mario Jorge Larrea y Héctor Francisco Bicarelli.

Durante la investigación se acumularon las siguientes causas:
a) Nro. 2278 (y su acumulada Nº 2300) caratulada “CAFFARELLO, Nicolás Miguel delito c/Dcho. de Gentes”.
b) Nro. 2301 (y sus acumuladas 2325 y 2345) caratulada “BICARELLI, Héctor Francisco S/Inf. Arts. 141 y 144 ter C.P.”.
c) Nro. N° 2380 caratulada “MARQUIEGUI, Leandro E. – ARRILLAGA, Alfredo M. – MÁSPERO, Aldo – BOCALANDRO, Roberto A – BLANCO, Eduardo – TOCCALINO, Jorge – AGUSTONI, Ernesto A. – BECCIO, José y otros s/Homicidio Calif., etc".
d) Nro. 2405 caratulada “OROSCO, Ernesto – TOCCALINO, Jorge – CERUTTI, Héctor – REZETT, Fortunato – MÁSPERO, Aldo – BLANCO, Eduardo – ARRILLAGA, Alfredo – MARQUIEGUI, Leandro s/Inf. arts. 141 y 144 ter C.P.” (Nº 17807 “Ernesto Orosco y otros s/Inf. arts. 141 y 144 ter C.P. (Comisaría IV)”.

Quedaron exentos de este proceso por enfermedad o fallecimiento: Pedro Alberto BARDA, Roberto Atilio BOCALANDRO, Manuel ASAD.

2011-01-04T15:59:00.000-08:00

Unos días de playa mientras esperan el día del juicio

Son cuatro militares procesados por crímenes de lesa humanidad en la ciudad de Bahía Blanca, que cuentan con autorización judicial para viajar y disfrutar del verano en esta ciudad

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca no aceptó el requerimiento hecho por la Unidad Fiscal Especial de adelantar la feria judicial con el fin de adelantar todo lo que resulte necesario para fijar la fecha de juicio oral de las causas “04/07” y “05/07” por crímenes de lesa humanidad cometidos por miembros del Ejército y de la Armada durante la última dictadura cívico militar. No obstante, resolvió en un santiamén concederle a cuatro de los imputados permisos para que puedan disfrutar de unas vacaciones en las playas marplatenses.
El tribunal federal bahiense tendría que haber determinado antes de fin de año las fechas de los juicios orales para juzgar los crímenes cometidos por el Quinto Cuerpo del Ejército y la Armada, pero a pesar de que la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento de cada uno de los imputados, el comienzo de los juicios es todavía un misterio.
En medio de esta polémica por la falta de compromiso de algunos jueces para cumplir con su trabajo y dictar justicia, se supo que algunos de los imputados que cuentan con la excarcelación, fueron autorizados para viajar a otras partes del país para tomarse unos días de vacaciones. Tal es el caso de los capitanes de Navío Oscar Castro y Hernán Lorenzo Payba, quienes estuvieron en esta ciudad en los últimos días. A las ilustres visitas se suman, el capitán de Navío Hugo Mac Gaul y el coronel retirado Carlos Andrés Stricker quienes disfrutarán del sol y las playas marplatenses.
Oscar Castro tiene 79 años y entre 1975 y 1978 revistió en el Comando de Operación Naval con asiento en Puerto Belgrano. Los fiscales de las causas “04/07” y “05/07” aseguran que en 1976 comandó la Fuerza de Apoyo Anfibio que conformaba a su vez la Fuerza de Tareas 2 a cargo de la seguridad y de la Inteligencia con jurisdicción en los edificios, instalaciones y establecimientos dentro del perímetro de la Base Naval Puerto Belgrano incluyendo Puerto Rosales; el partido de Coronel Rosales; la zona del Partido de Bahía Blanca y la zona portuaria de Ingeniero White, Cuatreros y Galván. Se retiró de la Armada en 1980.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal le permitió a Castro pasar entre el 12 y 17 de diciembre, unos días de vacaciones hospedado en el Hotel Antartida, ubicado en el centro de esta ciudad
El capitán de Navío retirado Hernán Payba, también paseó sus 75 años, por “La Feliz”. Ayer abandonó la casa de la calle Urquiza al 3400, donde se hospedaba desde el 23 de diciembre.
Payba fue detenido el 23 de noviembre de 2009 acusado de más de 20 privaciones ilegitimas de la libertad, de más de una docena de casos de aplicación de tormentos y ocho homicidios. Fue excarcelado tras pagar la caución impuesta y actualmente vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mac Gaul habría llegado a Mar del Plata con el año nuevo y tiene autorización judicial para quedarse hasta el 28 de febrero. Ocuparía un departamento en la calle Tucumán al 2300.
El capitán de Navío retirado de 83 años, está procesado en la causa “04/07”. Se lo considera responsable de la suerte que corrieron al menos 17 detenidos por motivos políticos durante la última dictadura cívico militar. Desde febrero de 1979 hasta su retiro se desempeñó como jefe de la Agrupación Logística de la Secretaría General Naval en la Presidencia de la Nación.
El último en llegar e irse será el coronel retirado Carlos Andrés Stricker. El próximo 10 de enero debería ocupar un departamento ubicado en Belgrano al 2200. Allí permanecerá hasta el 10 de marzo.
Stricker, de 72 años, es el más joven los cuatro veraneantes. A diferencia de sus camaradas, está procesado en la causa “05/07” perteneciente al Ejército y en la “04/07” de la Armada.
Desde diciembre de 1974 y por dos años seguidos, Stricker se desempeñó como segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 181.
Al igual que ocurrió cuando el comisario retirado de la Policía de Mendoza, Eduardo Smaha Borzuk intentó veranear hace dos años en Mar del Plata, los organismos de derechos Humanos pedirán al Concejo Deliberante de General Pueyrredon que declare personas no grata a los cuatro militares procesados por los crímenes perpetrados en Bahía Blanca.
Smaha Borzuk se desempeñó como integrante del Servicio de Inteligencia de la Policía de Mendoza (D2). Lo llamaban el “Tigre Acosta de Mendoza” en comparación con el feroz represor que actuó en la ESMA. Está imputado de innumerables crímenes, entre ellos, su participación en la desaparición del poeta, periodista y militante montonero Paco Urondo. En diciembre de 2008, la justicia lo autorizó a pasar unos días en Mar del Plata, pero por presión de los organismos de derechos humanos, el Concejo Deliberante lo declaró persona no grata y el represor tuvo que suspender sus vacaciones en la playa.

Tambien concedio vacaciones a:

Causa 05/07 autorizados por el Juzgado Federal Nº 1 :
LAWLESS, Alejandro: Villa Gesell (desde el 26 al 30/12/10)
MARJANOV, Alejandro Osvaldo: Pcia. de Santiago del Estero (desde el 26 al 27/10/10; Córdoba hasta del 30/10/10 y Buenos Aires del 3 al 9/11/10)
GANDOLFO, Ricardo Claudio: Mar de las Pampas (desde el 4 y 5/9/10 y Ciudad de Libertador General San Martin ‘Centro Adventista de Vida Sana’ desde el 20 al 28/11/10)
ARROYO, Carlos Alberto: El Calafate (desde el 28 al 1/11/10)
STRICKER, Carlos Andrés: Mar del Plata (desde el 10/1/11 al 10/3/11).

Causa 04/07 (ARMADA) autorizados por el Juzgado Federal nro. 1

MAC GAUL, Hugo. Mar del Plata (desde el 1/1/11 al 28/2/10)
CARRIZO, Teodoro: Puerto Madryn (desde el 12 al 25/11/10)
MARTIN, Ángel Lionel: Cariló (desde el 10 al 14/9/10)
CASTRO, Oscar: Mar del Plata (desde el 12 al 17/12/10)
PAYBA, Hernán Lorenzo: Mar del Plata (desde el 23 al 28/12/10)
PADULA, Carlos Alberto: Miramar (desde el 3/2/11 al 3/3/11)
DE LEÓN, Enrique: Panamá (desde el 30/11/10 al 16/12/10).
LAWLESS, Alejandro: Villa Gesell (desde el 26 al 30/12/10)

Por Federico Desántolo

2010-11-16T18:42:00.001-08:00

Segui el Juicio en: http://juiciobasenaval1.blogspot.com/

2010-11-14T13:47:00.000-08:00

ESTÁN PRÓFUGOS Y TIENEN CAPTURA INTERNACIONAL

Se cierra el cerco sobre ex miembros de la CNU

Se trata de nueve integrantes de la organización de ultraderecha que actuó en la década del 70. Entre los señalados se encuentra el ex Fiscal Federal Gustavo Modesto Demarchi. Con esta medida se sienta jurisprudencia sobre la responsabilidad de civiles en delitos de lesa humanidad durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón

Nueve ex miembros de la organización de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria (CNU), están siendo buscados por la Justicia imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos en Mar del Plata durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón. El viernes a última hora el juez Federal Rodolfo Pradas, luego de que se allanaran viviendas y comercios de los imputados, los declaró en rebeldía y dictó la captura de orden nacional e internacional.

Entre los prófugos aparece Gustavo Modesto Demarchi, reconocido abogado local que actuó como fiscal Federal en aquella época y que se postuló como candidato a intendente por el Partido Justcialista en 1983.

Según una alta fuente judicial, se allanaron los domicilios particulares de Gustavo Demarchi y Piero Asaro; como así también la librería propiedad de este último.
La orden de detención fue emitida por Pradas el pasado martes, luego que la semana anterior la Cámara Federal de Apelaciones hubiera negado la eximición de prisión presentada por algunos de los imputados.
Según se pudo determinar, de los siete buscados, dos de ellos estarían ocultos en Mar del Plata. Se trata, además del ex fiscal Demarchi; del reconocido empresario librero local Piero Asaro, quien fuera Presidente de la Cámara del Libro del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires. Cabe destacar que en relación a los rumores de que Demarchi estaría fuera de país, desde la investigación confirmaron que los puestos fronterizos negaron esta situación.
Por su parte, Fernando Otero, quien fuera condenado en 1975 por el asesinato del diputado nacional por San Juan, Ramón Rojas, no ha sido localizado por los investigadores.
En relación a Patricio Fernández “El Manco” Rivero –en aquel entonces jefe de la CNU a nivel nacional- estaría siendo buscado en la provincia de Córdoba; mientras que Mario Durquet no fue hallado en ninguno de los tres allanamientos realizados en La Plata. Raúl Viglizzo y Raúl Moleon, fueron buscados en varios domicilios.
Casos particulares son los de Fernando Federico Delgado y Eduardo Salvador Ullúa, ambos permanecen prófugos de la Justicia desde 2008 cuando fueran imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en el centro clandestino de detención “La Cueva”, que funcionaba en la Base Aérea marplatense.

El primer antecedente del abogado Ullúa se remonta a diciembre de 1971 cuando fuera involucrado en el crimen de la estudiante de arquitectura Silvia Filler. En democracia fue condenado a prisión por la causa de narcotráfico conocida como “Operación Langostino”. En la cárcel se recibió de abogado y una vez en libertad trabajó para el sindicato vitivinícola de Mendoza. Su último domicilio legal figura en aquella provincia.
Los siete buscados están imputados de “homicidio calificado por el concurso de dos o más partícipes” y en los hechos que se le imputan, está comprobado que actuaron con colaboración de miembros de la CNU de La Plata y la Triple A.
Además, en el pedido de indagatoria realizado hace más de un año por el entonces fiscal Adrián Guillermo Pérès, se explica que “Las constancias arrimadas a la causa permiten afirmar, con la precariedad propia de esta instancia procesal, que Ernesto Piantoni, Eduardo Cincotta, Gustavo Demarchi, Raúl Viglizzo, Juan Carlos Gómez, Carlos González, Eduardo Salvador Ullúa, Daniel Ullúa, Oscar Corres, Mario Durquet, Marcelo Arenaza, Beatriz Arenaza, Fernando Delgado, José Luis Piatti, Nicolás Caffarello, Piero Asaro, Juan Carlos Asaro, José Luis Granel, Roberto Coronel, Roberto Justel, Ricardo Oliveros y Fernando Otero, entre otros, conformaron una asociación ilícita enmascarada en la agrupación CNU, valiéndose para ello de su pertenencia activa a la misma, o en algunos casos, a una estrecha ligazón con dicho grupo”.
A la vez que agrega: “Los nombrados, se agruparon con un claro objetivo delictivo destinado a cometer una serie de ilícitos indeterminados (desde homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, como así también robos calificados por el uso de armas, sustitución de chapas patentes de los vehículos que utilizaban para cometer los distintos hechos de persecución política, falsificación de documentos, uso de documentos y/o credenciales falsas; intimidaciones públicas, incendios dolosos, coacciones, robos de automotores y otros injustos) con una clara voluntad de persecución hacia los militantes de izquierda”.
Desde el lunes pasado el juez Rodolfo Pradas dictó el secreto de sumario en la causa. Ninguno de los imputados fue hallado en los lugares que solían frecuentar.

Fuera del proceso judicial por estar fallecidos, quedaron José Luis Piatti, Josue Catuogno y el ex de inteligencia Ricardo Oliveros.

Cinco por uno
Pasadas las dos de la tarde del 20 de marzo de 1975, el abogado Ernesto Piantoni, uno de los líderes de la CNU, muere en la clínica Modelo. Horas antes, cuando se dirigía a su casa a bordo de su auto Citröen fue interceptado en la calle Formosa entre Olavarría y Güemes por un Peugeot 504. Una ráfaga de ametralladora lo dejó muy mal herido y no hubo forma de salvarle la vida.
Las primeras noticias hablaron de un ataque por parte de Montoneros, pero también se rumoreó una interna entre miembros de la Unión Obrera Metalúrgica, que tenían muy buena relación con militantes de la CNU.
La madrugada del 21 de marzo, a horas del sepelio de Piantoni un grupo armado conformado por personas de entre 24 y 30 años irrumpió en la vivienda de la calle España 856, la venganza por la muerte Piantoni había comenzado. Se identificaron como policías e hicieron bajar a todos los moradores de la casa. El “cinco por uno” estaba en marcha.
Enrique “Pacho” Elizagaray era el principal referente de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) en Mar del Plata e hijo de Carlos Alberto Elizagaray, senador provincial. Horas antes de su asesinato, el periodista Juan Gasparini, le había advertido que se ocultara en un lugar seguro porque sabía que habría represalias por el crimen de Piantoni. “Pacho” pensó que la casa de sus tíos, la familia Videla, sería un buen escondite.
Cuando el grupo armado irrumpió en la casa de la calle España, Elizagaray intentó huir por los techos. Algunas de las personas salieron a la terraza y dispararon sus armas automáticas. “Pacho” murió de forma instantánea.
Jorge Enrique Videla Yanzi y sus hijos Jorge Lisandro (22) y Guillermo Enrique (16) –propietarios de la vivienda- fueron subidos a los autos que esperaban en la calle. La única sobreviviente, declaró que cuando se llevaban a su esposo e hijos escuchó que uno de ellos estaba herido, entonces un integrante del grupo dijo: “Éste está herido, dale otro tiro”.
Los cuerpos de los Videla fueron hallados en el paraje Montemar, en cercanías del aeropuerto de Mar del Plata, y reconocidos por el senador Elizagaray. Jorge Lisandro tenía 57 heridas de bala; su hermano Guillermo, 27 y su padre Jorge Enrique, 33. Elizagaray, que quedó muerto en la casa de la calle España, presentaba 23 balazos.
Según consta en la resolución firmada por los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra en 2008, los jóvenes “de saco y corbata” que llegaron hasta la casa de la familia Videla habían salido del velatorio de Piantoni. Eduardo Ullúa, Carlos “Flipper” González, Mario Durquet, Gustavo Demarchi, Fernando Delgado, Patricio Fernández Rivero, José Luis Piatti, Raúl Viglizzo y Raúl Molleón. Todos los integrantes de la CNU salieron a vengar la muerte de su líder.
Los jueces citan el testimonio de un testigo que durante el velatorio de Piantoni escuchó a José Luis Piatti decir “ahora van a ver…, pero nosotros ahora santitos en el velorio”. Además vio que en cercanías de la funeraria había muchos autos de los cuales asomaban armas largas.
Otra declaración asegura que Demarchi y Piatti salieron del velatorio del abogado y que con ellos estaba Patricio Fernández Rivero, líder de la CNU a nivel nacional. Un cuarto hombre podría haber sido Jorge “Polaco” Dubchak miembro de la Triple A y de la custodia de Lorenzo Miguel.
Fernández Rivero fue reconocido por otro testigo esa misma noche. El líder de la CNU a nivel nacional tenía una seña particular inconfundible: sufrió un grave accidente que le costó el brazo izquierdo cuando el auto repleto de armas en el que viajaba volcó a pocas cuadras del edificio donde funcionaba el Ministerio de Bienestar Social en Buenos Aires.
Por su parte, Dubchak –miembro del CNU de La Plata- fue ultimado de un disparo en las instalaciones de la UOM cuando osó agredir a Lorenzo Miguel, quien le había regalado un auto blindado a Juan Manuel Abal Medina. Sobre el final del “Polaco” hay varias versiones, la más firme asegura que fue descuartizado y quemado en un horno dentro del mismo edificio de la UOM.
El 19 de mayo de 1975, el fiscal federal Gustavo Demarchi pide el sobreseimiento de a causa caratulada homicidio por no hallar elementos suficientes. Dos días después, el juez González Etcheverry da lugar al pedido del fiscal.
El cirujano Bernardo Alberto Goldemberg fue otra de las víctimas de la venganza por la muerte de Piantoni. La misma madrugada del 21 de marzo un grupo de personas jóvenes armados con ametralladoras lo secuestró en su casa de la calle Falucho 3634 en presencia de su esposa. Su cadáver fue hallado en el camino viejo a Miramar con 42 heridas de bala. Según la autopsia murió por estallido de cráneo y destrucción de corazón, hígado y diafragma. El 25 de abril, el juez González Etchevrri sobresee provisionalmente la causa Goldemberg.

“Los perdono, no saben lo que hacen”
María del Carmen Maggi está de rodillas. A su alrededor, al menos seis jóvenes la apuntan con armas de fuego. “Los perdono, no saben lo que hacen”, dice antes de que suene la estampida. Los disparos se suceden sin interrupciones hasta acribillarla. Uno de sus matadores no soporta la escena dantesca y vomita.
Era mayo de 1975. La secretaria general de la Universidad Católica y decana de la Facultad de Humanidades había sido secuestrada por un grupo jóvenes que se movilizaban en tres autos –un Peugeot 404, un Chevrolet 400 oscuro y otro vehículo que no fue identificado-. Con su casa de Maipú al 4000 rodeada y ante la amenaza de disparar sobre sus padres, María del Carmen, decidió salir. Eran las 2 de la madrugada del 9 de mayo.
Un testigo con reserva de identidad señaló a Carlos “Flipper” González, Eduardo Ullúa, Mario Durquet, Fernando Delgado, José Luis Piatti y Piero Asaro, como autores del violento secuestro de “Coca”. El mismo declarante reconoció en el único identikit confeccionado durante la investigación, el rostro de Carlos González.
Su relato, además, reveló que Mario Durquet confesó haber matado a Maggi.
El crimen de María del Carmen Maggi lleva el sello de la Concentración Universitaria Nacional. La Justicia Federal tomó intervención en el hecho ante la denuncia de los familiares. El 11 de junio de 1975, el fiscal Federal Gustavo Modesto Demarchi le pidió al juez que se cerrara la investigación. El cuerpo de María del Carmen aún no había aparecido y no existían responsables por lo sucedido.
El cadáver de “Coca” Maggi fue encontrado, de manera casual, en cercanías a la Laguna de Mar Chiquita, un día antes del golpe militar de 1976. Es en este momento cuando, una vez más se demuestra el vínculo entre la Justicia Federal, y en particular del entonces fiscal Demarchi con los crímenes de la CNU. Insólitamente ni el juez, ni el fiscal creyeron conveniente reabrir la causa Maggi una vez aparecido el cadáver.

Otros crímenes

*25 de abril de 1975. Sobre la avenida Edison, a unos tres kilómetros de Mario Bravo, se encontró un Peugeot 504 gris íntegramente quemado. En el asiento trasero se encontraba el cuerpo calcinado del contador público Daniel Gasparri. A unos metros, estaba tendido el cuerpo sin vida de Jorge Alberto Stoppani con innumerables impactos de bala. Responsables: Carlos “Flipper” González, Mario Durquet, Eduardo Ullúa, Fernando Delgado, José Luis Piatti y Fernando Otero.
*5 de junio de 1975. El cadáver del profesor Roberto Sanmartino fue hallado en Colón y 202 con 30 impactos de bala. Horas antes, había sido secuestrado en la puerta de la Facultad de Psicología. Un mes y medio después el procurador fiscal cerró y archivó la causa.
*12 de junio de 1975. El arquitecto Víctor Hugo Kein y el estudiante Jorge Osmar Dell Arco fueron secuestrados del estudio ubicado en Rivadavia al 2600. A las pocas horas, en las calles 78 y 192 se encontró el cadáver de Kein con 15 heridas de bala. Tenía las manos atadas y los ojos vendados. Sobre la ruta 226, a la altura del kilómetro 7, se halló a Dell Arco muerto por seis disparos. Su cuerpo estaba semiquemado y sus manos atadas.
*14 de febrero de 1976. A las 2.30 fue secuestrado de su vivienda situada en Francia al 1700, Roberto Alejandro Wilson. Su mujer pudo reconocer a dos de ellos, pero en la seccional cuarta nunca le mostraron identikits. Wilson, junto a un grupo de trabajadores del frigorífico San Telmo, llevaba adelante un reclamo laboral.
*13 de marzo de 1976. Juan Manuel Horacio Crespo fue muerto a balazos en el taller de reparación de motocicletas de Moreno al 3800, cuando intentó resistirse a ser secuestrado. Sus asesinos, que se trasladaban en un Ford Falcon azul, volvieron sobre sus pasos, dispararon nuevamente y mataron a Emilio Azorín, quien también se encontraba en el lugar.
*15 de marzo de 1976. Cerca de las 19, Guillermo Nisembaum y Ricardo Leventi, que se trasladaban a bordo de un Citroën, fueron interceptados en San Luis y Alberti por un Ford Falcon azul. Intentaron huir. Sin embargo Leventi fue alcanzado, ofreció desesperada resistencia y corrió hasta un terreno baldío. Se oyó un disparo, y un tiro de una Itaka impactó sobre la espalda de Leventi. Salvó su vida de milagro. Para la Justicia fue sólo “abuso de armas y lesiones leves.

Por A.N./C.La.

2010-09-17T00:20:00.000-07:00

Segui el Juicio en: http://juiciobasenaval1.blogspot.com/

LOS JUICIOS A LOS GENOCIDAS LOS HACEMOS ENTRE TOD@s
Los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado durante la última dictadura cívico-militar están siendo juzgados. Hay sólo tres sinónimos de la palabra "lesa": "herida", "dañada", "agraviada". De modo que cuando nos referimos a los crímenes del Estado como de "lesa humanidad" estamos diciendo que ese Estado, con sus crímenes, ha herido, agraviado, dañado a la humanidad.
Informacion para asistir a las audiencias:
Las Audiencias son orales y públicas, por lo que pueden ser presenciadas por mayores de 18 años, que se acrediten con DNI, cédula ó pasaporte, media hora antes de las audiencias.El tribunal esta en av.Luro 2455 (e/Santiago del Estero y Santa Fe (frente al correo))
Las audiencias son LUNES y MARTES a las 10hs.En septiembre 28.
Octubre 5-6-12-18-19-25 y 26.
Noviembre 1-2-8-9. CONCURRA.

2010-09-16T20:39:00.000-07:00

Causa “LA CUEVA”
Se elevo a juicio

vista del CCD, que funcionó dentro de la base aérea, Mar del Plata

Diez militares y un civil se sentarán en el banquillo de los acusados. Otros dos imputados murieron y un tercero tiene una enfermedad mental degenerativa.

El juez federal Alejandro Castellanos elevó a juicio oral la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en “La Cueva”, el centro clandestino de detención (CCD) que funcionó en la Base Aérea local. El juicio que tendrá a nueve militares y un civil sentados en el banquillo de los acusados podría comenzar en la segunda mitad del año que viene.
En la causa figuran trece imputados, entre miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y civiles que integraron los grupos de tareas de la represión estatal. A juicio sólo llegarán, hasta el momento, diez. El abogado y ex miembro de la CNU Eduardo Cincotta, a quien se le imputa la participación necesaria en privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia; imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos y homicidio doblemente calificado por ensañamiento y alevosía, murió en octubre del 2009, luego de pasar un año en la cárcel.
Por su parte el coronel retirado Pedro Alberto Barda padece una enfermedad mental degenerativa que impide su juzgamiento. Por último, otro de los acusados, el ex coronel Roberto Atilio Bocalandro murió el último 2 de septiembre, víctima de un accidente doméstico.
Por el CCD La Cueva que funcionó en la estructura subterránea del viejo radar de la Base Aérea militar de Mar del Plata se estima que pasaron unas 200 personas, pero la causa instrumentada por el juez Castellanos sólo se acotó a 50 víctimas, de las cuales 20 se encuentran desaparecidas y dos –los abogados Norberto Centeno y Jorge Candelero-, fueron asesinados.
A los diez imputados se los acusa de privación ilegitima de la libertada gravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia; aplicación de tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.
La Cueva fue una de los CCD que funcionó en la ciudad durante la última dictadura cívico militar. La responsabilidad operativa estaba a cargo de miembros de la Fuerza Aérea y Ejército. Allí fueron alojados, entre otros, los abogados secuestrados durante la tristemente celebre “Noche de las Corbatas”.
Entre junio y julio de 1977 fueron desaparecidos nueve abogados. Jorge Candeloro fue secuestrado en Neuquén junto a su esposa Marta García. Corrieron la misma suerte los abogados Norberto Centeno, Tomás Fresneda y su esposa Mercedes Argañaraz -embarazada al momento de su secuestro-, Salvador Arestín, Raúl Hugo Alais Camilo Ricci y Carlos Bozzi, estos dos últimos lograron sobrevivir.
El juez Castellanos por recomendación de la Cámara Federal resolvió considerar la imputación de homicidio a los acusados por cada una de las veinte personas que permanecen desaparecidas.
Fuentes judiciales informaron que el juicio oral y público podría comenzar en la segunda mitad de 2011. El tribunal podría estar compuesto por jueces de La Plata, San Martín o Bahía Blanca.
Por su parte las querellas estarán representados por los abogados César Sivo, en representación de la APDH, Gloría León (por Centeno y Alais)y por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Víctimas

Los diez imputados deberán responder por lo ocurrido con las 50 víctimas que pasaron por “La Cueva”.

- Jorge Candeloro y Norberto Centeno. La justicia determinó que fueron asesinados

- Tomás Fresneda, Mercedes Argañaraz de Fresneda, Raúl Alais, Salvador Arestín, Eduardo Martínez Delfino, Roberto Allamanda, Alicia Peralta, Jorge Vázquez, María Carolina Jacué Gaitán, Mercedes Lohng, Rubén Darío Rodríguez, Máximo Remigio Fleitas, Jorge Toledo, Juan Roger Peña, Angel Haurie, Federico Guillermo Báez, Domingo Luis Cacciamani, Mirta Giménez, Héctor Giménez y Rubén Starita permanecen desaparecidos.

- Marta García de Candeloro, Carlos Bozzi, Camilo Ricci, Carmen Barreiro, Alberto Muñoz, Eduardo Salerno, Alfredo Battaglia, Julio Víctor Lencinas, Julio César D'Auro, Eduardo Félix Miranda, Lucía Martín, Luis Alberto Demare, Gustavo Soprano, Marcelo Garrote López, Guillermo Gómez, Rafael Molina, Luisa Bidegain, María Esther Otero, Ángel Cirelli, Néstor Fazio, Margarita Ferré, Jorge Porthe, María Martínez Tecco, Héctor Gómez, Pedro Alejandro Dondas, Pedro Daniel Espiño, Pablo Vega y Jorge Medina, lograron sobrevivir.

Represores imputados:

Los aeronáuticos -

Ernesto Alejandro Agustoni (85). Con el grado de comodoro fue jefe de la Base Aérea desde diciembre de 1975 hasta septiembre de 1977.

- Jorge Carmen Beccio (76). Como vicecomodoro, fue segundo jefe de la Base Aérea y tuvo a su cargo el Escuadrón de Tropas, situado a 400 metros de "La Cueva".

- Suboficial Gregorio Rafael Molina (66). Según su legajo, entre el '76 y el '77 "se desempeñó por circunstancias especiales en la sección inteligencia de la unidad. CONDENANDO EN JULIO 2010 A RECLUSION PERPETUA, causa Molina.

Los militares procesados-

Jorge Luis Toccalino (77). Con el grado de teniente coronel, fue jefe de operaciones en el GADA 601 desde enero de 1975.

-Eduardo Jorge Blanco (74). Era teniente coronel cuando ejerció la subjefatura del GADA 601 y la jefatura de la Plana Mayor.

-Roberto Atilio Bocalandro (78). Con el grado de coronel fue jefe del GADA desde diciembre de 1976 Murio el 2/9/2010

-Aldo Carlos Máspero (80). Con el grado de coronel, fue comandante de la Agrupación de Artillería Aérea (ADA 601) desde 1977.

-Alfredo Manuel Arrillaga (77). Con los grados de mayor y de teniente coronel y ejerció funciones como jefe de Operaciones de la Agrupación ADA 601. Esta siendo juzgado en la causa Base Naval 1
-Leandro Edgard Marquiegui (81). Como teniente coronel fue segundo jefe de Operaciones hasta 1976 y jefe de Inteligencia del GADA 601 hasta 1979.

-Alberto Pedro Barda. Jefe del GADA 601 entre febrero del 76 a noviembre del 77. NO SERA JUZGADO POR ENFERMEDAD

Los civiles

- Nicolás Miguel Cafarello (56). Personal civil del Ejército. Cumplió funciones en el servicio de inteligencia a partir de marzo de 1976 y se desempeñaba como custodio y chofer de Arrillaga

- Eduardo Cincotta (62). Abogado. perteneció a la CNU, murió en octubre 2009

Solo los represores Gregorio Molina y Nicolás Cafarello se encuentran detenidos en unidades carcelarias. El resto goza del arresto domiciliario.

2010-08-07T07:53:00.000-07:00

Segui el Juicio en: http://juiciobasenaval1.blogspot.com/

2010-06-17T20:28:00.000-07:00

LOS JUICIOS A LOS GENOCIDAS LOS HACEMOS ENTRE TOD@s

Los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado durante la última dictadura cívico-militar están siendo juzgados. Hay sólo tres sinónimos de la palabra "lesa": "herida", "dañada", "agraviada". De modo que cuando nos referimos a los crímenes del Estado como de "lesa humanidad" estamos diciendo que ese Estado, con sus crímenes, ha herido, agraviado, dañado a la humanidad.

Informacion para asistir a las audiencias:

Las Audiencias son orales y públicas, por lo que pueden ser presenciadas por mayores de 18 años, que se acrediten con DNI, cédula ó pasaporte, media hora antes de las audiencias.

El tribunal esta en av.Luro 2455 (e/Santiago del Estero y Santa Fe (frente al correo))

Las audiencias son LUNES y MARTES a las 10hs.
En septiembre las fechas 6-7-20-27 y 28. CONCURRA.

Juicio Base Naval 1

Tres de los cinco militares imputados serán juzgados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. Los dos restantes padecen una enfermedad mental degenerativa.

El próximo 9 de agosto a partir de las 10 de la mañana comenzarán a ser juzgados tres militares acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención (CCD) que funcionó en la Base Naval de esta ciudad durante la última dictadura cívico militar. Otros dos imputados por los mismos delitos no serán juzgados por sufrir una enfermedad mental degenerativa.

Durante el debate que, se estima, durará hasta mediados de noviembre se tratará la parte una de la mega causa conocida como Base Naval. En esta ocasión se juzgara a los responsables de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos en nueve casos. Además se juzgan a los responsables de siete homicidios calificados por el concurso de dos o más personas.

En la causa figuran cinco imputados –dos miembros del Ejército y tres de la Armada-, pero sólo tres se sentarán en el banquillo. Se trata del ex general de brigada Alfredo Manuel Arrillaga, del ex capitán de navío Justo Ignacio Ortiz y del contralmirante Roberto Luis Pertusio. El ex coronel Pedro Alberto Barda y el marino Juan Carlos Malugani no serán juzgados. Ambos están afectados por una enfermedad mental degenerativa.

Militares y marinos están imputados por los secuestros, torturas y, en algunos casos, homicidios perpetrados contra Liliana Retegui, Patricia Lazzeri, Liliana Iorio, Omar Tristán Roldán, Delia Elena Garaguso, Juan Raúl Bourg, Alicia Rodríguez de Bourg, y las sobrevivientes Nancy Carricabur y Stella Maris Nicuez.

El tribunal estará conformados por los jueces platenses Nelson Jarazo, Alejandro Esmoris y Jorge Michelli. El Ministerio Público estará representado por el fiscal federal general Daniel Adler y como querellantes figuran los abogados Gloria León, Cesar Sivo y la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Se estima que la etapa de debate se extenderá hasta mediados de noviembre y las audiencias tendrán lugar dos días a la semana, probablemente lunes y martes, también tendrá alrededor de 60 testigos
Base Naval 1 es el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Mar del Plata. El primero, que condenó a prisión perpetúa al ex suboficial de la fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina, finalizó 15 días atrás.

Caso Regine

La causa “Regine” en la que se investiga la participación de dos militares y de un ex marino en el secuestro con imposición de tormentos de Luis Salvador Regine también será juzgada en este juicio.

Los imputados son el ex coronel Pedro Alberto Barda (quine no será juzgado por problemas de salud), el ex capitán de navío Justo Alberto Ignacio Ortíz y el ex general de brigada Alfredo Manuel Arrillaga.

La causa se inició en 2006 con la denuncia de Luis Regine y su esposa, Margarita Isabel Segura. A Barda, Ortíz y Arrillaga se les imputa haber participado de un operativo realizado el 24 de marzo de 1976, cuando personal militar irrumpió en la casa del matrimonio y retuvo en el lugar a la pareja, a su hijo y a la suegra de Regine.

Regine fue trasladado a la Base Naval y torturado mediante inmersión en un recipiente con agua hasta su sofocación.

Más tarde, Regine fue liberado tras informársele que el operativo había sido una confusión, ya que buscaban a Diego Ibáñez dirigente del Sindicato Unido de Petroleros (SUPE), quien habría vivido en la misma casa muchos años antes.

IMPUTADOS

Alberto Pedro Barda
(Jefe del GADA 601-Ejército)

Está imputado por privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas de Liliana Retegui, Patricia Lazzeri, Liliana Iorio, Nancy Carricabur y Stella Maris Nicuez, Omar Tristan Roldan, Delia Elena Garaguso, Juan Raúl Bourg y Alicia Rodríguez de Bourg; imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos de los que resultaran víctimas Liliana Retegui, Patricia Lazzeri, Liliana Iorio, Nancy Carricabur y Stella Maris Nicuez, Omar Tristan Roldan, Delia Elena Garaguso, Juan Raúl Bourg y Alicia Rodríguez de Bourg; y homicidio calificado por el concurso de dos o más personas de los que resultaran víctimas Liliana Retegui, Patricia Lazzeri, Liliana Iorio, Omar Tristan Roldan, Delia Elena Garaguso, Juan Raúl Bourg y Alicia Rodríguez de Bourg, todo ello en concurso real y en calidad de coautor.

Alfredo Manuel Arrillaga
(Jefe de Inteligencia-Ejército con el grado de General de Brigada)

Está imputado por privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas de Juan Raúl Bourg y Alicia Rodríguez de Bourg, imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos de los que resultaran víctimas Juan Raúl Bourg y Alicia Rodríguez de Bourg, y homicidio calificado por el concurso de dos o más personas de los que resultaran víctimas los mencionados Juan Raúl Bourg y Alicia Rodríguez de Bourg, en concurse real y en calidad de coautor.

Juan Carlos Malugani
(Jefe de la Base Naval-Armada)

Está imputado por privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas de Liliana Retegui, Patricia Lazzeri, Liliana Iorio, Nancy Carricabur y Stella Maris Nicuez, Omar Tristan Roldan y Delia Elena Garaguso; imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos de los que resultaran víctimas Liliana Retegui, Patricia Lazzeri, Liliana Iorio, Nancy Carricabur y Stella Maris Nicuez, Omar Tristan Roldan, Delia Elena Garaguso; y homicidio calificado por el concurso de dos o más personas de los que resultaran víctimas Liliana Retegui, Patricia Lazzeri, Liliana Iorio, Omar Tristan Roldan, Delia Elena Garaguso, todo ello en concurso real y en calidad de coautor.

Justo Alberto Ignacio Ortíz
(Subjefe de la Base Naval-Armada retirado con el grado de Capitán de Navío)

Está imputado por privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas de Liliana Retegui, Patricia Lazzeri, Liliana Iorio, Nancy Carricabur y Stella Maris Nicuez, Omar Tristan Roldan y Delia Elena Garaguso; imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos de los que resultaran víctimas Liliana Retegui, Patricia Lazzeri, Liliana Iorio, Nancy Carricabur y Stella Maris Nicuez, Omar Tristan Roldan, Delia Elena Garaguso, y homicidio calificado por el concurso de dos o más personas de los que resultaran víctimas Liliana Retegui, Patricia Lazzeri, Liliana Iorio, Omar Tristan Roldan, Delia Elena Garaguso, todo ello en concurso real y en calidad de coautor.

Roberto Luis Pertusio
(Armada, grado de contralmirante)

Está imputado por privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas de Omar Tristan Roldan y Delia Elena Garaguso, imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos politicos de los que resultaran victimas los mencionados Omar Tristan Roldan y Delia Elena Garaguso, homicidio calificado por el concurso de dos o más personas de los que resultaran víctimas los citados Omar Tristan Roldan y Delia Elena Garaguso, y en calidad de coautor, y el delito de robo agravado por haberse cometido con armas, en poblado y en banda en perjuicio de Roldán y Garaguso, en calidad de partícipe secundario, todo ello en concurso real.

Segui el Juicio en: http://juiciobasenaval1.blogspot.com/

2010-06-09T22:02:00.000-07:00

PRISIÓN PERPETUA!!!

El tribunal falla:

Primero: desestimando el planteo articulado por la defensa en relación a la extinción de la acción penal por prescripción.

Segundo: rechazando la excepción de prescripción deducida por la defensa respecto de los hechos subsumibles en el artículo 119 del código penal.

Tercero: desestimando la articulación de nulidad parcial de la acusación formulada por la parte querellante Colegio de Abogados del departamento Judicial de Mar del Plata.

Cuarto: Condenando a Gregorio Rafael Molina a la pena de prisión perpetua por ser considerado:
Partícipe necesario en la comisión del delito de homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas; dos hechos en concurso real y de los cuales resultaran víctimas los doctores Norberto Oscar Centeno y Jorge Roberto Candelero. (Art. 80 inciso 2 y 6; Art. 55 del Código Penal).
Coautor del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por su tarea de funcionario público y por mediar violencia en 36 hechos; figura legal que concurre con la imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos (Art. 144bis inciso 1, en función del Art. 142 y del 114 ter párrafo segundo según Ley 14616; 45 y 55 del Código Penal) .

Autor del delito de violación en forma reiterada agravada por la calidad del autor encargado de la guarda de la víctima en tres hechos que concurren materialmente entre sí. (Art. 119 y 122 relación previa a la modificación por introducida por Ley 25087, 45 y 55 del Código Penal)
Autor del delito de violación en forma reiterada dos hechos y violación en grado de tentativa, un hecho. Los tres hechos agravados por la calidad del autor encargado de la guarda de la víctima y que concurren materialmente entre sí. Art. 119 y 122 relación previa a la modificación por introducida por Ley 25087, 42, 45 y 55 del Código Penal)

Todos los hechos e ilícitos enrostrados a Gregorio Rafael Molina concurren materialmente entre sí, conforme a la regla del Art. 55 del Código Penal. Como a las accesorias legales de inhabilitación absoluta y perpetua y privación, mientras dure la pena, de la Patria Potestad, de la administración de sus vienes y del derecho a disponer de ellos, con costas.

Sexto: absolviendo a Gregorio Rafael Molina en orden a los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados en relación a Luis Serra, María Eugenia Vallejo, Rubén Alberto Yansen y Susana Rosa Jacué Guitián por no haberse acreditada la autoría del nombrado en tales hechos. Sin costas.

Firmado
Juan Leopoldo Velazquez
Beatriz Elena Torterola
Juan Carlos París

Ante mí, Carlos Ezequiel Oneto, secretario.

2010-06-08T15:05:00.000-07:00

SENTENCIA

MIERCOLES 9 de junio, a partir del mediodia.

12,30hs al tribunal a esperar el fallo

2010-06-04T15:05:00.000-07:00

Los Alegatos continuan el Martes 8 de junio a las 9:00 hs. con el turno de la defensa de Molina, Juicio Molina

2010-06-02T12:07:00.001-07:00

Adelanto: la fiscalia y la querella pidieron Prisión Perpetua ... Ampliaremos

2010-05-28T19:48:00.000-07:00

ALEGATOS

martes 1 de junio, 9hs, comienza alegatos de la fiscalía

miercoles continuan las querellas.

* quizás surjan modificaciones de horarios, seguiremos informando. Gracias

2010-05-07T11:32:00.001-07:00

Cronograma de Audiencias

Las audiencias son publicas, para acreditarse: mayores de 18 ańos, con Documentos(L.E.-D.N.I). estar 30min. antes de las audiencias. acompańemos a los testigos, en estas jornadas-

6 de mayo jueves

A las 9 hs. Inicio

A las 15 hs. testimonio en privado

7 de mayo viernes

A las 9 hs. testimonio en privado

A las 15 hs. 3 testimonios

12 de mayo miercoles

A las 9hs. 3 testimonios

A las 15 hs. 4 testimonios

13 de mayo jueves

A las 9 hs.3 testimonios

A las 15 hs.4 testimonios

14 de mayo viernes

A las 9 hs.3 testimonios

A las 15 hs.3 testimonios

19 de mayo miercoles

A las 9 hs. 3 testimonios

A las 15 hs. 4 testimonios

20 de Mayo jueves

A las 9 hs.3 testimonios

A las 15hs.3 testimonios

Falta fijar fecha de inpeccion ocular al CCD, "La Cueva"

ALEGATOS - SENTENCIA

Segui el resumen de las audiencias diaria en http://juiciomolina.blogspot.com/

6 de mayo, juicio al torturador, Gregorio R. MOLINA

2010-04-13T20:19:00.000-07:00

El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata fijó para el 6 de mayo la fecha de inicio del segundo juicio oral en aquella ciudad por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.
Así, los jueces Juan Leopoldo Velázquez,(subrogante TOF Bahía Blanca), Beatriz Torterola subrogante, magistrada jubilada), y Juan Carlos Paris (abogado conjuez), reprogramaron el comienzo del debate tras la anulación de La Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal de una resolución anterior del tribunal que había dispuesto la realización del juicio oral para el próximo 6 de julio.
En su fallo, la Cámara afirmó que no estaba debidamente fundada la dilación del comienzo del debate. A su vez, le ordenó al tribunal fijar una nueva fecha “en el más breve plazo”.
De esta manera, a partir del 6 de mayo, el tribunal encabezará el debate en el marco de la causa “Molina”, que investiga la participación del ex suboficial de la Fuerza Aérea, Gregorio Rafael Molina, en los siguientes delitos:
- La muerte, a través de la imposición de tormentos y contando para ello con el concurso premeditado de dos o más personas, de Norberto Centeno y Jorge Roberto Candeloro.
- El haber participado en la privación ilegitima de la libertad y en la aplicación de tormentos y apremios ilegales de 38 víctimas
- Acceder carnalmente en forma reiterada- tres hechos- a una víctima de sexo femenino, a quien tenía bajo su guarda, mediante el empleo de fuerza e intimidación y la imposición de tormentos físicos y psicológicos.
- Haber accedido carnalmente en forma reiterada (dos hechos) y abusando de su calidad de guardia a otra víctima de sexo femenino.
- Haber intentado acceder carnalmente a la victima abusando de su calidad de guardia, habiéndose frustrado tal intento por razones ajenas a su voluntad.

Calificación Legal
-Homicidio Agravado por ensañamiento, alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas (2 hechos)

-Privación ilegitima de la libertad agravada por ser perseguidos políticos (38 hechos)

-Imposición de tormentos a los presos agravado por ser estos perseguidos políticos (38 hechos), todos los cuales concurren materialmente entre sí (arts. 45, 55, 80 incs. 2 y 6, 141 y 144 ter del C.P. texto según ley 14.616).

Autor penalmente responsable del delito de violación, en forma reiterada - tres hechos que concurren materialmente entre sí- ello así por cuanto se ha acreditado que accedió carnalmente a caso 1 mediante violencia y valiéndose de su funcíón de guarda (arts. 55 y 122 del C.P). Causa N° 2277: Autor penalmente responsable del delito de violación, en forma reiterada - dos hechos- y violación en grado de tentativa, los tres hechos agravados por la calidad del autor - encargado de la guarda de la víctima - y que concurren materialmente entre sí (arts. 122 - redacción previa a la modificación introducida por Ley 25.087-, 42, 45 y 55 del CPPN) en perjuicio de caso 2

2009-11-26T10:13:00.000-08:00

Dime qué hiciste y te diré quién te defiende

Eduardo San Emeterio, conocido abogado de militares y civiles acusados de crímenes de lesa humanidad, es el nuevo defensor del ex CNU Nicolás Cafarello, imputado por el secuestro y torturas del periodista Amílcar González.

El conocido abogado Eduardo Sinforiano San Emeterio, ex integrante de la SIDE y chofer del represor Otto Paladino, será el defensor de Nicolás Cafarello, un ex integrante de la agrupación Concentración Nacional Universitaria (CNU), imputado de la desaparición y las torturas sufridas por el periodista Amílcar González.
Cafarello, alías “El tano Nicolla”, es uno de los dos imputados por el secuestro de Amílcar González, ocurrido el 25 de marzo de 1976, cuando una patota integrada por personas de civil ingresaron al Ministerio de Trabajo y se llevaron al periodista y, por aquel entonces, secretario general del sindicato de Prensa de Mar del Plata. El ex CNU será juzgado por los delitos de privación ilegítima de la libertad coactiva mediante la sustracción, retención y ocultamiento de una persona con el fin de tolerar algo contra su voluntad agravada y como participe necesario de lesiones agravadas.
El otro imputado en la causa es Fernando Federico Delgado, también ex miembro de la CNU, que se encuentra prófugo desde mayo del 2008 y, a pesar de la recompensa de 100 mil pesos ofrecida por el Ministerio de Justicia de la Nación, nada se sabe de él.
La causa “Amílcar González” fue elevada a juicio oral el pasado mes de junio por el juez Federal Rodolfo Pradas. Como querellantes en la causa figuran el Sindicato de Prensa de Mar del Plata, representado por la abogada Gloria León; y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Mar del Plata (APDH) y Gustavo Modesto Demarchi(ex fiscal federal y mienbro del CNU), quien patrocina a los hijos de González.
San Emeterio no dudó en asumir la defensa de Cafarello a pesar de que éste se haya declarado insolvente. Según trascendió el abogado habría dicho que sus servicios serían pagados por “los amigos” del imputado.
El ex integrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) es un conocido abogado que atiende innumerables causas por crímenes de lesa humanidad en todo el país. Militares y civiles acusados de estos delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar requieren sus servicios. Aquí, en Mar del Plata, fue conocido como uno de los defensores del coronel Alejandro Duret, juzgado y absuelto por la desaparición, tormentos y homicidio del militante peronista Carlos Alberto Labolita, juicio que se celebró en el TOF 1 entre mayo y julio de este año.
Eduardo Sinforiano San Emeterio nació el 20 de abril de 1951. Es hijo y nieto de militares y en 1971 ingresó a la SIDE. Durante la última dictadura cívico militar se desempeñó como chofer del ex general Otto Paladino, ex jefe centro clandestino de detención. Automotores Orletti que funcionó en Capital Federal.
Según una publicación de la página web Desaparecidos.org, a fines de 1976, San Emeterio pasó a prestar servicios en el Grupo de Tareas 4, que dependía del Servicio de Informaciones de la Fuerza Aérea (Sifa). El GT4 fue responsable de numerosos secuestros y asesinatos, además de actuar sobre un circuito que comprendía unos veinte centros clandestinos de detención. Permaneció en esa unidad hasta ser disuelta, a fines de 1979.
A partir de entonces, regresó a la SIDE y en 1980 comenzó la carrera de Abogacía en la Universidad de Belgrano. Hoy, no sólo defiende a represores, entre su selecta lista de clientes se encuentra la fundamentalista defensora de militares, Cecilia Pando, quien enfrenta una causa penal por las amenazas de muerte al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Duhalde.

El secuestro de González

El 23 de abril del 2001, el periodista José Luis Ponsico, declaró en el Juicio por la Verdad y nombró a Fernando Delgado como el jefe del grupo de tareas que secuestró a Amilcar González. Contó que la tarde del 25 de marzo de 1976 se encontraba en el Ministerio de Trabajo junto con González y otra gente del sindicato de prensa cuando cayó una patota para secuestrar a González. Apareció un muchacho joven, de civil y con un fusil FAL en la mano. Otra persona, que era la que dirigía el procedimiento, preguntó desde atrás por el de Télam. Entonces González contestó "soy yo". Con el tiempo Ponsico supo que el primero se llamaba Nicolás Cafarello, alias "Tano Nicolla," y quien dirigía el procedimiento se llamaba Fernando Delgado.
El 29 de marzo, Ponsico supo que González estaba detenido en la comisaría cuarta y en muy mal estado por los tormentos recibidos. Se entrevistó con el comisario Marcelino Blaustein, quien le dijo: "mirá flaquito, González está más muerto que vivo, lo estamos recuperando nosotros. Lo tiraron acá para que se muriera, el único que puede venir acá sos vos, ocupate de los antibióticos". A partir de ese momento, a cambio de dinero, iba todos los lunes a la media noche a llevarle medicamentos, ropa y alimentos a González. En una ocasión, mientras juntaba el dinero para Blaustein en el hall de La Capital, pasó un Falcon color azul con cuatro o cinco personas en actitud amenazante. Después se supo que dentro del auto iban Mario Durquet, Eduardo Ullúa, Juan Carlos Gómez y Fernando Delgado, conocidos militantes de la CNU y grupo de operaciones y de tareas al servicio del GADA 601.
González estuvo detenido por más de dos años. En abril del ‘78 fue liberado por la presión de organismos internacionales. En julio de ese año se instaló en Venezuela hasta diciembre de 1983, fecha en la que regresó al país. En 1984 fue reelegido como secretario general del sindicato de prensa. En el 2004 falleció.

Murio el represor Eduardo Cincotta

2009-10-28T19:26:00.000-07:00

Pocos días después de ser liberado, el cáncer acabó con la vida de Cincotta

El deceso del reconocido abogado se registró ayer por la tarde. El ex militante de la CNU estaba afectado por un avanzado tumor en el pulmón. La Justicia le había otorgado la excarcelación por razones “humanitarias”

Eduardo Cincotta, reconocido militante de la Concentración Nacional Universitaria, procesado por crímenes de lesa humanidad, murió ayer alrededor de las 16, a los 62 años de edad. “Hormiga Negra”, como lo llamaban en los grupos de tareas del Grupo de Artillería Antiaérea 601 durante la última dictadura cívico militar, había sido excarcelado semanas atrás por “razones humanitarias”, fundadas en el cáncer de pulmón fulminante que lo aquejaba.
Según se pudo saber, fue un paro cardiorrespiratorio lo que terminó con la vida del ex secretario general de la Universidad Provincial en épocas donde su organización militante, vinculada a la derecha del peronismo, ya era señalada por crímenes como el de la estudiante de arquitectura Silvia Filler.
Su entorno aseguraba que “donde lo internaban caía, que venía en picada”, no sólo por el avance de su enfermedad, sino porque el saberse procesado por participar en la tristemente célebre Noche de las Corbatas, de julio de 1977, cuando un grupo de tareas secuestró, torturó e hizo desaparecer a un grupo de abogados laboralistas, entre los cuales se encontraban Hugo Alais, Jorge Candeloro y Norberto Centeno, lo hacía sentir vulnerable. Evidentemente, los privilegios de la impunidad vivida ya no le servían para sentirse lejos de la justicia, lejos de la muerte.
Por estos crímenes fue detenido el 15 de septiembre de 2008 en el marco de la causa en la que se investigan los hechos perpetrados en el centro clandestino de detención denominado “La Cueva”. El lugar donde operó el antiguo CNU funcionaba debajo del viejo radar de la Base Aérea de esta ciudad y dependía del Ejército.
En aquella oportunidad Cincotta, se negó a declarar. Una semana después, el juez Federal Alejandro Castellanos dictó la prisión preventiva bajo los cargos de “partícipe necesario de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por funcionarios públicos, y por la imposición de tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos”.
Cincotta fue alojado en la Unidad Penal 44 de Batán, donde cumplió exactamente un año de encierro. Trescientos sesenta y cinco días después de haber perdido la libertad fue internado en la clínica privada Belgrano por una “afección pulmonar”. Para coronar el momento, dos semanas y media después, el mismo magistrado que lo encerró le otorgó el beneficio del arresto domiciliario alegando “razones de salud”.
Cuentan quienes lo vieron llegar al nosocomio que el arribo de semejante “personalidad” causó un gran revuelo en el lugar. No había camas disponibles, sin embargo una vez más las palancas del poder omnipresente del que gozaba, el mismo que había permitido que fuera internado sin ajustarse a los procedimientos previstos por la ley en estos casos, le dieron una mano para quedar internado. Eso sí, las esposas que lo marcaban como preso lo amarraban a la cama.
Diecisiete días fueron los que permaneció en la habitación 111 de la clínica. Los cinco primeros, sin custodia, los restantes con dos oficiales apostados en la puerta.
El cáncer de pulmón avanzó hasta provocarle un edema de cuello. La enfermedad lo cercaba, la Justicia volvía a beneficiarlo, está vez otorgándole el arresto domiciliario para que pase junto a su familia los días difíciles.
El último capítulo entre Cincotta y la Justicia, otra vez favoreció al ex CNU. Los jueces Ferro, Tazza y Ferrara firmaron el viernes 16 de octubre pasado la excarcelación, amparados en el avance de su enfermedad.
Hoy, los restos de Cincotta serán velados de 7 a 11 en la cochería Sampietro, posteriormente serán sepultados en el cementerio Colinas de Paz. Seguramente muchos amigos lo acompañarán, quizás los mismos que festejaron el día que el Ejército Argentino le regaló la placa que tiene en su despacho de reconocido abogado local. Los que lograron leerla dicen que en ella se le agradecen “sus servicios prestados en la lucha contra la subversión”.

Lectura de la Sentencia

2009-08-07T20:48:00.000-07:00

Indignació, repudio y ovación en la lectura

de los fundamentos de un fallo controvertido

Luego de la exposición de los argumentos condenatorios el juez Carlos Rozanski fue aplaudido de pie por los asistentes en la sala, mientras que los otros dos magistrados fueron señalados como "cómplices de los genocidas".

A más de un mes del fallo que absolvió al coronel Alejandro Guillermo Duret y condenó con prisión domiciliaria al general retirado Pedro Pablo Mansilla por el secuestro, tortura y posterior asesinato del militante de la Juventud Peronista, Carlos Labolit

a, el tribunal –integrado por su presidente Nelson Jarazo; Alejandro Esmoris y Carlos Rozanski- convocó para ayer a la audiencia de lectura de los fundamentos de la sentencia. Sin embargo, sólo Rozanski –único magistrado que condenó a los dos imputados- leyó los elementos en los cuales se basó para alcanzar el fallo en disidencia. Esto se debió, principalmente que una vez concluida la exposición del magistrado, el público presente en la sala lo aplaudió de pie y repudió enérgicamente al resto del tribunal, lo que motivó que se desaloja

ra la sala.

Otro elemento que impidió la lectura de los fundamentos restantes fue que la audiencia se extendió por 9 horas, por lo que, una vez excluido el público, la querella a cargo del doctor Cesar Sivo sugirió que se abandone la lectura y se entreguen mediante copia a las partes. El pedido fue adherido por los abogados defensores, así como también por el Ministerio Fiscal y la otra parte de la querella representada por la secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Un fallo aplaudido

El doctor Carlos Rozanski comenzó su lectura alrededor de las 10.30 con un marco brindado por una gran cantidad de público dentro de la sala y una importante manifestación de repudio al fallo por mayoría dictado el 3 de julio.

El magistrado, fundamentó su decisión basándose, principalmente, en los elementos del caso que permiten considerarlo en el marco de lo que se denomina delitos de lesa humanidad. Esto, que a simple vista parece una mera obviedad, permite darle relevancia a una serie de testimonios y pruebas que, quizás, en un juicio vinculado a un delito de homicidio agravado pero fuera del contexto del genocidio, podrían ser desestimadas.

"El día que los leones tengan sus propios historiadores las historias de de cacerías serán diferentes", reza un viejo proverbio africano que fue incluido en el fallo del magistrado en alusión a que más de 30 años después de producidos los hechos y en el marco de una clara impunidad que, según se argumentó, era parte del propio plan apuntado a "exterminar" a un sector de la sociedad argentina.

En estos términos se desarrolló por varias horas la exposición de Rozanski que se caracterizó por numerosas citas a eximios penalistas y casos del ámbito nacional e internacional vinculados a procesos políticos sociales en los cuales se han generado delitos similares a los que se produjeron en Argentina durante la última Dictadura Militar. Pasaron por el relato referencias al Holocausto Nazi, el genocidio Armenio, el juicio al yugoslavo Milosevic; las guerras de Vietnam y Argelia, entre otros numerosos ejemplos de jurisprudencia internacional que posibilitaron al magistrado argumentar que el caso Labolita se inscribe en lo que se considera delito de lesa humanidad y no delito común.

"No estamos ante la mera suma de delito", explicó Rozanski quien agregó que se deben juzgar estos hechos en el marco de "algo significativamente mayor, que corresponde nombrar como genocidio".

En varios pasajes de la lectura, el público presente –en su mayoría miembros de organizaciones de Derechos Humanos- aplaudieron los dichos del juez, sobre todo cuando se expuso cada uno de los elementos probatorios que para el magistrado demostraban con claridad la coautoría de los dos imputados.

Además, en los fundamentos, Rozanski se animó a plantear que los alegatos de las defensas, intentaban incurrir en una lógica de lo que se podría bautizar como "derecho penal del amigo". Tomando como eje divergente los basamentos del "derecho penal del enemigo" –mediante el cual se juzga como culpables a inocentes- el magistrado planteó que como garantía de impunidad se juzgó como inocentes a aunque la prueba sea contundente para demostrar la culpabilidad de los dos imputados.

Así, calificó de "indigno" el fallo y los alegatos de las defensas quienes en todo momento subestimaron los testimonios sosteniendo que "no tenían el valor, por sus inexactitudes".

Para concluir con la clara exposición respecto a por qué condenó a Duret y a Mansilla a reclusión perpetua, Rozanski hizo hincapié en que los testimonios y documentos constituidos como prueba durante el debate oral apuntaban claramente a los dos imputados como responsables de la desaparición, tortura y posterior asesinato de Labolita.

En este sentido, remarcó el valor simbólico que tiene hablar de reclusión y no prisión perpetua en el fallo, por más que hoy jurídicamente no se haga la distinción.

Prisión domiciliaria

En relación con el otro punto en el cual fallo en disidencia Rozanski, vinculado a el otorgamiento del beneficio de mantener la prisión domiciliaria al general retirado Mansilla, el magistrado argumentó de manera contundente su negativa, haciendo hincapié en que "existe un cambio procesal del imputado" ya que hoy" la sospecha de ser responsable de los delitos mencionados pasó a ser, por unanimidad del tribunal, certeza". Es decir que hoy, Mansilla esta condenado a prisión perpetua por lo que sus beneficios como procesado debían ser reevaluados. "De ningún modo la cedula de identidad de una persona puede obligar a un juez a mandar a su casa a un condenado", explicó el letrado en sus fundamentos, mientras que agregó que "es necesario tener en cuenta la peligrosidad de estos hombres que no dudaron en secuestrar, matar y hacer desaparecer el cuerpo de sus víctimas".

Por último, Rozanski expresó que él no juzga para que un sujeto culpable de los delitos que cometió Mansilla se vaya a su casa a jugar con su nieto, sino que lo hace para que vaya a una cárcel común.

Ovación y repudio

18.50 marcaba el reloj cuando, el único de los magistrados que votó en disidencia el 3 de julio, concluyó con sus fundamentos. Un segundo después, la sala en su totalidad se paró y comenzó a aplaudirlo mientras que se desplegaban carteles acusatorios contra el coronel Duret y los jueces Esmoris y Jarazo. "Duret asesino" "Jarazo y Esmoris cómplices de los genocidas", eran algunas de las frases más resonantes que se podían leer. Los concurrente, indignados comenzaron a abuchear e insultar a los dos miembros del tribunal responsables de la libertad del ex jefe de inteligencia de la zona operativa donde desapareció Carlos Labolita.

Ante la situación, el tribunal pidió un cuarto intermedio y ordenó a los efectivos policiales presentes en la sala que no se permita reingresar al público.

Sin embargo, los miembros de las diferentes organizaciones de Derechos Humanos y el público en general decidieron no ingresar más allá del impedimento del tribunal.

Así, se reanudó la sesión sólo con los tres magistrados y las partes. Sin embargo, dados los elementos mencionados las lecturas ni prosiguieron, dando por concluido el debate oral y público.

La teoría del complot y el derecho penal del amigo

Durante la lectura de sus fundamentos, el juez Carlos Rozanski apuntó contra el absuelto coronel Guillermo Alejandro Duret, quien, según el magistrado, intentó ampararse en una falsa teoría del complot.

El magistrado que con su fallo condenó a los dos militares imputados por el crimen de Carlos Alberto Labolita, se tomó su tiempo para fustigar al coronel Duret. Sus colegas Nelson Jarazo y Alejandro Esmoris, tampoco escaparon a las críticas.

Rozanski dijo que Duret intentó defenderse esgrimiendo una teoría del complot que nunca existió. Así recordó que el coronel aseguró, durante su declaración indagatoria, ser un chivo expiatorio y un perseguido. También subestimó al tribunal que lo juzgaba por no estar conformado por militares y acusó al gobierno nacional de interferir en el proceso.

El magistrado comparó a Duret con un acusado por el delito de abuso de menores, quienes suelen defenderse responsabilizando al resto. La culpa es de la madre del menor abusado o de la familia o del docente pero nunca del imputado. "Cabe recordar –dijo Rozanski- que Duret responsabilizó por su juzgamiento a Karl Marx por haber escrito en 1848 El Capital".

Duret también aseguró que en su caso se estaba aplicando el "derecho penal del enemigo" en el cual al enemigo no se le da ni justicia, se condena aunque no haya pruebas. Rozanski rebatió, la teoría del militar y expuso el "derecho penal del amigo": no se condena aunque sobren las pruebas. La crítica alcanzó a sus colegas Nelson Jarazo y Alejandro Esmoris que el 3 de julio pasado decidieron absolver a Duret.

Por último, les dedicó un párrafo a los defensores de los militares, a quienes les endilgó haber tratado de contar una "versión lavada" del centro clandestino de detención que funcionaba en el regimiento 1 de Azul, donde Mansilla era el principal responsable y Duret, su mano derecha.

¿ Justicia ?

2009-07-14T09:05:00.000-07:00

El circo y las amenazas de Duret

Fuente: Acción Regional 11/07/09

El profesor Carlos Orlando Labolita opina sobre el polémico fallo del juicio por la desaparición de su hijo Carlos Alberto (23).

Dijo Nietzsche: «No hay hechos, sino interpretaciones». Y yo doy la mía.

Respecto del Juicio que se llevó a cabo en Mar del Plata por la desaparición de Carlos Alberto Labolita (en realidad, secuestro, tortura y muerte) fueron juzgados el Gral. Mansilla y el Cnel. Duret. Fue mi primera experiencia (y espero que la última) y en ella pude ver, ahora sí, en cuerpo y alma, a la famosa impunidad, con su rostro abominable, danzando en su escenario favorito: el estrado de un Tribunal.

Mansilla es un hombre viejo y enfermo de Parkinson, de caminar lento y vacilante y un hablar muy bajo. Duret, en cambio, se presenta como un militar vivaz y hábil, que camina a grandes zancadas y trata de impresionar con su voz de barítono, supongo que para infundir miedo. Es un experto en Inteligencia (palabra siniestra si las hay), que jugó con la vida y la muerte de los ciudadanos de la famosa Area 125, que comprendía las ciudades de San Miguel del Monte, Las Flores, Roque Pérez, Saladillo, Lobos y Azul, entre otras.

Del Tribunal, sólo recuerdo a alguien que, por su probidad y nobleza, merece ser recordado: el Juez, Dr. Carlos Rozansky, luchador por los Derechos Humanos.

Desde el principio me pareció ver el clima que reinaría en todo el Juicio: chicanas al por mayor, testigos annésicos, forasteros y florenses, de baja catadura moral, algunos que incurrieron en falso testimonio, y como marco de todo este circo, las amenazas apocalípticas de Duret, ante la indiferencia (¿complicidad?) del Tribunal: «La familia Labolita es mi enemiga porque quiere destruir mi familia». Esto nos asustó un poco porque venía de boca de un experto en torturas y secuestros, y para ellos «enemigo» quiere decir «aniquilación».

Luego de negar todas las imputaciones de la querella, remató su intervención con lo que considero lo más grave del proceso: «Si triunfa la razón, aún los que pierden van a ganar, pero si triunfa la sinrazón, quienes ganan a la larga van a perder».

¿Una amenaza al Tribunal, a los defensores de la querella, a todos los presentes, a toda la humanidad? Un verdadero enigma para los seguidores de Nostradamus.

El Presidente del Jurado leyó la absolución de Duret y salió corriendo a guarecerse de los improperios en coro y de algunos espectadores de mal carácter que avanzaban peligrosamente sobre el estrado.

Afuera, varias decenas de jóvenes con banderas, rugían y tiraban piedras contra el frente de Tribunales.

Los jueces innombrables debieron esperar algunas horas para salir rodeados de policías con escudos. Rozansky lo hizo enseguida y fue aplaudido por la gente.

Carlos Orlando Labolita

Video de la Sentencia ...

2009-07-07T11:05:00.000-07:00

Alegatos de los Imputados

2009-07-04T16:47:00.000-07:00

Los derechos humanos 30 años después

El coronel Guillermo Alejandro Duret de 56 años se despegó del joven teniente de 23 a cargo de la Inteligencia y contrainteligencia en el regimiento 1 de Azul durante la última Dictadura cívico militar. Ayer, con voz fuerte y clara, habló del estado de derecho, del respeto a la Constitución Nacional y de los Derechos Humanos.

Antes de saberse el fallo del tribunal oral federal que lo absolvió, dijo: "La justicia es darle a cada uno lo que le corresponde en el momento u oportunidad que le corresponde; no hay más o menos justicia, hay justicia o no hay justicia".

Duret fue mencionado por varios testigos e incluso fue reconocido por la mamá de Labolita como la persona que la noche del 1º de mayo de 1976, llevó a Carlos Alberto esposado y con signos de tortura a su casa de Las Flores. Esa noche, también se llevaron a Gladis. Carlos no apreció nunca más.

En aquellos años, Duret era un joven teniente de 23 años. Tenía a su cargo las tareas de Inteligencia en la zona militar 125. Después de 33 años, frente al tribunal que lo juzgó por crímenes de lesa humanidad, el coronel se amparó en los derechos humanos. Aquellos derechos humanos que las fuerzas armadas no respetaron durante la última dictadura cívico militar. "Los DD.HH fueron creados para evitar la aplicación abusiva del poder punitivo del Estado, nunca para declamar la aplicación del tal poder. Los DDHH son para todos, son de todos. No son parciales, son totales. No son de izquierda ni de derecha. Son derechos humanos", recitó Duret.

Dos ex detenidos desaparecidos de Las Flores y compañeros de militancia de Labolita relataron en el juicio su calvario de secuestro y torturas. Uno de ellos, dijo estar "casi seguro" que el coronel Duret de 56 años fue el teniente de 23 que lo interrogó bajo aplicación de picana eléctrica. En su discurso, el coronel de 56 años dijo: "Desde hace 25 años o más esta persona que está hablando fue elegido como blanco fue discriminado fue perseguido y fue encarcelado. Hoy estamos llegando a estas circunstancias dentro del mismo marco".

A partir del 24 de marzo de 197, cuando Duret era el joven teniente de 23 años, las Fuerzas Armadas suprimieron el estado de derecho, clausuraron el Congreso y suprimieron las garantías constitucionales. Ayer, el coronel de 56 años dijo: "La violación de la Constitución Nacional es un hecho de extrema gravedad. No solamente para aquellos que somos víctimas en este momento sino para todos los ciudadanos argentinos que puedan ser víctimas de esa acción en el futuro con cualquier excusa por cualquier causa".

Por último, el coronel dijo: "Espero que este juicio contribuya a afianzar los postulados enunciados en nuestra Constitución Nacional relacionados a unión nacional, a justicia, a paz y a libertad". El grito de Duret asesino, las piedras contra los vidrios del tribunal oral federal, el llanto, la bronca de los organismos de Derechos Humanos y las organizaciones sociales muestran que todo esto es imposible.

El último día habló Mansilla

Con dificultad caminó hasta el banquillo ubicado en medio de la sala de audiencias y se sentó frente al tribunal compuesto por los jueces Carlos Rozansky, Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo. El general retirado Pedro Pablo Mansilla prefirió callar durante el debate, pero ayer hizo uso de su derecho a decir sus últimas palabras antes de escuchar el fallo.

Con voz temblorosa, y como si supiera que iba a ser condenado, el anciano general dijo a los jueces que "en este juicio he comprobado, una vez más que las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad que lucharon en la guerra contra subversión no han sido tratadas con la misma imparcialidad con la que fueron tratados los oponentes, la guerrilla".

El discurso de Mansilla no duró más de cinco minutos. En un intento fallido por victimizarse dijo que él y el resto de sus camaradas acusados de crímenes de lesa humanidad son tratados como "soldados de otro país" y se sienten "presos políticos". El viejo general que volverá a su casa tras recibir una condena de prisión perpetua por privación ilegitima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio calificado por alevosía, finalizó su alocución con un pedido: "Solicito que se cree un tribunal compuesto por personal capacitado para encontrar una solución a todo esto y pido que se haga justicia en el marco de las leyes actuales".

Alegatos en Fotos

2009-07-02T20:11:00.000-07:00

“Cárcel comun, Perpetua y Efectiva para Duret y Mansilla !! NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS ...

El Viernes 3 a las 10:00 hs. TODOS al Tribunal Oral Federal

Sueltitas 2

2009-06-17T16:31:00.000-07:00

Falso testimonio

Los abogado querellantes solicitaron el proceso por falso testimonio de los militares retirados Néstor Edgardo Calvi, Ernesto David Rabazzano y Gustavo Onel.

Los tres militares fueron presentados como testigos por la defensa del coronel Guillermo Duret. Para la querella cada uno de ellos "mintió descaradamente y ocultaron la verdad".

El general de brigada retirado Calvi fue citado como testigo de la defensa el pasado miércoles 17 de junio. Durante su declaración Calvi aseguró no conocer el apellido Labolita, solo por los medios de comunicación de los ùltimos años. El general retirado no recordó que en 1983 tuvo que responder un pedido de informes del juez federal Ferro quien le preguntaba por la privación ilegal de libertad de Labolita.

"Yo firmaba pila de papeles sin mirar", "ni por las tapas me acuerdo de Labolita" y "Como ese firmaba montones de oficios que me mandaban por gente desaparecida", fueron algunas de las tantas frases con las que Calvi contestó la evidencia.

Rabazzano cumplió funciones en el Grupo de Artillería 1 de Azul durante el periodo 1975 – 1976. Durante su declaración dijo que el imputado Duret cumplía funciones en la unidad de Inteligencia y que el general Mansilla era el jefe del regimiento.

Rabazzano, no recordó que la comisaría de Las Flores haya sido ocupada por los militares ni las ordenes emanadas por sus superiores con respecto a los procedimientos en la lucha contra la subversión. Nunca supo –por ejemplo- de la existencia del reglamento 404/75 en el cual se detallaba cómo debería realizarse la detención de elementos subversivos. Tampoco supo que se hayan producido detenciones o interrogatorios en el regimiento de Azul.

Por último en su declaración, el coronel retirado Gustavo Onel (63), explicó que en lo que se refiere a la "guerra contra la subversión" todo lo que supo fue posterior al 24 de marzo de 1976 y que en lo que a él respecta sólo le tocó participar en controles de ruta en conjunto con la policía.

"Sólo me dediqué a la instrucción de la clase ´76 "para la guerra". Su memoria selectiva no pudo precisar de qué guerra estaba hablando. "En 1977 fue defensor de un ‘delincuente terrorista montonero’ y ahora no sabe nada de la lucha antisubversiva".

A raíz de los "olvidos", las mentiras y la omisión de la verdad de los tres militares las querellas solicitaron el procesamiento por falso testimonio de Rabazzano, Onel y Calvi.

La culpa es de Marx

El coronel Alejandro Guillermo Duret, quien está siendo juzgado por el tribunal oral federal de Mar del Plata por el secuestro, las torturas y el homicidio de Carlos Alberto Labolita, intentó argumentar que su actuación en la "lucha contra la subversión" y su posterior enjuiciamiento es consecuencia de una serie encadenada de hechos históricos. Por lo tanto, según su razonamiento si esos procesos políticos, sociales y culturales no se hubiesen producido, no hubiese tenido que "combatir la subversión" y tampoco hubiese sido juzgado.

Así las cosas, Duret –a modo de letanía- aseguró que su juzgamiento no se hubiese realizado si en 1948 Marx no hubiese escrito El Capital; si en 1917 no hubiese triunfado la revolución rusa, si Castro no hubiese tomado el poder en Cuba en 1959; si John William Cook no hubiese creído que Perón era marxista y no hubiese creado el peronismo revolucionario; si en 1959, los Uturruncos no hubiesen aparecido en Tucumán, si Jorge Masetti no hubiese desembarcado con el Ejército Guerrillero del Pueblo en Orán; si el Che Guevara no hubiese llegado a Bolivia; si en 1967 no se hubiese fundado el PRT y en 1970 el ERP; si no se hubiese fundado Montoneros ni hubiesen secuestrado y fusilado a Aramburu; si Marcos Osatinsky y Roberto Quieto no hubiesen formado las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR); si en 1968 no se hubiese conformado la Junta Coordinadora Revolucionaria integrada por el MIR chileno, Tupamaros (uruguayos) y el ERP; si no se hubiese producido la fuga del penal de Rawson en 1972; si no se hubiese amnistiado a los presos políticos en 1973; si los terroristas no hubiesen matado a amas de casa, periodistas médicos; si no hubiesen tomado localidades, unidades militares y robado bancos.

Bajo la línea de pensamiento de Alejandro Duret, si Adán y Eva no hubiesen sido expulsados del paraíso terrenal todo hubiese sido distinto a lo que es. Pero el coronel olvida que, la madre de Labolita, durante un careo en 1985, lo señaló como la persona que se llevó a su hijo y a su nuera el 1º de mayo de 1976. Que varios testigos lo nombran a él y al general Mansilla como los responsables de la represión en la zona militar 125. Que otra declaración lo sindica como la persona que recibió a Labolita en el regimiento de Azul, el 27 de abril del 76. Que varios policías lo señalan como uno de los oficiales que tomó la comisaría de Las Flores el 24 de marzo de 1976 y, por último, hace dos semanas en una de las audiencias un ex detenido desaparecido dijo estar "casi seguro" que el coronel fue quien lo secuestró e interrogó bajo tortura.

El día que el tribunal dicte el fallo los acusados, los familiares de Labolita y la sociedad en su conjunto sabrá si Duret y Mansilla son condenados por los crímenes de lesa humanidad que les imputan o si todo lo ocurrido es un capricho de la historia.

Nuestro Noche y Niebla

El antropólogo Alejandro Inchaurregui (52) es uno de los fundadores del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y desde 1986 hasta el 2000 se desempeñó como experto en la identificación de restos de NN de desaparecidos durante la última dictadura cívico militar. El martes pasado declaró en la octava audiencia que se le sigue al coronel retirado Pedro Pablo Mansilla y al coronel Alejandro Guillermo Duret por el secuestro, las torturas y el homicidio del militante peronista Carlos Alberto Labolita detenido ilegalmente el 25 de abril de 1976, en Las Flores.

Inchaurregui aseguró la desaparición forzada de personas fue el signo característico de la última dictadura cívico militar instaurada con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Además agregó que se trató de una técnica "muy sofisticada superadora del crimen político tradicional que no dispone del cuerpo de la víctima".

En rigor –aseguró el antropólogo-, la desaparición forzada de personas tuvo sus beneficios para el gobierno de facto. El secuestro, la interrogación bajo tortura en lugar clandestino y la desaparición del cuerpo generó parálisis y terror en los familiares de la víctima y en el resto de la sociedad. "Si el Estado niega la detención y desconoce el crimen no hay elementos legales para hacer el reclamo", explicó Inchaurregui.

La desaparición forzada de personas no tuvo otro antecedente en las dictaduras del cono sur. Su antecedente más próximo se encuentra en los llamados Decretos de Noche y Niebla durante el nazismo.

Luego de la ocupación de Francia por parte de Alemania, el partido Comunista francés inicia la resistencia por medio de una serie de sabotajes. La detención del arresto de una integrante de la resistencia generó el reclamo de la comunidad internacional. A partir de ese momento Hitler solicitó a sus jefes militares que hallaran mecanismo por el cual pudieran sembrar el terror en los opositores y que ese terror perdurara en el tiempo. Así surgieron los decretos de Noche y Niebla que disponían la detención de las personas, su juzgamiento secreto, su asesinato y la desaparición del cuerpo sin notificar a los familiares ni allegados de la víctima.

En la Argentina el Estado negó la autoría de los secuestros y tener bajo custodia a los detenidos. Incluso, explicó Inchaurregui, los cadáveres que eran arrojados al mar desde un avión o aquellas víctimas que aparecían en enfrentamientos fraguados nunca fueron identificados. "En el país de Juan Vucetich rara vez se tomaba las huellas dactilares de los cadáveres encontrados", graficó el testigo.

La desaparición forzada de personas implica desde el punto de vista antropológico la "elaboración patológica del duelo". Inchaurregui explicó ante el tribunal conformado por los jueces Carlos Rozansky, Nelson Jarazo y Alejandro Esmoris, que "parte del proceso normal de un duelo por la pérdida de una persona incluye asistir al moribundo o ser testigo de la muerte. Desde el punto de vista del desaparecido, el duelo es patológico porque nadie puede dar por muerto a quien no vio morir".

La presencia del cadáver contribuye al duelo. Pero en el caso de la desaparición forzada de personas se produce la "amputación del rito funerario" porque no hay cadáver. Inchaurregui mencionó que cuando se les informa a los familiares que se ha identificado el cuerpo de ser querido, viven la muerte como si hubiese ocurrido ese día. "Para una familia tener una persona desaparecida es una espera. Es la gran duda de saber si morirán sin saber que pasó con su ser querido. Hay una espera perpetua porque no se puede dar por muerta a la persona desaparecida", completó el testigo.

Sistema represivo

En otro pasaje de su extensa declaración, Inchaurregui explicó que, desde 1972 las fuerzas armadas tenían un plan que consistía en la zonificación del país. A partir del 24 de marzo de 1976, la Argentina fue dividida en cinco grandes zonas que dependían de los cinco Cuerpos del Ejército y a su vez esas zonas fueron divididas en subzonas y áreas.

Dentro de ese sistema –declaró Inchaurregui-, las fuerzas armadas ejercieron el control e incluyeron a la policía y al servicio penitenciario dentro de aparato represivo. En algunos casos, la policía tenía total autonomía como en La Plata donde el jefe de la policía de provincia era un miembro del Ejército, Ramón Juan Camps.

Inchaurregui aseguró que era una regla y no una excepción que la policía detuviera presos políticos por orden del poder militar. Además aseguró que el área de Inteligencia fue vital dentro del aparato represivo. Las fuerzas armadas crearon una "comunidad informativa" en las que se intercambiaban información. Por ejemplo, explicó el antropólogo forense-, la DIPBA (Dirección de Inteligencia de la policía bonaerense) tenía un archivo de más de dos millones de fojas dividido por factores. Esos factores podían ser religiosos, municipales, laboral, universitario y delincuentes subversivos

Sueltitos

2009-06-14T13:55:00.000-07:00

La sonrisa del enojo

Pedro Pablo Mansilla y Alejandro "el porra" Duret cumplieron funciones en el Grupo de Artillería 1 de Azul donde funcionaba el centro clandestino detención donde se vio por última vez a Carlos Labolita secuestrado el 25 de abril de 1976.

Duret se desempeñaba como oficial de inteligencia y estaba bajo las órdenes de Mansilla, quien conducía la zona militar 125 que incluía Tandil, Azul y Olavarría.

Durante la primera audiencia, los camaradas de armas, actuaron como si no se conocieran. Sentados uno al lado del otro, en ningún momento cruzaron miradas, ni comentaron por lo bajo. Como dos perfectos desconocidos atravesaron las diez horas de audiencia.

El grito de asesinos se escuchó en varias oportunidades cuando, los acusados ingresaron a la sala y la sonrisa de Duret despertó el enojo del público. Alguien le preguntó: De qué te reís. El presidente del tribunal tuvo que ordenar que se bajar una bandera que rezaba "cárcel común, perpetua y efectiva".

Mansilla siguió atento la lectura de los argumentos de la elevación a juicio por parte de la querella y le ordenó a su abogado que corrigiera un error en sus datos filiatorios. Para el tribunal, el general retirado era argentino nacionalizado nacido en Francia. Pero su defensor aseguró que nació en territorio argentino.

Por su parte Duret, tomó algunas notas y sonrió con cinismo cuando la declaración de un sobreviviente del centro clandestino de detención lo nombra durante una sesión de tortura. Después del primer cuarto intermedio, el imputado por delitos de lesa humanidad, se dedicó a la lectura de un libro: Desmond Tutu, la biografía del primer sudafricano negro que fue elegido y ordenado como Arzobispo Anglicano de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), y luego Primado de la entonces Iglesia de la Provincia de África Meridional (actualmente Iglesia Anglicana de África Meridional). Fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz en 1984.

Luis Eduardo Duhalde

"Los represores muchas veces

violan el arresto domiciliario"

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, se pronunció en contra de que los condenados por delitos de lesa humanidad sean beneficiados con arresto domiciliario en razón de su edad, y aclaró que la medida "es una decisión de los jueces".

Duhalde estuvo presente en la apertura del juicio oral y público por el secuestro y desaparición del militante de la Juventud Peronista Carlos Labolita, proceso en el que los acusados son el general retirado Pedro Pablo Mansilla, que está bajo arresto domiciliario porque tiene 77 años, y el coronel Alejandro Guillermo Duret, alojado en la Unidad Penal 34 en Campo de Mayo.

"El arresto domiciliario es una decisión de los jueces, pero no hay ninguna duda de que para los crímenes de lesa humanidad no corresponde", dijo Duhalde poco antes de ingresar al Tribunal Oral Federal. Añadió que "los represores muchas veces violan el arresto domiciliario, abusan de ese privilegio".

Acerca de este juicio, el primero por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Mar del Plata, Duhalde sostuvo que "la lucha contra la impunidad es fundamental para el futuro de un país".

"Por eso estamos acompañando a los familiares y dando el respaldo a los jueces ante las postura de quienes no quieren que se realicen estos juicios", dijo.

Gladys D'Alessandro de Labolita

"Espero que se pueda hacer justicia"

Gladys D'Alessandro, esposa de Carlos Labolita, dijo ayer que aguardaba "espero que se pueda hacer justicia, que es lo que estamos esperando desde hace 33 años".

D'Alessandro acompañó a su marido desde La Plata a Las Flores cuando Carlos decidió ofrecerse ante las fuerzas militares a cambio de que dejaran libre a su padre, detenido el mismo día que comenzó el golpe de Estado.

Gladis llegó ayer al tribunal junto a su suegro Carlos Rolando Labolita. Ante la prensa criticó la decisión judicial de permitir que Mansilla, de 77 años, pueda gozar de prisión domiciliaria preventiva, y señaló que "la prisión tiene que ser efectiva, porque no corresponde otro tipo de sanción".

Este proceso es el primer juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar que se realiza en esta ciudad, y si bien ocurrió en la ciudad bonaerense de Las Flores, por razones de jurisdicción se desarrolla en Mar del Plata.

Un cartel, otra acusación

Cuando los imputados Pedro Pablo Mansilla y Alejandro Guillermo Duret ingresaron a la sala del tribunal oral federal Ita Molina desplegó el cartel y gritó "asesinos, mataron a mi sobrino". En la cartulina estaba la foto de Alfredo Thomas Molina con su uniforme de conscripto. Su tía culpa a los dos militares por la desaparición de su sobrino.

Alfredo nació en Otamendi pero desde muy joven vivió en Mar del Plata. En el sorteo para hacer la colimba sacó número alto y lo mandaron al Grupo de Artillería 1 de Azul.

A pocos días que le tocar ala baja, Alfredo y otros compañeros que también vivían en Mar del Plata los beneficiaron con una licencia de y aprovecharon los días libres para volver a la ciudad. Diez días antes del 30 de abril, una patrulla los fue a buscar hasta el boliche donde estaba divirtiéndose con sus compañeros. La orden fue que debían presentarse en el GADA 601 con el uniforme correspondiente.

Cuando la madre de Alfredo se entrevistó con el coronel Pedro Barda, titular del GADA, le dijo que volviera al otro día que iba a poder ver a su hijo. Al día siguiente, el joven ya había sido trasladado a Azul junto a sus compañeros. Según Ita Molina, habían faltado armas y municiones del regimiento y culpaban a su sobrino.

Dedit Molina, la madre de Alfredo, murió en 1988. Durante los primeros días que su hijo pasó en el calabozo, pudo verlo y charlar con él. Alfredo la tranquilizaba aunque le habría comentado que durante el viaje de Mar del Plata a Azul habría sido sometido a simulacros de fusilamiento.

Alfredo militaba en la JP por herencia. Su padre y tíos eran empelados ferroviarios con tradición peronista. El 30 de abril, a los compañeros de Alfredo le dieron la baja. Cuando Dedit fue a pedir por su hijo, el general Mansilla le dijo que ya le habían dado la baja y que volviera a su casa porque seguramente se había ido con alguna chica.

Alfredo no volvió a aparecer. La última información que tienen su ti y sus primas es que fue llevado al centro clandestino de detención que funcionaba en la comisaría cuarta de esta ciudad y que luego habría sido arrojado al mar en uno de los vuelos de la muerte.

Un comentario, una provocación

Minutos después de finalizada la segunda audiencia una mujer interrumpió una entrevista que el abogado Cesar Sivo, representante de la familia de Carlos Labolita mantenía con dos periodistas.

Mientras el querellante explicaba los argumentos por los cuales se debía revocar el arresto domiciliario del general retirado Pedro Pablo Mansilla, se dirigió a Sivo para decirle que el joven que había violado y asesinado a una joven de 19 en caballito días atrás también gozaba de arresto domicilio. El abogado escuchó el comentario y replicó diciendo que en el caso Labolita se juzga a un militar por crímenes de lesa humanidad.

Lejos de darse por vencida, la mujer embistió con enojo. Le mencionó el crimen del coronel argentino del Valle Larrabure -secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) el 11 de agosto de 1974, siendo ahorcado por sus captores luego de un cautiverio de 372 días-, e interpeló al abogado: "¿eso no es un crimen contra la humanidad?. Usted está muy mal informado. Infórmese mejor".

Antes que la mujer se fuera, Sivo le preguntó su nombre. "Soy la esposa del abogado Eduardo San Emeterio y amucha honra". El esposo de la señora es el defensor del general retirado Mansilla, quien está siendo juzgado por el crimen de Labolita.

Según una investigación del diario Pagina 12, el abogado es un ex integrante de la SIDE y fue custodio del general Otto Paladino, jefe del centro clandestino de detención Automotores Orletti, durante la ultima dictadura cívico militar

"La literatura abre la cabeza"

María de las Nieves Alonso supo el 25 de marzo de 1976 que su compañero de trabajo, Carlos Orlando Labolita, padre de Carlos, había sido detenido sin motivo por las fuerzas militares. La docente de literatura del Normal de Las Flores no dudó en organizar una colecta para ayudar a la familia Labolita. Su solidaridad le costó más de un dolor de cabeza.

Con sus 86 años y el pelo totalmente blanco, la mujer se sentó frente al tribunal. Esperó muchos años este día y estaba ansiosa por declarar. Alonso contó que cuando Carlos Labolita padre fue detenido ella y otro docente organizaron una colecta para ayudar a la familia de sus compañero detenido. Pero a la tercera colecta, una orden del regimiento militar de Azul les prohibió seguir ayudando a los Labolita.

En otro tramo del relato, la docente contó que en abril de 1976, el comisario de Las Flores, Aníbal Lista, mandó a pedir al colegio Normal el expediente de Alonso, intrigada la mujer le preguntó a un policía el porqué de esa medida y sólo le contestaron "son ordenes del regimiento de Azul".

Alonso recordó a Carlos Labolita hijo con una anécdota. La mujer relató que cuando era alumno del Normal, Carlos junto a otros compañeros editaban la revista "El polizón". Un día en grupo convocó a la maestra de literatura para que escribiera un artículo sobre la "anti literatura" de Cortázar. "Ese día me di cuenta que estos chicos sabían mucho. Lo que pasa es que la literatura abre la cabeza", dijo Alonso.

Las fuerzas militares no dejaron de hostigar a la maestra. En octubre del 76 un comando entró a su casa mientras ella no estaba, requisaron la casa y destruyeron la biblioteca. Pero el acoso no se detuvo, al año siguiente, en abril de 1977, un Ford Falcon rojo con varios militares dentro la esperó en la puerta de su casa. Alonso fue subida al auto y secuestrada por varias horas.

Según el relato de la testigo, fue sometida a un interrogatorio que incluyó golpes y tortura psicológica. Alonso no entendió muchas de las preguntas que le hizo su interrogador: cuál es tu nombre de guerra, a qué "orga" pertenecés. También recordó que le mostraron una lista donde figuraban todos los nombres de los docentes y alumnos de la escuela Normal de las Flores. Qué literatura le daba a sus alumnos, fue otra de las preguntas.

Después de algunas horas, Alonso fue abandonada en Monte una localidad cercana a Las Flores. Tres años después, en el 79, fue dejada cesante sin ningún tipo de explicación. Solicitó una entrevista con el coronel Pedro Pablo Mansilla, pero el jefe de la zona militar 125 nunca la recibió.

En 1980, Alonso fue al Ministerio de Educación de la Nación. Su expediente de desempeño tenía adosado un papel con una leyenda en lápiz: "Ojo Nieves Alonso". El intendente de Las Flores se largó a llorar delante de ella porque dijo no poder hacer nada para ayudarla. Sus compañeros juntaron firmas para que la reincorporaran pero no hubo caso. Ayer antes de retirarse del tribunal agradeció a los jueces por permitirle contar la verdad y felicitó a Gladis Labolita por su lucha de tantos años. La sala entera la aplaudió.

Jorge Auat: "Estos juicios son un ejercicio de memoria colectiva"

El fiscal general a cargo de la Unidad de Asistencia de los juicios por Derechos Humanos estuvo presente hoy en el juicio e intervino en algunos de sus tramos, exponiendo su posición sobre la necesidad de incorporar las declaraciones de los imputados al debate, a lo que se negaban sus defensores.

Antes de ingresar al recinto del Tribunal, Auat realizó una rueda de prensa. Dijo que "en algunas audiencias como la de hoy vengo a intervenir como fiscal. Estos hechos que se realicen 30 años después son un casi inédito en el mundo".

"Constituye un ejercicio de memoria colectiva, a lo largo de todos estos años que, realmente, ha marcado un rumbo, por lo que es merecedor de encomio", sostuvo.
Y agregó: "los procesos penales se ha dicho tienen un cometido de orden y un efecto de paz social. Esto siempre que se trate de un proceso normal. Pero después de 32 años lo que tenemos que rescatar es el testimonio de que en la Argentina todavía es posible reconstruir históricamente hechos de tanto dolor".

"Creo- prosiguió- que poder haber llegado con este caso a juicio oral y público es el resultado de un gran trabajo de la fiscalía y de los querellantes y de la sociedad en su conjunto. Seguramente, también, éste no es el único juicio por delitos de lesa humanidad que se realizará en Mar del Plata."